Entrevista a María Eugènia Gay Rosell; Decana del Colegio de Abogados de Barcelona

¿Por qué decidió dedicarse a la abogacía y concretamente al derecho civil de familia?

Mi vocación de servicio y la defensa de los derechos humanos me hizo optar por estudiar Derecho. Por supuesto, el amor por la profesión que transmitía mi padre, Eugeni Gay, fue un referente directo que me marcó y me motivó en gran manera.

Por ello, al acabar la carrera empecé a trabajar en el despacho familiar, del que ahora soy socia, y me atrapó el derecho de familia. De hecho, me he especializado en Derecho procesal civil y cuento con experiencia en la gestión de conflictos complejos en el ámbito del Derecho de Familia, especialmente en Matrimonial, así como en Sucesiones, Responsabilidad Civil, Derecho Registral, Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales.

Considero que el Derecho de Familia requiere de una especialización y de una formación específicas por la sensibilidad de los temas que trata; es una de las ramas jurídicas que pueden tener una mayor afectación en la ciudadanía, por ocuparse precisamente de la organización y regulación de las relaciones personales y económicas entre los miembros de una determinada unidad familiar.

¿Cómo de importante considera que es la formación a través de másteres y cursos especializados para los jóvenes abogados?

La formación es la piedra angular de la Abogacía y un elemento estratégico para la mejora continua del ejercicio de nuestra profesión, ya que solo así podremos estar en disposición de ofrecer un servicio integral y basado en la excelencia, para satisfacer las demandas de contenido jurídico de la ciudadanía.

Conscientes de esta realidad, el ICAB ha desarrollado, a través del departamento de formación, una amplia oferta de masters que proporcionan las competencias y conocimientos específicos, en un área determinada del derecho como es el derecho penal, laboral, concursal, mediación, familia, negocios, deporte, propiedad industrial e intelectual, sucesiones, derecho fiscal, compliance, consumo o inmobiliario.

Otra formación especializada para aquellos que se quieren iniciar en la profesión es el Posgrado de Práctica Jurídica. Se trata de un curso diseñado para aportar al alumnado la destreza y experiencia que un licenciado o licenciada o graduado o graduada en Derecho requiere, ya que es una buena forma de poder aproximarse a la práctica real de las diferentes disciplinas, obteniendo una visión global de las implicaciones de la práctica profesional.

Las personas que cursen el Postgrado podrán especializarse en 2 de las 7 áreas del Derecho (Civil, Penal, Laboral, Administrativo, Mercantil, Familia y Financiero). Por segundo año consecutivo la Escuela de Práctica Jurídica ICAB ofrece dos modalidades, la presencial y la on-line. Gracias a este nuevo formato hemos aumentado el número de alumnos, ya que nos ha permitido que lo sigan personas de todo el territorio español, lo que enriquece sin duda la EPJ.

En paralelo a los másters y al Potsgrado, el Colegio de la Abogacía de Barcelona ofrece de manera regular congresos, jornadas, conferencias y webinars, organizados por las 26 secciones que integran la Comisión de Cultura y que representan las distintas ramas y especialidades del Derecho, que abordan las principales novedades normativas y jurisprudenciales, así como las problemáticas que se producen en el ejercicio de la profesión y que contribuyen a profundizar en la especialización que se ejerce.

Así por ejemplo cabe destacar que en el marco del 6º Congreso de la Abogacía de Barcelona, que hemos celebrado del 4 al 7 de octubre, los colegiadas y colegiadas han podido seguir de forma gratuita más de 40 conferencias centradas en la vivienda social y la vulnerabilidad que ha comportado la crisis económica derivada de la COVID-19. Estas nuevas realidades han sido abordadas desde diferentes ámbitos del derecho: arbitraje, administrativo, civil, concursal, constitucional, consumo, compliance, fiscal, infancia, internacional, laboral, matrimonial y familia, mediación, mercantil, penal, procesal, propiedad intelectual, TIC, transformación digital y justicia gratuita.

El número de personas colegiadas que han podido disfrutar de este contenido inédito y gratuito ha sido muy amplio, prueba de ello son las de más de 3.200 inscripciones al citado Congreso -de las cuales más de 700 són registros únicos.

