¿Cuánto cuesta una demanda de incapacidad judicial?

El coste de una demanda de incapacidad judicial varía según la complejidad del caso. Quizá no se puede ofrecer un importe general exacto, sino que se deben evaluar las circunstancias con el profesional abogado. No es uno de los procedimientos más costosos y más aún si se considera todo el patrimonio que se puede proteger.

Los honorarios por demanda de incapacidad judicial se acuerdan entre cliente y abogado. Lo más importante es contar con el informe médico que sustente la solicitud. Los trámites y plazos pueden ser más o menos acotados según la persona presente oposición y en función del trabajo pendiente en los juzgados.

Ejemplos de precios y honorarios

Este tipo de procesos de incapacitación son más largos o menos, según varios parámetros, como es el caso del partido judicial. En unas regiones de España los juzgados y tribunales tardan más tiempo en resolver que en otras. Por ello no se puede definir con mucha exactitud el precio.

A modo orientativo, el precio de la demanda de incapacitación judicial podría estar entre los 2000€ o llegar a 3000€ en casos más complejos, etc.

Demanda sin abogado

Hay que tener en cuenta que la formulación de la demanda en tribunales y procesos de menor cuantía conlleva documentos, papeles, normas, reglas y procedimientos que seguir. Pero se puede interponer la demanda sin abogado.

Las desventajas de estos procesos que se inician sin abogados son claras, falta de información, desconocimiento de trámites, etc. Siempre es preferible elegir un profesional especializado.

¿En qué consisten la incapacidad judicial?

Se trata de una figura jurídica por la cual se niega la capacidad de una persona de realizar actos jurídicos, cumplir con determinadas obligaciones o ejercitar derechos. Una medida necesaria en casos de sujetos con enfermedades o deficiencias psíquicas o físicas persistentes puedan afectar su capacidad de decisión.

No se trata de perder los derechos, sino que se designa un tutor para que vele por sus intereses. El objetivo de la incapacidad judicial es la protección de la persona y de su patrimonio. Algunas situaciones frecuentes afectan a ancianos con demencia senil, Alzheimer, ludópatas, etc.

Solicitud de incapacidad: requisito obligatorio

Para dar lugar a un procedimiento de incapacidad legal es requisito presentar una solicitud. Ante una alteración de facultades, se presenta demanda con todos los requisitos establecidos por la ley.

La solicitud puede ser presentada por el cónyuge, los padres, los descendientes o los hermanos. En el caso que ninguna persona de la familia lo haga o no posea, la facultad la posee el Ministerio Fiscal.

Procedimiento para solicitar la incapacitación judicial

Es un procedimiento que suele demorar de uno a varios meses según el juzgado. Los pasos básicos necesarios son:

Interposición de la demanda

La demanda se promueve contra la persona supuestamente incapaz. Sus familiares son quienes tienen las personas idóneas para interponer la demanda.

Cuando el interesado en presentar la solicitud de incapacidad judicial es un tercero, como, por ejemplo, un vecino, debe dirigir su intención al Ministerio Fiscal. Este será quien decida si corresponda y presentará la demanda.

Documentación

Una demanda debe estar complementada con documentos que sirvan de acreditación a la incapacidad. Documentos médicos, pericias que certifiquen que la persona no está en condiciones de gestionar su patrimonio o su vida.

Medios de Prueba del Juez

Con la demanda admitida el Juez debe notificar al demandado. Se otorga un plazo de 20 días para presentar oposición. De no obtener respuesta se procede de oficio.

El juez indica una fecha para una entrevista personal. En esta reunión participan el Juez, el Ministerio Fiscal y el médico forense que realizará el informe oficial.

Además, de esta evaluación de los profesionales con el demandado y el dictamen del forense, se toman como elementos probatorios los testimonios de familiares cercanos.

Sentencia

La sentencia es la resolución judicial sobre la incapacidad de la persona demandada. Con todos los elementos del caso evaluados se puede definir:

  • Incapacidad total: La persona no posee las facultades para cuidar de sus bienes ni de sí mismo
  • Incapacidad parcial: Según las pruebas sí puede realizar algunos actos de manera autónoma, ero necesita asistencia para otras actividades o decisiones

La sentencia, por lo general expresa:

  • Extensión y límite de la incapacidad legal
  • Conclusión sobre el requerimiento o no de un régimen de internación
  • Datos sobre la tutela o curatela según corresponda
  • Régimen, mecanismo de control y supervisión, duración

Designación del del tutor

El tutor es la persona designada por el juez como sujeto idóneo para velar por los bienes, salud y lo designado por sentencia con respecto a la persona incapacitada.

El Código Civil establece el orden de preferencias sobre el que se rige un juez para designar tutor:

  • Persona designada por el tutelado con anticipación a la demanda de incapacitación judicial
  • Cónyuge o conviviente en igual condición con el tutelado
  • Padres del sujeto incapacitado
  • Personas designadas por éstos en sus declaraciones de últimas voluntades
  • Descendiente, ascendiente o hermanos

Cuando los intereses del tutelado lo requieran el juez podrá modificar este orden de preferencias.

Controles

El tutor designado en un procedimiento de incapacitación judicial debe rendir cuentas de manera anual ante el Juzgado. En este rendimiento se incluye todas sus gestiones vinculadas a las obligaciones expresadas en la sentencia: gastos, pagos realizados, informes médicos, etc.

Por otro lado, debe contar con previa autorización de un juez para la realización de actividades como:

  • Decidir la necesidad de internación del tutelado en entidades de educación especial o salud mental.
  • Cesión de bienes en arrendamiento por periodos superiores a los 6 meses.
  • Interponer demandas de relevancia.
  • Enajenar o grabar bienes inmuebles, objetos preciosos, acciones de empresas, proceder a otorgar préstamos haciendo uso del patrimonio tutelado.
  • Renunciar a los derechos de la persona incapacitada sobre la cual posee la tutela.D