La declaración de la víctima como única prueba de cargo

La declaración de la víctima como única prueba de cargo.

Nuestro Ordenamiento Jurídico dispone de todos los mecanismos para ser considerado como garantista, en el sentido de configurar un procedimiento penal que no sólo tiene por principio inspirador evitar que ningún delito quede impune sino también, y en el mismo nivel, que ningún inocente sea castigado indebidamente. En este artículo vamos a estudiar el valor que tiene la declaración de la víctima cómo única prueba de cargo.

¿Puede desvirtuar la presunción de inocencia la declaración exclusiva de la víctima?

Hace unos meses hemos tenido noticia de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos en el asunto conocido como «caso del Arandina» apodo injusto, dada la honorabilidad que merece dicho Club y en general los jugadores que lo integran, dicho sea de paso.

Esta Sentencia imponía la pena de 38 años de prisión, así como cierta responsabilidad civil para la indemnización de la victima, a cada uno de los acusados por los hechos enjuiciados.

Al margen de valoraciones sobre la adecuación o no de la pena impuesta, tema en el que no vamos a entrar; llama la atención la prevalencia dada por el Tribunal a la declaración de la víctima y cómo se ampara en resoluciones tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional para estimar su capacidad probatoria.

¿Que dice la Ley al respecto?

Es cierto que el artículo 24.2 de nuestra Constitución consagra el derecho a la presunción de inocencia, como un derecho fundamental, sin el cual no tiene sentido ningún procedimiento penal en ningún rincón del planeta. Así, todas las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario; y los encargados de considerar si se ha desvirtuado esta presunción de inocencia serán exclusivamente los jueces y tribunales, tal y como establece el artículo 117.3 del mismo texto constitucional.

Para llevar a cabo tal función los juzgadores deberán valorar según su conciencia las pruebas practicadas en los juicios, y motivar su criterio en las sentencias que dicten, tal y como prevé el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dota a nuestro proceso penal del criterio de la valoración libre y no tasada de las pruebas.

De modo que sólo los juzgados y tribunales disponen de la potestad de juzgar a un tercero. Este principio choca en la actualidad con la conocida como «pena del telediario» nombre con el que se conoce a nivel internacional a la presión mediática en los asuntos sometidos a enjuiciamiento y que contamina en muchas ocasiones el criterio de los juzgadores y además impone una pena adicional para quienes se encuentran incursos en un proceso judicial, que con antelación a recibir la sentencia se encuentran condenados a la reprobación pública.

¿Qué dice el Tribunal Supremo al respecto?

Son numerosas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta materia. Pone de relieve el hecho evidente de que en determinados tipos de delitos, como son los de naturaleza sexual: agresiones, abusos etc, o los concernientes a la violencia de género, el delincuente busca especialmente las situaciones más intimistas para cometer sus actos delictivos.

La ausencia de testigos y de pruebas en general, generará cierta indefensión a la víctima que cuenta con su palabra como única prueba.

Por esto el Alto Tribunal, en sentencias como la de 15 de diciembre de 2016, afirma que la declaración de la víctima puede ser prueba de cargo suficiente. Puede por tanto desvirtuar la presunción de inocencia, aún cuando sea la única prueba existente.

¿Qué opina el Tribunal Constitucional?

Para el Tribunal constitucional, como garante de los derechos fundamentales que contiene nuestra Constitución, y en particular del derecho a la presunción de inocencia; en los casos en los que se plantea la declaración de la victima como única prueba de cargo, ésta solo acabará con la presunción de inocencia si la valoración de la prueba que lleven a cabo los juzgadores le otorgue la consistencia necesaria. Entendido desde un punto de vista objetivo, así como una convicción suficiente que no admita duda sobre la actuación del acusado.

¿Qué requisitos debe cumplir la declaración de la víctima para que tenga valor de prueba de cargo suficiente?

Para que la declaración de la víctima como única prueba de cargo, enerve la presunción de inocencia, es necesario que no se invalide por la concurrencia de otras razones objetivas. Se trata de evitar que se susciten dudas en los Juzgados o Tribunales.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 31 de octubre de 2019, insiste en que la jurisprudencia plantea la valoración de ciertos requisitos en estos casos. Dichos criterios son los siguientes:

Ausencia de incredibilidad subjetiva

Con ello se hace referencia al estudio y valoración que lleva a cabo el juzgador sobre las relaciones personales preexistentes entre la parte denunciante y la acusada.

De este modo se tienen en cuenta móviles como el resentimiento, la venganza, la enemistad etc.

Se trata por tanto de valorar la aptitud de quien declara como víctima. Así se observarán tanto características físicas como psíquicas de quien declara, su madurez, la existencia de posibles trastornos psíquicos, adicciones a estupefacientes, alcohol etc.

Se tienen en cuenta minusvalías que pudieran resultar determinantes para la percepción de los hechos: sordera, ceguera etc.

Se consideran la existencia de motivos espurios o de odio hacia el acusado. En ocasiones precisa a su vez el estudio del entorno social y personal de las partes, de su contexto personal en definitiva.

Con todo este esfuerzo de intromisión en la vida de quien declara se pretende evitar que la convicción a la que llega el órgano juzgador se halle viciada por motivaciones perversas.

En ocasiones puede resultar muy cruel para la víctima. Recordemos el famoso y deplorable asunto de «la manada» en el que se sometió a la víctima al seguimiento de un detective. Prueba propuesta por los acusados, con el fin de tomar nota de sus movimientos durante las vacaciones. Con ello se pretendía incorporar ante el Tribunal la creencia de ciertos rasgos de la personalidad de la víctima.

Verosimilitud

La declaración de la víctima debe estar presidida en todo momento por una linea coherente que aporte datos externos ciertos y reales.

Sobre este particular la Sentencia del Tribunal Supremos de 23 de septiembre de 2004 aporta suficiente claridad. Esta resolución exige que la declaración de la víctima como única prueba de cargo ha de ser lógica. Por tanto que no resulte increíble por su propio contenido.

Del mismo modo dicha declaración ha de sustentarse en algún elemento objetivo que obre en el proceso. Tales elementos podrán ser de muy diversa índole y dependerán de la naturaleza del delito ante el que nos encontremos.

Así en los casos de delitos por lesiones, los informes periciales que las reflejen. En los supuestos de delitos de estafas, los documentos bancarios o de otra índole (incluso mensajes de whatsapp) etc.

Habrá que estar a la naturaleza de los hechos delictivos y los medios de prueba que le son propios.

Es lo que se conoce como coherencia externa.

Persistencia de la incriminación

Como tercer y último requisito, se exige que en la declaración de la víctima como única prueba de cargo no existan contradicciones esenciales. Es to significa que entre las diferentes versiones dadas no hay discrepancias.

Es indistinto que se hayan vertido ante la policía o en sede judicial en las diversas fases del procedimiento. Se trata no de repetir como un robot las mismas palabras en cada ocasión, sino de de mantener la consistencia sustancial siempre.

En este aspecto también se valora la ausencia de ambigüedades. Los hechos han de ser relatados por la víctima con detalle y concreción, no con referencia vagas.

Por otra parte la declaración ha de mantener una conexión lógica entre todas sus partes.

En todo caso hay que insistir que si bien estos son los requisitos que plantea el Tribunal Supremo para enervar la presunción de inocencia del acusado, cuando aparece la declaración de la víctima como única prueba de cargo, no es menos cierto que la valoración de la prueba se lleva a cabo por los Juzgados y Tribunales según su propia conciencia. Siempre actuarán con libertad según las percepciones recibidas a lo largo del procedimiento y con la imparcialidad que se les presupone.

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