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¿Cuándo ha cometido una persona un delito de alzamiento de bienes?

Delito de alzamiento de Bienes

Siempre se ha dicho que España es el país de la picaresca. Sobre todo cuando hay dinero de por medio. En estos casos el ingenio se dispara. ¿Cómo evitar pagar una deuda? ¿Cómo puedo pagar menos impuestos? Cuando una persona está ocultando parte de su patrimonio, está cometiendo un delito de alzamiento de bienes. Veamos cómo funciona este hecho punible.

¿En qué consiste el delito de alzamiento de bienes?

El delito de alzamiento de bienes es un delito socioeconómico contra el patrimonio de mera actividad. Lo comete un deudor cuando ejecuta las acciones correspondientes para ocultar o sustraer todo o parte de su patrimonio. El fin principal es esconder parte de sus bienes o su caudal económico con el objetivo de que sus acreedores tengan dificultades para poder encontrar elementos patrimoniales para cobrar la deuda. Es decir, el sujeto se hace a sí mismo insolvente de manera ilegal.

Existe un dolo efectivo por parte del deudor. Para que se consume el delito no es necesario que se produzca un perjuicio para sus acreedores, sino que se trata de una consecuencia del mismo. Este delito está contemplado en el artículo 257 del Código Penal, dentro del capítulo titulado «Frustración de la ejecución», y se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se aplica a quien, con ese fin, realiza actos de disposición o contrae obligaciones que dilatan, dificultan o impiden la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, ya iniciado o de previsible iniciación, y a quien oculta su patrimonio para no pagar la responsabilidad civil derivada de un delito. Debido a su particular naturaleza, este hecho punible es difícil de alegar antes de que se produzca el vencimiento de la deuda.

Además, se contempla un tipo agravado del delito de alzamiento de bienes en el párrafo 3º del citado artículo. Así, cuando se intente eludir un pago de Derecho público, siendo la acreedora una persona jurídico pública, «o se trate de obligaciones pecuniarias derivadas de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social», la pena es de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses. Las penas se imponen además en su mitad superior cuando concurren las agravantes de los números 5.º o 6.º del artículo 250.1 (por ejemplo, cuando lo defraudado supera los 50.000 euros o se abusa de las relaciones personales entre víctima y defraudador), y el delito se persigue aunque después se abra un concurso de acreedores (art. 257.4 y 5).

¿Quién puede cometer el delito de alzamiento de bienes?

El bien jurídico protegido en el delito de alzamiento de bienes es el derecho que poseen los acreedores de ejecutar y de hacer efectivo un crédito que tienen contra un deudor. Esto es, se intentan prevenir casos de defraudación patrimonial. Por lo tanto, puede cometer el delito de alzamiento de bienes cualquier persona que sea titular de una deuda. No obstante, la doctrina señala que se han de dar los siguientes supuestos para estar ante este hecho punible:

  • En primer lugar ha de existir un derecho de crédito a favor de un acreedor, cualquiera que sea su naturaleza u origen, incluidos los derechos económicos de los trabajadores (art. 257.3). No hace falta que ese crédito esté ya reconocido en una sentencia ni que se haya iniciado su reclamación: el Código Penal castiga también los actos que dificultan un embargo o una ejecución «de previsible iniciación».
  • Que se hayan ocultado o sustraído por cualquier método todos o parte de los bienes patrimoniales del deudor. Esto produce ciertas dificultades u obstáculos para efectuar el pago del crédito.
  • El deudor queda en una situación de insolvencia, ya sea total o parcial. Por lo general, es un supuesto ficticio, aunque también puede desprenderse de sus bienes efectivamente con el fin de no pagar a determinados acreedores.
  • Aunque no resulta necesario para la consumación del delito, la consecuencia inmediata es el perjuicio de los acreedores. De esta forma, se les impide ejecutar su crédito.

Ejemplos típicos de alzamientos de bienes

Algunos de los casos más habituales a través de los cuales se produce el alzamiento de bienes son aquellos en los que participan amigos o familiares del deudor. Así, la verdadera intención del culpable no es desprenderse de un bien, sino ocultarlo para que el acreedor titular de un derecho de crédito no pueda ejecutarlo para poder cobrar su crédito. De esta manera, el delito de alzamiento de bienes está estrechamente relacionado con los delitos de estafa.

Por otro lado, como ejemplos característicos de este hecho punible pueden señalarse las aportaciones a sociedades patrimoniales dirigidas o controladas por el deudor, las liquidaciones fraudulentas de una sociedad de gananciales, una simulación de un contrato ficticio, las donaciones de padres a hijos, una venta simulada a un conocido, un contrato de compraventa en el que no se señala el pago efectivo o la venta de un bien que sigue en posesión del vendedor tras la realización del contrato.

Cómo probar el alzamiento de bienes

Tal y como ya se ha señalado, demostrar que se ha producido un alzamiento de bienes es complicado. Sobre todo si todavía no ha vencido el plazo de ejecución de la deuda. Este delito se consuma cuando el deudor se muestre en una situación de insolvencia simulada. Así, se sustraen bienes o caudal económico para ocultarlos y que los acreedores no puedan cobrar la deuda. No obstante, para que se cometa el delito no se exige que se produzca el perjuicio real, sino que basta el simple obstáculo de los intereses crediticios.

Para poder probar el delito de alzamiento de bienes hay que rastrear los indicios de ocultación patrimonial (sobre cómo hacerlo en el Registro de la Propiedad, véase la localización de bienes ocultos). Una vez obtenidos estos se puede iniciar un proceso penal y solicitar diligencias para que se inicie la investigación oportuna. Por lo general, hay varias señales que evidencian la comisión de este hecho punible. Por ejemplo, cuando dos cónyuges proceden a divorciarse de manera ficticia, pero siguen conviviendo en el mismo hogar familiar. También son indicios claros cuando existan ventas o donaciones de bienes entre personas relacionadas por parentesco o amistad, cuando se producen ventas en las que no se demuestra el pago del precio o cuando se vende un bien, pero el transmitente sigue en su posesión. Otros supuestos se configuran por las ventas de la totalidad del patrimonio del deudor, cuando aparezca un acreedor sin relación económica con el deudor o cuando se produce un préstamo entre particulares con garantía hipotecaria.

Alzamiento de bienes, insolvencia punible y vía civil

Si el deudor ya está en concurso de acreedores o en situación de insolvencia actual o inminente, las ocultaciones y maniobras sobre su patrimonio pueden encajar en los delitos de insolvencia punible de los artículos 259 y siguientes del Código Penal. Aquí se explica la diferencia entre insolvencia punible y alzamiento de bienes.

Además de la querella, el acreedor tiene una vía civil: impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho (art. 1111 del Código Civil). Los contratos celebrados en fraude de acreedores son rescindibles cuando estos no puedan cobrar de otro modo lo que se les debe (art. 1291.3.º), y la acción para pedir la rescisión dura cuatro años (art. 1299). Esta vía puede servir aunque no se llegue a probar el delito.