¿Qué consejo daría a un abogado recién colegiado que se plantee dedicarse al derecho de familia?

Para todo aquel abogado o abogada que quiera especializarse en familia le diría que debe tener, ante todo, pasión por esta rama del derecho, ya que se trabaja con un material muy sensible como es el sentimiento de las personas y sus derechos.

Es, a su vez, un ámbito muy duro, pues los conflictos de parejas, las separaciones y los divorcios pueden llevar a controversias muy complejas cuando hay menores o personas con necesidades especiales.

Por eso, quien decida dedicarse al derecho de familia debe hacerlo con la determinación y asumiendo que en este tipo de procedimientos no existe una lógica de “ganar” o “perder”, pues de lo que se trata es de regular la organización de una determinada unidad familiar, asegurando que todos los intereses en juego –muy especialmente los de los menores- estén correctamente representados y adecuadamente atendidos.

En este sentido, además de un estudio profundo de la norma positiva y la jurisprudencia más representativa, el abogado o abogada de familia debe apoyarse y tener en cuenta otras habilidades, como la empatía, la escucha activa o la negociación, así como la posibilidad de acudir a métodos alternativos de resolución de controversias –como la mediación- para intentar un acercamiento previo y una exploración del conflicto entre las partes.

¿Considera que los colegios de abogados tienen una oferta suficiente de formación de calidad para los colegiados?

Para los Colegios de la Abogacía (al menos para el de Barcelona) la formación constituye un elemento programático de su actividad, pues solo a través de una formación útil, continuada y de calidad, puede asegurar –de acuerdo con sus finalidades estatutarias- que el ejercicio de los abogados y las abogadas responda a las necesidades actuales de la sociedad.

Los Colegios de la Abogacía, especialmente aquellos con mayor dotación presupuestaria y número de personas colegiadas, están haciendo un importante esfuerzo para ofrecer formación de calidad; y no solo jurídica, pues también se trabaja intensamente para poner a disposición de las personas colegiadas otro tipo de conocimientos. Este tipo de habilidades o “soft skills”, resultan sin duda imprescindibles para la mejora continua del ejercicio profesional, y hacen referencia a una serie de aptitudes transversales tales como: la oratoria, la comunicación, técnicas de gestión del despacho o la creación de una marca personal y desarrollo de una identidad digital, entre otros aspectos.

Conscientes de esta premisa, vamos a constituir en el seno del Colegio de la Abogacía de Barcelona y gracias a la colaboración de la Comisión de Normativa, un centro o clúster con la denominación «I + DERECHO Instituto de Investigación e Innovación Jurídica».

Éste tendrá por objeto la investigación y la innovación jurídicas y por ello llevará a cabo proyectos de desarrollo normativo con la elaboración de propuestas normativas de lege ferenda; realizará actividades divulgativas para incentivar la reflexión, el debate y el estudio de la nueva legislación y jurisprudencia; y elaborará dictámenes, libros blancos, publicaciones, guías prácticas, estudios, encuestas y podcasts sobre temas de rabiosa actualidad.

Como Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ¿cuáles son los problemas más comunes con los que se encuentra un abogado ejerciente en la actualidad?; ¿alguno que afecte de manera concreta a los Letrados ejercientes en Barcelona?

En la actualidad, uno de los problemas más comunes con los que puede encontrarse un abogado o abogada ejerciente es la alta competitividad que existe en el sector; sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que es cada vez más global, complejo y tecnológico.

El ejercicio de la profesión, no solo en Barcelona sino a nivel general, debe tener en cuenta dos elementos sin duda fundamentales, que son la internacionalización y el crecientemente protagonismo de las nuevas tecnologías.

Esto hace que, independientemente del tamaño del despacho en el que se trabaje, los abogados y las abogadas deban estar en constante reciclaje y adaptación para competir ya no solo con firmas locales, sino con empresas extranjeras que han aterrizado en nuestro país, copando una cuota importante del mercado de servicios legales.

Ello sin olvidar la competencia –por el solapamiento de determinados servicios jurídicos- que viene de las empresas de consultoría y auditoría, o las firmas que operan por internet apoyándose en las Legaltech.

¿Qué soluciones plantearía para subsanar esos problemas?

