Responsabilidad de la administración sanitaria, lo que debes saber

Aministración Sanitaria

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas derivada de la asistencia sanitaria siempre ha sido una fuente de litigios, aumentando en los últimos tiempos las reclamaciones a causa de la situación producida por el virus Coronavirus SARS-CoV-2.

La administración como responsable 

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas cuando sufran una lesión en sus bienes o derechos, a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Por lo tanto, la Administración tiene la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados a un paciente como consecuencia de asistencia sanitaria prestada.

Requisitos responsabilidad patrimonial administración sanitaria 

Para poder exigir responsabilidad patrimonial a la administración, deben darse los siguientes requisitos:

  • Que se trate de un daño efectivo, que sea evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o bien a grupos de personas.
  • Que ese daño que se ha sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos sanitarios, mediando relación directa, inmediata y exclusiva de una causa efecto, sin  que intervengan elementos extraños que pudieran influir de manera que se altere el nexo causal.
  • El daño ha de ser antijurídico pues por un lado el sujeto no tiene el deber jurídico de soportarlo y, por otro, la conducta llevada a cabo es contraria a derecho.
  • Ausencia de fuerza mayor.

Proceso y plazo para exigir esta responsabilidad 

El procedimiento puede iniciarse bien de oficio o bien a instancia del interesado. La instancia deberá incluir lo siguiente:

  • Determinar la persona o colectivo dañado.
  • El nexo causal con el servicio público.
  • Evaluar económicamente el daño.
  • Identificar el momento en que se produjo el daño objeto de reclamación.

A esta instancia habrá de acompañarse todos los documentos que se consideren necesarios para apoyar su pretensión. La misma ha de dirigirse, en principio,  a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la que dependa el Hospital o Centro Sanitario donde se ha producido la situación objeto de reclamación.

Una vez recibida la solicitud se procederá a notificar a las partes el acuerdo de iniciación del procedimiento, pudiendo alegar lo que estimen pertinente en el plazo de 10 días. El órgano competente informará al servicio público al que  se achaca el daño, para que informe en relación a los hechos.

Una vez recibida la documentación y las alegaciones de las partes, se dará por terminado el procedimiento mediante alguna de las siguientes situaciones:

  • Terminación convencional.
  • Propuesta de resolución motivada que deberá pronunciarse sobre la existencia de relación causal, valoración del daño y en su caso, cuantía de la indemnización.
  • Silencio administrativo, es decir, que el procedimiento no ha sido resuelto en el plazo de 6 meses desde que se inició. En este caso el silencio administrativo implica la desestimación de la indemnización.

Se establecen los siguientes plazos para ejercitar la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial sanitaria de la Administración:

  • Un año contado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización objeto de reclamación.

En el caso de que se produzcan daños en las personas de carácter psíquico o físico, el plazo se computará desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.


La llamada falta de oportunidad, en la responsabilidad sanitaria 

Podemos hablar de «pérdida de oportunidad» cuando no se ha podido demostrar el nexo causal entre la actuación médica y los daños causados pero se prueba que de no haberse producido el hecho ilícito, la víctima podría haber obtenido un mejor resultado.

Podemos citar como ejemplo, un paciente que por el retraso en un diagnostico o por suministrarle un determinado fármaco y no otro, pierde la oportunidad de una mayor posibilidad de curación, constituyendo ello un daño antijurídico.

Nuestro Tribunal Supremo tiene establecido que «la denominada pérdida de oportunidad se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente (o, en su caso, el fallecimiento), con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo.»

Recursos 

Contra la resolución poniendo fin a la vía administrativa podrán interponerse los siguientes recursos:

Normativa y Jurisprudencia 

Lo explicado anteriormente se regula en los siguientes preceptos normativos:

En cuanto a la Jurisprudencia, tanto el Tribunal Supremo como diversos Tribunales de Justicia  se han pronunciado en relación a los requisitos que deben cumplirse para la declaración de responsabilidad patrimonial

«1) Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga la obligación de soportar,.

2) Que dicha lesión sea real, efectiva y susceptible de valoración económica.

3) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en el más amplio sentido de actuación, en una relación causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea debida a causas de fuerza mayor.»

Nuestros expertos en responsabilidad patrimonial del Estado podrán asesorarte sobre tu caso y las posibles opciones para ejercitar tus derechos.

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