¿Cuándo el abandono de la familia es constitutivo de un delito?

El delito de abandono de familia

Existen determinadas conductas dentro del ámbito familiar que no son admisibles desde el punto de vista jurídico y que conllevan una sanción penal por entrar dentro del campo de los delitos perseguidos y castigados por nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a dedicar este artículo a analizar los supuestos de abandono de la familia y qué requisitos exige la ley para considerarlo delictivo.

¿En qué consiste el delito de abandono de la familia?

Nuestro Código Penal, recoge en la sección Tercera del Título XII del Libro II, concretamente en los artículos 226 siguientes, diversos tipos penales con los que se describen conductas calificables como abandono de la familia, intentando con ello, dotar de protección a las relaciones familiares más esenciales.

Podemos decir que el delito de abandono de familia supone el incumplimiento de las obligaciones asistenciales inherentes a la condición de familiar y que guardan íntima relación con los deberes que conlleva el ejercicio de la patria potestad, la tutela, la guarda o el acogimiento familiar.

Supondría por tanto desatender las cargas asistenciales que una resolución judicial (sentencia de divorcio, separación, de relaciones paterno filiares, obligación de alimentos entre parientes etc.) impone a un progenitor o a un hijo en determinados supuestos.

Requisitos para que se dé el delito de abandono de la familia.

Tenemos que partir de la base de que no todo incumplimiento de las obligaciones asistenciales va a ser constitutivo de un delito, es necesario que a esta conducta le acompañen ciertas condiciones expresamente previstas por el Código Penal y descritas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Obligación legal de asistir del sujeto activo

Deben confluir dos circunstancias para apreciarse el tipo penal, por una parte el sujeto activo, el delincuente, será aquel que resulta señalado en una resolución judicial como obligado a atender determinadas necesidades asistenciales de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, y por otra parte que pese a ser consciente de su obligación decide voluntariamente no cumplirla.

En esta situación podrían entrar:

  1. Los titulares de la patria potestad respecto de sus hijos.
  2. Los tutores respecto de sus pupilos, ya sean estos los ascendientes o los descendientes, es decir vinculados por parentesco en linea recta en cualquiera de sus sentidos.
  3. Los cónyuges o excónyuges, sobre los que recae la obligación de pagar una pensión compensatoria, como consecuencia de una sentencia de separación o divorcio.
  4. Los titulares de guarda, custodia o acogimiento familiar respecto de un menor o discapacitado.

Necesidad asistencial de los sujetos pasivos

El artículo 226 del Código Penal, expresamente establece como uno de los elementos constitutivos de este delito, el hecho incuestionable de que los que han de percibir la asistencia tengan necesidad de la misma.

Constituye este requisito una buena vía de escape en muchos casos por la que se libera a los presuntos culpables, que mediante una estrategia logran acreditar ante el juez que su excónyuge, hijos o ascendientes no precisaban realmente su asistencia.

Capacidad para cumplir por parte del obligado

El orden penal exige para el castigo de los que acusados, que estos sean culpables y la culpabilidad en este caso implica que sean titulares de bienes, ingresos o recursos con los que poder asumir su obligación. Si se acredita que no cumplieron su obligación asistencial porque material o personalmente era imposible asumirla no podrán ser condenados.

Incumplimiento en tiempo y forma

Es imprescindible acreditar que los incumplimientos en el pago contradicen lo dispuesto en la resolución judicial en cuanto al momento del pago o en cuanto a la cuantía que se ha de abonar.

Delito de abandono por desatención de las obligaciones

Hay que entender que las obligaciones asistenciales de las que estamos hablando y que constituyen el delito de abandono de la familia, no son sólo las económicas, es decir las que se concretan en el pago de una pensión o prestación, sino también aquellas cargas que implican atender a las necesidades vitales prioritarias de quienes están necesitados de auxilio por parte de un tercero, en los ámbitos más prioritarios como pueden ser:

  1. La salud: implicaría desatender tratamientos médicos imprescindibles para el sujeto pasivo. Es este un campo muy extenso donde podemos incluir terapias psicológicas o psiquiátricas, fisioterapia o rehabilitación, medicación específica etc.
  2. Alimentación: no sólo hay que referirse a la alimentación cotidiana, al hecho de cubrir esta necesidad básica, sino también a casos específicos en los que no se respetan alergias o intolerancias alimentarias (celiacos), se proporciona una alimentación perjudicial (obesidad).
  3. Vestido: implica la falta mínima de atención a la vestimenta de la persona sujeta a la asistencia, son casos más frecuentes de lo que podemos imaginar en los que se carece de calzado o abrigo acorde a la estacionalidad.
  4. Higiene, tanto en la persona, como en su hábitat, llegan a los juzgados multitud de casos de niños muy pequeños y de ancianos, abandonados a unas condiciones de inmundicia que les ocasionan enfermedades, parásitos y lesiones tópicas.
  5. Educación, entramos en los casos típicos de menores que no acuden a los centros escolares en los periodos en los que es obligatoria su asistencia, o es reiterado el absentismo escolar.

Las penas a aplicar en estos supuestos podrán ser de prisión por tiempo de 3 a seis meses o de multa de 6 a 12 meses.

