Delitos contra recursos naturales y medio ambiente

Delitos contra recursos naturales

Los delitos contra recursos naturales y medio ambiente son una problemática mundial. Una amplia normativa internacional se ha establecido para prevenir y regular estos hechos delictivos. En España, la Constitución Española (art. 45), el Código Penal (art. 325 a 331) y otras leyes concretas establecen las bases para el cuidado del medio ambiente y las sanciones para aquellos que infrinjan las normas.

¿Cuál es el bien jurídico protegido?

El bien jurídico se expresa como el equilibrio de los sistemas naturales. De carácter colectivo, porque todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Se incluye así la protección de la calidad de vida y salud de personas, flora y fauna, la belleza de paisajes, entornos naturales en tierra, agua y aire.

Al mismo tiempo es establece como objeto de protección o tutela penal. Se establecerán penas administrativas o penales y el resarcimiento de daños para quienes atenten contra el medio ambiente.

Requisitos exigibles para constitución de delitos contra recursos naturales y medio ambiente

Del artículo 325 del Código Penal se destacan los siguientes requisitos:

  • Conducta que de manera directa o indirecta provoca o realiza emisiones, vertidos, extracciones o excavaciones, aterramientos, residuos, vibraciones, inyecciones o depósitos sobre el medio físico (atmósfera, suelo, subsuelo, o aguas terrestres, marítimas o subterráneas)
  • Infringir alguna de las normas o disposiciones normativas para cada actividad vigentes
  • Supone un peligro para el bien jurídico protegido
  • Existe una actuación dolosa

Tipos de delitos

Con la modificación por la LO 1/15 de 30 de marzo, se agrega una distinción entre delitos básicos y agravados. Esta diferencia se basa en el riesgo que genere para el agua, el aire, el suelo, los animales o las plantas como para el equilibrio ecológico y la salud de las personas.

Tipo básico

La conducta contravencional cause o pueda causar daños al suelo, aire, agua animales o plantas.

Básico agravado

Estas conductas pudieran afectar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

Tipo cualificado

Cuando, con estas acciones, hubiera creado un riesgo grave para la salud de las personas.

Sanciones para delitos contra recursos naturales y medio ambiente

El derecho penal establece conductas contaminantes y sus sanciones. Asimismo, la definición de las conductas punibles se valora en cada caso con las normas extrapenales.

Penas para delitos de tipo básico

  • Condena de prisión de 6 meses a dos años
  • Multas de 10 a 14 meses
  • La Inhabilitación de oficio o profesión por un periodo entre uno y dos años

Penas para delitos agravados

  • Prisión de dos a cinco años
  • Multa de 8 a 24 meses
  • Inhabilitación de oficio o profesión por un periodo entre 1 y 3 años

Sanciones delitos cualificados

Cuando se pone en riesgo la salud de las personas, la pena de prisión se interpondrá en su mitad superior pudiendo llegar hasta el superior en grado.

Delito sobre residuos tóxicos o peligrosos

Los residuos que no se gestionan con idoneidad y responsabilidad son peligrosos para el medio ambiente. También están regulados en la normativa española.

Depósito o vertederos

El depósito o vertedero de sustancias contaminantes que pueda provocar daños sustanciales a la calidad del medio ambiente o a su equilibrio ajeno a cualquier norma de prevención será tipificado por el Derecho Administrativo sancionador.

Tratamiento de residuos

Se incluyen las actividades de recogida, transporte, valorización, eliminación, aprovechamiento o transformación de los residuos. Constituyen delito cuando son conductas que por acción u omisión contravengan leyes o disposiciones de carácter general y puedan causar:

  • Daños sustanciales al medio físico.
  • Muerte o daños graves a las personas.
  • Riesgo en el equilibrio de los sistemas naturales.

Delitos en espacios protegidos

En España, como en el resto de los países, existen espacios naturales protegidos. Su biodiversidad y la belleza de los paisajes está resguarda por las

leyes. De esta forma, cualquier persona física o jurídica que atente mediante sus acciones contra el medio ambiente será sancionada. Según el art. 330 del Código Penal Español, se establece una pena de hasta tres años de prisión para quienes cometan un delito que afecte a los espacios naturales protegidos.

Delitos de explotación de actividades peligrosas

Otra de las modificaciones de la LO 1/15 de 30 de marzo es la división de los supuestos de contaminación industrial. Para que constituya delito debe cumplir con ciertos requisitos.

  • La explotación de instalaciones en las que se lleven a cabo actividades peligrosas, el almacenamiento o utilización de sustancias peligrosas.
  • El incumplimiento de las disposiciones normativas reguladoras del tipo de actividades o alguna de las leyes.
  • Una situación de peligro grave para el bien jurídico protegido independientemente que el resultado.
  • Actuación dolosa, bastando el dolo eventual por lo que cabe el grado de tentativa.

Agravantes

Las penas aumentan cuando se presentan alguno de los siguientes supuestos:

  • Instalaciones de industrias o actividades clandestinas, sin la autorización correspondiente otorgada por el órgano competente.
  • Desobediencia a las órdenes expresas de la administración de corrección o suspensión de la actividad.
  • Obstaculización de la inspección.
  • Falseamiento u ocultamiento de documentación referida a los aspectos ambientales.
  • Riesgo de deterioro catastrófico.
  • Extracción de agua en periodos en que existe prohibición.

Penas de personas jurídicas

  • Multa de seis meses a dos años o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad fuese más elevada.
  • Multa de uno a tres años o del triple a cuádruple cuando la cantidad fuese más elevada y si en igual situación a una persona física le correspondiera más de dos años de prisión.

Para la protección, defensa y actuaciones jurídicas diferentes con este tipo de delitos contra el medio ambiente, lo más recomendable es la elección de un buen abogado.

Nicolás Marchal González
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