Sin duda, una de las principales soluciones es la anticipación, precisamente para evitar que los elementos a los que hacíamos antes referencia se conviertan en un problema.

En definitiva, cualquier despacho o firma debe tener en cuenta, dentro de su estrategia empresarial, que la internacionalización y las nuevas tecnologías son una realidad, y como tal deben asumirse y plantearse no como un escollo sino como una oportunidad.

Precisamente, las nuevas tecnologías han permitido a despachos pequeños en tamaño o con un presupuesto más modesto, optimizar sus estructuras y sistemas de trabajo para llegar de una forma más eficaz a los clientes que previamente se han fijado como su “target”.

¿Cuál considera que es el origen de la lentitud de la Justicia en España?; ¿se trata únicamente de un problema de falta de medios o existen otras razones?

Uno de las principales razones en cuanto al origen de la lentitud de la Justicia en España es, precisamente, la falta de medios –tanto materiales como humanos- por culpa de una asignación presupuestaria claramente insuficiente.

No obstante, existen otros factores que debemos tener en cuenta si queremos abordar la modernización de una de las estructuras más básicas del estado del bienestar, como lo es, sin duda alguna, la Administración de Justicia.

Precisamente, muchos de tales elementos están siendo considerados en los proyectos de reforma actualmente en trámite, y se refieren –además de la necesidad de contar con una mayor dotación de recursos- a la reorganización de los medios de los que disponemos.

Algunos ejemplos son la restructuración de la planta judicial a través de un nuevo esquema organizativo basado en los Tribunales de Instancia, el aprovechamiento de los Juzgados de Paz –hoy desfasados desde un punto de vista funcional- para reconvertirlos en modernas Oficinas de Justicia en los municipios, o la implantación definitiva de la Nueva Oficina Judicial, con servicios comunes y unidades de apoyo directo y al servicio de la actividad propiamente jurisdiccional.

Por otro lado, existen reformas que pretenden agilizar de acuerdo con criterios de especialización, utilidad y flexibilidad, la tramitación de los procedimientos; siendo los MASC otro de los ejes sobre los que se pretende vertebrar la modernización de la Administración de Justicia.

¿Considera que las figuras de la mediación y el arbitraje ayudan actualmente, o podrían ayudar en el futuro a “desatascar” los Juzgados?

Sin duda alguna, los MASC, como la mediación y el arbitraje, son opciones alternativas a la vía judicial que tanto los profesionales como la ciudadanía deben tener en cuenta a la hora de plantear una determinada controversia.

En este sentido y al hilo de lo que comentábamos antes, los MASC se han erigido como uno de los ejes sobre los cuales se articula la modernización (y agilización) de la Administración de Justicia.

Y si bien actualmente dichos mecanismos ya están a nuestro alcance, el desconocimiento de los mismos o la inercia que en ocasiones se desprende de una cultura basada en la litigación judicial hace que se haga un uso escaso de los mismos.

Por eso, considero un acierto la obligatoriedad mitigada hacia la que se dirigen algunas de las principales reformas procesales, como el intento de negociación previa como requisito de procedebilidad en algunos casos antes de la interposición de la demanda o la obligación de acudir a una sesión informativa en determinados supuestos, donde además de dar a conocer los MASC entre la ciudadanía y los profesionales, se explore las motivaciones que han llevado al conflicto para procurar un acercamiento entre las partes para facilitar la resolución del mismo.

En su opinión, ¿qué carencias de la Administración de Justicia ha evidenciado la situación de pandemia mundial que hemos sufrido?; ¿La situación habría cambiado si se hubiera implementado efectivamente una correcta digitalización de la Justicia?

Sin lugar a dudas, pues durante los casi tres meses que duró el confinamiento la Administración de Justicia quedó en un 95% paralizada, pues únicamente se atendían los asuntos considerados como “urgentes” e “inaplazables”.

Además, la desescalada se tuvo que hacer de manera gradual, combinando la presencialidad con el teletrabajo, sin que muchos pudieran de forma efectiva desarrollarlo precisamente por una falta de digitalización.