Delito de abandono por no pagar las prestaciones

Viene recogido en el artículo 227 del Código Penal, y determina en su redacción los siguientes requisitos para su reconocimiento:

  1. Incumplimiento de la obligación de abonar prestaciones durante dos meses consecutivos o cuatro alternos. Requisito temporal.
  2. Impago de prestaciones o pensiones al cónyuge o hijos. Requisito subjetivo que nos muestra quienes han de ser los destinatarios del pago para que se dé este delito en concreto.
  3. Incumplimiento de la carga impuesta en una resolución judicial o convenio regulador acordado de mutuo acuerdo y aprobado judicialmente. La resolución judicial puede proceder de un procedimiento de divorcio, de separación, nulidad o de filiación, podrá ser definitiva o provisional, como es el caso de los Autos de medidas previas o provisionales.
  4. La prestación puede ser una pensión periódica, es decir que se abone mensualmente según los términos del convenio o sentencia, o bien una suma a tanto alzado que se deba abonar de una sola vez.

Como consecuencia de ser condenado por este delito se impondrá una pena de prisión que oscilará entre los 3 meses y un año o una pena de multa de 6 a 24 meses.

Es cierto que por la vía civil, mediante una ejecución de sentencia se puede lograr el pago de lo adeudado junto con sus intereses, pero en el orden penal lo que se persigue además es sancionar a quien actúa de esta forma tan reprobable con la total desconsideración de las personas que dependen de él.

Persecución del delito de abandono

Nos encontramos ante un delito de abandono de la familia que sólo será perseguible judicialmente, previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal si se trata de un menor o discapacitado, pudiendo intervenir en estos casos también el Ministerio Fiscal, tal y como recoge el artículo 228 del Código Penal.

Otra cuestión importante en esta materia es que el perdón del ofendido por la conducta delictiva es irrelevante. En este sentido el artículo 130.4 del texto penal dispone que el perdón del ofendido sólo extinguirá la acción penal en los casos en los que expresamente lo prevea así la Ley, cosa que no ocurre en el ámbito que nos encontramos.

Abandono de la guarda

Se contempla en el artículo 229 del Código Penal y supone como conducta objetiva punible el hecho de abandonar a un menor de edad o persona discapacitada por parte de quien tiene encomendada su guarda.

Los elementos de este delito serán por tanto:

  1. El sujeto activo del delito básico será cualquier persona que tenga encomendada en ese momento la guarda, puede ser por ejemplo el tutor escolar durante una excursión. Si los que cometen este tipo son los propios progenitores o los guardadores o tutores legales (es decir reconocidos así en resolución judicial) se incrementará la pena, al considerarse su responsabilidad mayor.
  2. El sujeto pasivo, será el menor o persona discapacitada con necesidades especiales, en este último caso deberá constar recogida en sentencia tal situación.
  3. El hecho punible es el de abandonar en sentido literal al menor o incapacitado, existiendo un supuesto al que se le aplica mayor sanción que entraña que dicho abandono haya puesto en peligro específico, la salud, integridad o libertad sexual del menor o persona con necesidades especiales.
  4. Si el abandono es temporal, es decir no supone una conducta de absoluto desinterés por el menor o incapaz, sino una situación temporal, será castigado con pena inferior; no obstante habrá de estarse a los resultados del abandono aunque sea temporal, son múltiples los casos de menores «abandonados» en verano dentro de los vehículos, mientras los progenitores o titulares de su guarda llevan a cabo determinados recados y que por desgracia pueden tener consecuencias terribles. En tales casos se responderá por el resultado ocasionado, lesiones, homicidio imprudente etc.

Las penas en estos supuestos pueden llegar hasta los tres años de prisión.

Entrega del menor o discapacitado a terceros

Prevé el artículo 231 del Código Penal esta situación y la dota de una regulación y castigo por entender que es reprobable la conducta de quien tiene atribuida la guarda o custodia de un menor o persona con discapacidad que precisa de especial protección y encomienda el cuidado de estas personas a un tercero, ya sea persona física o institución jurídica.

La razón de ser de este delito radica en que si para atribuir a alguien la custodia o guarda de un menor o discapacitado se han observado todas las garantías previstas legalmente no puede admitirse que esta persona se auto erija con el poder de prescindir de todas esas medidas y ser él quien a su buen parecer se lo adjudique a un tercero.

Tal conducta, que recibe el nombre de abandono impropio, pone en peligro al menor o discapacitado y por tanto se castiga con pena de multa que oscilará entre los 6 y 12 meses. Pena que se transformará en prisión de 6 meses a 2 años si el abandono hubiera puesto en peligro la vida, salud, integridad o libertad sexual del menor o incapacitado.

Utilización de menores o discapacitados para mendicidad

Acción prevista en el artículo 232 del Código Penal y castigada con pena de prisión de 6 meses a un año, salvo que se hubiere hecho uso de violencia, intimidación o sustancias peligrosas para la salud, en tales casos la pena asciende hasta los 4 años de prisión.

Nos encontramos ante un claro caso de tráfico de menores o discapacitados, que implica el interés de conseguir un beneficio económico con esta conducta.

Por otro lado el subtipo castigado con mayor pena, dará lugar a que se estudie la concurrencia de este delito con otros como los de lesiones, homicidio etc, según el resultado que produjera la ingesta de sustancias nocivas para la salud.

Este delito, así como los contemplados en los artículos 229 a 231, pueden llevar además como pena adicional la de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, guarda, custodia , tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo entre 4 y 10 años.

¿Cómo se recibe el cobro de lo adeudado por el abandono familiar?

Para el caso del abandono de familia por impago de las prestaciones debidas, el texto penal prevé en el apartado tercero del artículo 227 que lo regula, la necesidad de abonarse todas las cuotas adeudadas por el condenado por este delito, como condición necesaria para estimarse efectuada la reparación del daño causado.

Por tanto el culpable recibirá además de la sanción penal correspondiente, ya sea prisión o multa, la conminación a abonar las cantidades debidas.

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