¿En qué consiste la acusación popular en el proceso penal?

La acusación popular

En nuestro ordenamiento jurídico se determina por medio de la legislación procesal, esencialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quienes pueden formar parte de la acusación dentro de un procedimiento penal. En tal posición podrán encontrarse: el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la acusación popular y en el concreto supuesto de los delitos privados (injurias y calumnias) el acusador privado.

Vamos a dedicar este artículo a explicar de forma sencilla qué requisitos se precisan para poder ejercitar la acusación popular en un proceso penal y qué circunstancias rodean a esta figura procesal.

¿Qué es la acusación popular?

El artículo 125 de la Constitución prevé el derecho de los ciudadanos a ejercer la acusación penal, de modo que se excluye en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que sea solo el Ministerio Fiscal, como ente público, quien ostente tal potestad, atribuyéndosela además al acusador particular, popular y privado.

El acusador popular es aquel ciudadano que sin ser el ofendido de forma directa por el delito enjuiciado, presenta interés en personarse y participar en el proceso.

Tiene especial importancia la acusación popular en el caso de los llamados «intereses difusos» entre los que se encuadran temas concernientes al medio ambiente, a derecho de consumo, o a intereses colectivos.

¿Quién puede ejercer la acusación popular?

Partimos de la base de que cualquier ciudadano puede ejercer la acusación popular, tal y como prevén los artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ahora bien, existen supuestos igualmente recogidos por la Ley, artículos 102 y 103 LECrim; que se erigen como excepciones a tener en cuenta. Así no podrán personarse como acusación popular:

  • Quienes no se encuentren en el pleno ejercicio de sus derecho civiles: menores de edad, incapacitados etc, por estos actuarán sus representantes legales.
  • Aquellas personas condenadas al menos en dos ocasiones por sentencia firme por acusación o denuncia falsa.
  • Tampoco podrán los ciudadanos extranjeros, ya que su personación como acusación queda vedada por la Ley (art. 270 LECrim) a aquellos casos en los que sean los ofendidos o perjudicados directos por el delito a enjuiciar; por tanto su intervención se encauzará mediante la acusación particular no popular.
  • En cuanto a las personas jurídicas, si podrán ejercitar esta acusación, ya que tal y como tiene reconocido el Tribunal Constitucional, no hay razón para privarles de este derecho.
  • En lo concerniente a la Administración pública, se ha asentado el criterio por el mencionado Tribunal de que solo cuando una ley estatal o autonómica prevea su intervención, para el tipo de proceso concreto de que se trate, se admitirá su personación, en otro caso podría entenderse que el Ministerio Público ocupa tal posición.

Requisitos de la acusación popular

Son varios los requisitos estipulados para la válida participación de la acusación popular, principalmente cabe mencionar los siguientes:

  • Solo es admisible en el caso de delitos públicos, queda descartada por tanto para los delitos privados que solo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido, así como en el caso de los delitos semipúblicos en los que el inicio del procedimiento depende del ofendido continuando el Ministerio Fiscal con su acusación.
  • Se exige el pago o depósito de una fianza, con el fin de responder en caso de acusación calumniosa o negligente. Su cuantía ha de ser prudencial y adaptada a la capacidad económica del acusador popular y se fijará por el órgano juzgador. En caso de no estar conforme con su cuantía cabe la posibilidad de recurso.
  • No se dispone del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a diferencia de lo que sucede con la acusación particular.
  • La participación del acusador popular ha de iniciarse con una querella necesariamente, tal y como dispone el artículo 270 de la LECrim.

Ventajas y desventajas de la acusación popular

A la vista de los requisitos establecidos para el ejercicio de la acusación popular, es evidente que la Ley reviste de mayor rigor las exigencias que rodean a este tipo de participación procesal y su justificación radica en que nos encontramos ante alguien que quiere participar como acusador en un proceso en el que se persigue un hecho delictivo del que no resulta ni ofendido ni perjudicado de forma directa; digamos de forma algo simplista que no es necesaria su participación.

Desventajas:

Fianza

Como desventaja principal nos encontramos con el deber de depositar una fianza para poder participar. El Tribunal Constitucional ha avalado en diversas ocasiones su constitucionalidad, entendiendo que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, siempre y cuando que su cuantía no sea un obstáculo grave para poder ejercer tal derecho. Entre otras muchas Sentencias cabe destacar la 79/1999 de 26 de abril.

Como ya hemos avanzado en caso de no estar conforme con la cuantía de dicha fianza se podrá interponer recurso, para el cual no será preceptivo tenerla depositada previamente, tal y como recoge la STC 326/1994 de 12 de diciembre.

No hay derecho a justicia gratuita

Otra desventaja clara es la correspondiente a no gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de modo que en los procesos penales en los que sea preceptiva la intervención mediante letrado y procurador, sus honorarios serán necesariamente abonados por el acusador popular, a diferencia de lo que sucede con el acusador particular.

Limitaciones para el procedimiento abreviado

Tal y como dispone el artículo 782 de la LECrim, en el caso concreto del procedimiento abreviado, en la fase preparatoria del Juicio Oral, si las partes acusadoras no solicitan la apertura de dicha fase, el Juez deberá acordar el sobreseimiento del procedimiento.

El problema radica en que según la legislación las partes acusadoras que gozan de tal potestad de disposición sobre la continuidad o no del procedimiento abreviado, son única y exclusivamente la acusación particular y el Ministerio Fiscal, no el acusador popular. Por tanto si las dos primeras deciden no sostener su acusación, aun cuando el acusador popular tuviera interés en que se abra la fase del juicio oral, no podría estimarse su pretensión y el juzgador deberá archivar el asunto.

Es esta una cuestión muy controvertida, en la que el Tribunal Supremo ha venido a fijar un criterio claro de actuación, en sentencias como la 1045/2007 de 17 de diciembre.

Ni jurisdicción de menores ni jurisdicción militar

Ni la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, ni la Ley Procesal Militar, admiten la intervención de acusación popular en sus procedimientos.

Ventajas:

La participación del acusador popular válidamente establecida, dispondrá de la plenitud de actuación que cualquier otra acusación, podrá proponer diligencias de prueba e investigación, participar en todas las fases del procedimiento, interponer recursos si lo estima necesario etc.

El artículo 113 LECrim recoge la posibilidad de que en aras de mayor economía procesal las distintas acusaciones actúen bajo la misma representación y defensa. Lo cual supone una reducción de gastos en cuanto a los honorarios de abogados y procuradores.

Supone la posibilidad de participar en procedimientos en los que a primera vista no les une conexión alguna aparente, dando así curso al derecho constitucional recogido en el artículo 125 que extiende a todos los ciudadanos en ejercicio de la acusación penal.

Costas procesales

El Tribunal Supremo ha fijado en esta materia el criterio según el cual la acusación popular no genera la condena en costas, estimando que la condena prevista en el artículo 240 LECrim, se refiere al derecho que corresponde al acusador particular.

No obstante ha matizado tal principio cuando el asunto enjuiciado se trata de delitos de los que afectan a los intereses generales o ·intereses difusos» como sucede en el caso de los delitos medioambientales, al ser la acusación popular el cauce más adecuado para la actuación de los legítimamente interesados, en estos casos si podría darse la condena en costas.

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