Si bien los Jueces y LAJ’s podían conectarse y avanzar en el dictado de resoluciones, la mayoría de funcionarios no tenían la posibilidad de teletrabajar provocando en consecuencia el acumulamiento de los expedientes. Si todos los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia –gestores, tramitadores y auxiliares- hubieran contando con medios digitales para desempeñar sus labores en remoto, la situación hubiera sido diametralmente distinta.

En ese sentido, la Abogacía y la Procuraduría se ha encontrado en una situación ciertamente paradójica, ya que, si bien cuentan, en términos generales, con unos niveles de digitalización aceptables y muchos despachos, en consecuencia, han podido implementar el teletrabajo de manera eficaz e incluso ágil (pese a las difíciles circunstancias del contexto), dicho trabajo se ha visto limitado notablemente durante los meses de confinamiento al no poder avanzar y actuar ante una Administración de Justicia en suspenso.

¿Qué exigencias considera que deben plantearse desde el sector de la abogacía al Estado y a la Generalitat para mejorar la Administración de Justicia?

Siempre hemos considerado que para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia debe contarse con la opinión de la Abogacía, pues es quien recoge y conoce de primera mano cuáles son las necesidades y preocupaciones más acuciantes de la ciudadanía.

Además, en su día a día en los Juzgados, pueden también dar su punto de vista sobre las necesidades específicas de cada uno de los partidos judiciales. Así, si bien existe una problemática común o compartida en todas las demarcaciones, hay algunas diferencias derivadas de la heterogeneidad propia de cada territorio y es ahí donde la experiencia de los 83 Colegios de la Abogacía de España puede resultar especialmente útil para una mejor optimización de los recursos como la que se pretende con las reformas actualmente en trámite.

Con ese espíritu, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona dirigimos en su día al Gobierno que resultara de las elecciones generales, un documento con 15 propuestas para una justicia digna, con medidas que aún siguen siendo oportunas, tales como:

  1. Por un Ley del Derecho de Defensa que asegure la intervención de la Abogacía como única garantía del acceso pleno y efectivo a la Justicia para toda la ciudadanía.
  2. Por una Justicia respetuosa con el tiempo de la ciudadanía y los profesionales. Reivindicamos celeridad en los procesos y puntualidad en los señalamientos.
  3. Por una Justicia que asegura la justa y puntual retribución para los profesionales excelentemente cualificados del Turno de Oficio, garantizando el Derecho de Defensa a la ciudadanía.
  4. Por una Justicia dotada de medios suficientes y complementarios a la Abogacía como traductores, intérpretes y peritos, imprescindibles para garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía.
  5. Por una Planta Judicial que asegure el acceso a la judicatura de un nº de jueces y juezas suficiente a las necesidades de la ciudadanía y equiparado al resto de Europa.
  6. Por la reorganización de la oficina judicial: un funcionamiento que responda a criterios de eficiencia y eficacia garantizando una respuesta judicial a tiempo.
  7. Por una Justicia del siglo XXI que dé respuesta a las necesidades de la Abogacía y de la sociedad ante el imparable avance tecnológico.
  8. Por una Justicia eficiente, sostenible e interconectada en la que la implementación del Expediente Judicial Electrónico sea una realidad accesible a toda la ciudadanía.
  9. Por una Justicia que avance de acuerdo con el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de Agenda 2030 de la ONU. Construyamos una sociedad más libre, igualitaria y justa.
  10. Por una justicia que avance de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
  11. Por un pacto de estado por la Justicia con la participación activa de la abogacía.
  12. Por una Justicia capaz de juzgar con perspectiva de género.
  13. Por una justicia abierta a la resolución alternativa de conflictos que palie la actual congestión y tenga como objetivo el acuerdo entre las partes.
  14. Por una justicia donde se garantice que todos sus intervinientes disponen de formación continuada, actualizada y especializada.
  15. Puesta en marcha de una campaña proponiendo 15 medidas concretas dirigidas a los partidos políticos y sus programas de Justicia.

Asimismo, desde la Comisión de Normativa hemos dirigido propuestas y presentado enmiendas sobre los proyectos legislativos más importantes, precisamente para asegurar que el funcionamiento de la Administración de Justicia responda de una forma más integral y específica a las necesidades propias del sector de la Abogacía, así como a las exigencias de la ciudadanía.