¿Cómo saber si estamos ante un delito de abandono de menores?

By Almudena Galán | Sin categorizar

Ene 29
El delito de abandono de menores provoca una situación de desamparo en el menor

El abandono de menores es un delito especialmente perseguido en Derecho. Para el ordenamiento jurídico los niños son sujetos titulares de derechos. Este fue un cambio importante introducido en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989. A partir de este convenio los menores dejaban de estar incluidos en el grupo social en situación de vulnerabilidad. Personas con discapacidad, minorías étnicas, mujeres y niños, entre otros, se consideraban más débiles y, por lo tanto, necesitados de una protección legal reforzada. Así, se consideraban más bien objetos de regulación jurídica que sujetos de derechos.

Como consecuencia, se les negaba capacidad jurídica y se les consideraba dependientes de otra persona con plena potestad. Con el paso del tiempo, se reconoce a los niños como ciudadanos plenos, sujetos legales con obligaciones y derechos. Por lo tanto, lo que se protege ante el posible abandono de menores como bien jurídico es el derecho a la seguridad material que proviene de un núcleo familiar o de una figura afín (como una guardia o tutela).

Además, en el artículo 39.3 de la Constitución España se establece que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. ¿Qué ocurre entonces ante un posible caso de abandono de menores? ¿Se trata de un delito? ¿Qué se puede hacer en estas situaciones? Te contamos todo acerca del abandono de menores a continuación

Qué es el delito de abandono de menores

El abandono de un menor consiste en renunciar de forma dolosa a las demandas e intereses que unen al sujeto activo con su descendencia o niños a cargo. Este tipo penal es una conducta, ya sea una acción o una omisión, que provoca una situación de desamparo en el menor. Se incumplen así los deberes de protección establecidos por la legislación. 

Se trata de un abandono que se realiza fuera de la legalidad y de una forma definitiva. Es decir, que el sujeto activo no tiene la intención de restaurar los lazos que le unen con el menor. Así, se dejan desamparados a los niños, que dejan de gozar de la protección que les venían procurando sus padres o tutores. De esto esto se genera una situación de desamparo con potencial riesgo para los menores. Las causas que llevan al abandono son variadas, abarcando diversos factores sociales, circunstancias culturales o enfermedades mentales, entre otros motivos.

El delito de abandono de menores aparece recogido en el Capítulo III del Código Penal, que regula los delitos contra los derechos y deberes familiares. Más en concreto, se encuentra en los artículos 226 a 231 de la Sección 3, que trata del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

En cuanto a lo que se refiere al bien jurídico protegido, la mayor parte de la doctrina entiende que es diferente en cada uno de los citados artículos. Así, se protegería la vida, la seguridad en sentido amplio, la salud, la libertad sexual, la integridad física de los menores de edad, la inobservancia de ciertos deberes de vigilancia o asistencia, etcétera. Sin embargo, otros juristas consideran que el bien jurídico protegido es el derecho subjetivo a la asistencia que poseen los hijos con respecto a sus padres o tutores legales.

¿Cuándo se entiende que un padre o madre ha abandonado a un hijo?

Como consecuencia del abandono, el niño se ve privado de la asistencia moral y material necesaria para su supervivencia y su desarrollo a nivel social, afectivo y cognitivo. Por lo tanto, se desatiende la salud física y emocional, la seguridad y el bienestar del menor. Todo ello viene derivado de un incumplimiento o de un cumplimiento deficiente de las obligaciones debidas como padres o guardianes del menor. Según los artículos señalados del Código Penal, existen tres tipos de abandono:

  • Propio. Lo comenten aquellas personas encargadas de la guarda del menor, como padres, tutores o guardadores legales.
  • Temporal. Se da cuando el abandono es momentáneo o transitorio.
  • Impropio. Sucede en los casos en los que la persona que tiene a cargo la educación o crianza del menor de edad lo entrega a un tercero o a un establecimiento público sin consentimiento de quien se lo hubiera confiado o, en su defecto, de la autoridad competente.

Además, en aquellos supuestos en los que las circunstancias del abandono hayan puesto en peligro la vida, la integridad física, la salud o la libertad sexual del menor de edad la pena será mayor. Todo ello sin perjuicio de poder castigar el hecho punible como corresponda si constituyera otro delito más grave.

Por otro lado, también se podrían llegar a incluir otros casos singulares de abandono, como el que afecta al campo afectivo. En estas situaciones el padre o guardián priva parcial o completamente al menor de atención emocional y contacto físico durante largos periodos de tiempo. Algunos ejemplos típicos de abandono de menores son evitar las visitas periódicas al niño durante un plazo determinado o dejar a un recién nacido en una puerta, e incluso en los cubos de la basura.

Denunciar al padre o madre por abandono del hijo

Para poder denunciar a un progenitor, guardián o tutor legal de un menor tienen que darse una serie de circunstancias. Así, se establecen una serie de requisitos:

  • Que exista un padre, tutor, guardián u otra persona que tenga la custodia del menor.
  • Que no se tenga en cuenta la salud mental o física, el bienestar o la seguridad del niño.
  • El abandono del menor sin que quede supervisado por una persona responsable tiene que ser doloso.
  • Se pueden englobar los casos en lo que el responsable del niño no mantenga contacto con él o no le brinde una atención razonable durante un periodo de tiempo determinado.

Una vez que se den estas condiciones, se podrá interponer una denuncia. No obstante, según lo que se establece en el Código Penal, se trata de un delito perseguible tan solo a instancia de parte. Según el artículo 228 del Código Penal, estos hechos punibles solo se podrán perseguir mediante una denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. No obstante, en este caso estamos hablando de niños, cuya capacidad de obrar es limitada. Pero el Código Penal también cubre estos supuestos: cuando el agraviado sea una persona menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

Una vez interpuesta la denuncia por la persona competente no se requiere ratificación de la misma cuando el menor llega a la mayoría de edad. Asimismo, el perdón del ofendido no despliega efectos a efectos penales, por lo que no extingue la responsabilidad criminal. Una de las consecuencias directas que conlleva la infracción de los preceptos penales anteriormente señalados son la pérdida de la patria potestad o, en su caso, de la tutela, guarda legal o acogimiento familiar.

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About the Author

Periodista, jurista, criminóloga, eterna estudiante, cinéfila y lectora infatigable. Soy perito calígrafo judicial en ejercicio y experta en los ámbitos penal y civil.