La capacidad de obrar y sus limitaciones

La capacidad de obrar y sus limitaciones

Toda persona, por el mero hecho de serlo, tiene una dignidad propia reconocida ya desde la época de la Revolución Francesa: la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 señalaba que “todos los hombres nacían iguales en derechos y en deberes”. Hablar de la capacidad de obrar requiere en primer lugar señalar qué entiende el derecho por el concepto mismo de persona; a saber: “cualquier ser capaz de derechos y obligaciones” e implica la posibilidad de ser sujetos activos y pasivos de una relación jurídica.

Definición

La primera de las acepciones es la denominada capacidad jurídica, inherente a todo ser humano, mientras que esta última es una aptitud de la que no necesariamente disponemos: en función de nuestra situación personal podrá estar limitada u en su caso, ausente.

Es importante señalar que además se parte de una presunción de capacidad de obrar plena en todas las personas, de manera que quien pretenda alegar que la misma realmente no existe o que se encuentra limitada, habrá de probar u acreditar debidamente dicha circunstancia.

Personas que tienen limitada la capacidad de obrar

Una de las principales características de dicha condición es precisamente la posibilidad de que sea modulada o modificada, pues efectivamente es susceptible de graduación (he aquí otra diferencia clave con la capacidad jurídica, que la persona ostentará durante toda su vida).

Distinguimos por tanto diferentes situaciones o niveles, correspondiendo la capacidad plena del sujeto a la mayoría de edad (de conformidad a lo dispuesto en el artículo 322 del Código Civil). Pero ojo, hay casos en los que se exige un plus: véase el supuesto de la adopción, en el que la edad mínima para ser adoptante será de 25 años (artículo 175 del Código Civil).

A lo largo de nuestra vida pueden darse situaciones que interfieran en dicha plenitud y que podrían traer condigo limitaciones de la misma. Hablamos entonces de capacidad limitada o restringida: se encuentran aquí supuestos como la emancipación, la declaración de prodigalidad o la incapacitación que para determinados actos, y siempre previa declaración judicial, podría establecer un juez (por motivo de enfermedad o deficiencia física o psíquica que impidiesen a una persona gobernase por sí misma, tal y como reza el artículo 200 del Código).

En último lugar el grado más delicado de esta capacidad vendría determinado por la denominada incapacitación, cuyo contenido y limitaciones específicas deberán ser fijadas en la sentencia que al igual que en el caso anterior, es requisito indispensable para que se declare. Estos supuestos, generalmente extremos y especialmente delicados, requerirán que sean los padres quienes asuman la representación correspondiente u en su defecto, el nombramiento de un tutor (o de alguna de las figuras previstas en la ley).

La capacidad de obrar tal y como ha sido configurada por nuestro ordenamiento depende directamente del estado civil de la persona. De esta manera son diversas las circunstancias que podrán afectar a la misma; no solamente la edad y la incapacitación anteriormente vistas, sino también otras como el matrimonio, la filiación o la nacionalidad y vecindad civil.

¿Las empresas tienen capacidad de obrar?

Quizás una de las cuestiones que mayor debate ha generado entre la doctrina, ha girado en torno a la problemática de la capacidad imputable a las personas jurídicas: ¿tienen las empresas, asociaciones u entidades en general reconocida la misma o por el contrario, debería rechazarse dada su naturaleza?.

Es el artículo 38 de nuestro Código el que recoge precisamente la capacidad jurídica de las mismas, al afirmar de forma contundente que estas pueden “adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución”.

Tal y cómo se desprende del mismo será necesario recurrir a sus propias normas, que serán las que contengan las especificidades propias al respecto; no obstante, según nuestra propia jurisprudencia podemos extraer las siguientes conclusiones:

  • Pueden adquirir bienes por cualesquiera de los modos legítimos previstos en nuestro ordenamiento (quedan incluidos por tanto los hereditarios).
  • Están capacitadas para contraer obligaciones (y en su caso ser responsables, incluso en el ámbito penal desde el hito que ha supuesto la reforma del año 2010).
  • Pueden ejercitar acciones civiles (tal y como reconoce nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil) y, aún cuando haya sido cuestión más polémica, también penales (duda en este sentido el Tribunal Constitucional sobre la situación de las personas jurídico-públicas).

¿Se puede retirar o eliminar la capacidad de obrar de una persona?

Efectivamente ya hemos visto la existencia de diferentes grados de capacidad de obrar y la posibilidad de que esta o bien se limite o se llegue realmente a negar a alguien.

Para ser capaz no basta con la capacidad jurídica a la que se hacía referencia en líneas anteriores, sino que además se requerirá conocimiento y voluntad por parte del sujeto. En determinados casos y por circunstancias varias este necesitará de una asistencia que le represente o complemente, entrando en juego la actuación de los padres, los tutores, los curadores, defensores judiciales incluso el propio cónyuge del afectado.

En cualquier de los casos la posibilidad de adoptar este tipo de decisiones, y esto es importante, la ostenta exclusivamente el Juez: la sentencia es la única vía que puede declarar la incapacidad de un sujeto o establecer las restricciones correspondientes.

La declaración de incapacitación por razones y condiciones físicas o psíquicas, persistentes y de una magnitud que impidan a la persona gobernarse por si misma, solamente podrá darse a través del proceso judicial correspondiente, siendo el órgano judicial el encargado de fijar los actos que el afectado podrá o no realizar por sí mismo.

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