La Administración no paga la factura, ¿cómo cobro? | Iuris NOW

¿Cómo actuar si la administración o ayuntamiento no paga las facturas?

By Paco Magar | Artículos para clientes

Jul 22
Qué hacer si la Administración no paga las facturas

Los autónomos y pymes que actúan como proveedores de bienes o servicios se encuentran en serios problemas financieros cuando la administración no paga la factura. Es un hecho que la mayoría de los ayuntamientos y administraciones públicas tienen grandes retrasos en sus pagos. La burocracia y algunos malos ‘hábitos’ provocan un incumplimiento de la Ley y obligan a las empresas a incurrir en acciones legales para solicitar la cancelación de la deuda.

¿Qué hacer si un ayuntamiento o Administración no paga las facturas?

La vía para el cobro de los servicios prestados es simple, aunque requiere de formalismos precisos que los proveedores necesitan conocer. Una vez realizado el trabajo o entregada la mercadería correspondiente, se debe presentar la factura en las oficinas correspondientes. Si la administración no paga las facturas, es necesario seguir los siguientes pasos:

  • Reclamación por escrito: algunos proveedores tienen contactos telefónicos o personales con los responsables de pagos, sin embargo lo que vale para la reclamación es la formulación por escrito. En el escrito que se presente es necesario aclarar y adjuntar los documentos que certifiquen la adjudicación del contrato, el cumplimiento del mismo por parte del acreedor y el incumplimiento del pago
  • Respuesta fuera de plazo: vencido los plazos para que la administración haga su pago efectivo o envíe alguna respuesta, las pymes o autónomos tienen la opción de acudir a tribunales de justicia. Durante el proceso judicial existe la posibilidad de exigir el pago de la deuda antes de la sentencia. Por lo general, esta medida es siempre favorable para el acreedor, excepto cuando la administración demuestra que no hay tal obligación de pago o el importe es menor
  • Suspensión del contrato: la última opción es que se suspendan las obras, suministros o servicios, hasta que se reciba el pago o se genere un acuerdo entre el contratista y el ayuntamiento. Asimismo, en los casos más graves que superen los 6 meses de demora se puede incurrir en la resolución del contrato

¿Qué plazo tiene la administración para pagar las facturas?

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es la que regula las relaciones comerciales con las administraciones públicas. Recibida la documentación de finalización de obra o de entrega de bienes y servicios, la administración dispone de 30 días para ofrecer su aprobación.

Ya aprobados los documentos pertinentes para la solicitud del pago o transcurridos 30 días de su presentación, la administración pública tiene otros 30 días para abonar la factura. En los casos extremos, la administración cuenta con un plazo máximo de 60 días a partir de la presentación de las facturas.

El gobierno español se ha visto obligado a realizar modificaciones para respetar las obligaciones europeas en Ley de Morosidad impuestas por Bruselas. A través del Real Decreto 1040/2017 se dispone que el plazo para comenzar a contar los 30 días se inicia con la aprobación de los documentos, de los certificados de obra o con el ingreso de la factura a la administración. Por lo que se desestiman ya los 30 días de gracia que tenían con anterioridad los entes públicos antes de comenzar a correr el plazo legal.

¿Se pueden aplicar intereses de demora?

Es un problema habitual y persistente para algunos proveedores encontrarse con que la administración no paga sus facturas en los plazos establecidos. Con las dificultades económicas actuales estos casos se han ido acentuando y se aprobó un decreto para medidas urgentes.

Con esta norma se establece un mecanismo extraordinario por el cual los acreedores renuncian al cobro de intereses con la aceptación del pago inmediato del principal. Sin embargo, esto no es determinante ni obliga a los proveedores a acogerse siempre al decreto.

Los intereses por demora se pueden aplicar según la normativa por morosidad de los contratos públicos. Con respecto al IVA, es también factible de incluir en el cálculo de los intereses cuando la empresa demuestra que se ha hecho cargo del tributo repercutido. En aquellos casos en que no se documenta su declaración no podrá incluirse.

Otro de los factores claves en las disputas judiciales por las facturas que adeudan las administraciones o ayuntamientos, es el cálculo de intereses el tiempo en que se ha prolongado el incumplimiento de pago por la Administración. Existen desacuerdos relativos a la conveniencia o no de incluirlos en el cálculo.

La sentencia STSJA de 5 de abril de 2013 deja claramente establecido que debe pagarse los intereses de demora devengados. El argumento para su justificación es que la liquidez está clara y no hubo voluntad de pago. Es decir, al no abonar lo que era el principal y el interés legal, demuestra ausencia de interés en llegar a un acuerdo. Por lo tanto, es procedente reclamar los intereses devengados por los por el tiempo transcurrido, desde el momento de la interposición del recurso hasta su pago efectivo.

Autónomos y empresas de diversas dimensiones y sectores se encuentran a diario con administraciones que no pagan sus facturas. El asesoramiento legal adecuado puede solucionar este problema y hacer ganar tiempos administrativos y burocráticos.

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About the Author

Redactor Freelance y Escritor. Licenciado en Derecho, Master en empresas, inversiones y finanzas. Técnico especializado en Marketing. Titulado en Nutrición.