¿Qué derechos pueden afectarse en un estado de alarma?

Derechos que afecta el estado de alarma

Los conceptos y normativas sobre el estado de alarma, excepción y sitio, están basados en la Ley orgánica 4/1981 del 1 de junio y en concordancia con el artículo 116 de la Constitución Española, que afirma que el estado de alarma podrá ser decretado por 15 días, comunicándolo al Congreso, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado.

Solo cuando se llega al estado de excepción, según la Ley, es cuando se empieza a hablar de orden público. Es decir, que las medidas que se adoptarán como consecuencia de dictar un estado de alarma, no tienen el grado de intensidad que es admisible si se implantan en un estado de excepción o de sitio. En un estado de alarma, no cabe la suspensión de los derechos fundamentales.

¿Qué es el estado de alarma y en qué se diferencia con el de excepción y de sitio?

El estado de alarma está previsto para todas aquellas situaciones de crisis sanitarias, catástrofes naturales, o de paralizaciones de los servicios públicos. Este estado excepcional debe ser declarado por el Gobierno mediante decreto por un plazo máximo de quince días, determinando el ámbito territorial de aplicación.

El Gobierno puede limitar la circulación o permanencia de vehículos o personas en determinados lugares, controlando los horarios de circulación. No es necesario dar cuenta al Congreso de los Diputados, salvo que se solicite una prórroga.

El estado de excepción es el estado más duro al que puede recurrir el poder civil y está previsto para aquellas circunstancias en las que el Poder Ejecutivo entiende que no es capaz de asegurar y mantener el orden y los servicios públicos, así como el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Este estado tendrá que ser declarado por el Gobierno y su duración será de treinta días, prorrogables por otros treinta.

Para declarar el estado de excepción o prorrogar uno ya declarado, es necesaria la autorización previa del Congreso de los Diputados. El Gobierno puede detener a quien considere que puede provocar alteraciones de manera fundada, asegurándole un control judicial extraordinario, letrado y habeas corpus.

El estado de sitio habilita al Ejecutivo a poner toda la administración del Estado en manos del Ejército, si considera que existe una insurrección o acto de fuerza que atente contra la soberanía o la independencia de España. Será declarado en todos los casos por el Congreso de los Diputados en pleno.

¿Quién declara el estado de alarma?

El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado con el Consejo de Ministros y para un plazo que no puede superar los 15 días. También deberá poner en conocimiento al Congreso de Diputados, quien deberá resolver inmediatamente el alcance, las condiciones y el ámbito territorial de aplicación.

¿Cómo se prorroga el estado de alarma?

No existe mención alguna sobre los plazos para prorrogar el estado de alarma ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento del Congreso de los Diputados. La prórroga estará directamente vinculada al restablecimiento de la normalidad y su aplicación será proporcional a las circunstancias que la generan. En todos los casos, la aprobación de una prórroga del estado de alarma requiere de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Consecuencias del estado de alarma

Las principales consecuencias de las situaciones de contaminación graves como la de la actual pandemia de coronavirus, son el desabastecimiento de los productos de primera necesidad de la población y, en segundo lugar, la paralización de los servicios públicos esenciales para toda la comunidad. Para proteger todo ello, se pueden imponer las multas correspondientes.

El Estado puede limitar algunos derechos, en relación a los estados de alarma, excepción y sitio, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio.

  • Restringir la libre circulación y la permanencia de personas y de vehículos en determinados lugares y horarios.
  • Realizar requisas temporales que afecten a todo tipo de bienes e imponer gravámenes personales de carácter obligatorio.
  • Intervenir de forma transitoria industrias, explotaciones de recursos, fábricas y talleres.
  • Aplicar un racionamiento sobre el consumo de artículos de primera necesidad y el uso de servicios.
  • Garantizar el adecuado abastecimiento de los servicios de producción afectados.

¿Puede ser inconstitucional el estado de alarma declarado en España?

En estado de alarma no existe la posibilidad de suspender derechos fundamentales. Se trata de imponer ciertas limitaciones, tales como restringir la circulación de los ciudadanos en horas y espacios puntuales. Lo contrario podría dar lugar incluso a un recurso de inconstucionalidad.

Aplicar medidas más restrictivas conllevaría superar los límites del estado de alarma y debería considerarse estado de excepción.

El estado de excepción habilita a suspender algunos derechos, entre los que se encuentran la libre circulación, sin restricciones, por todo el territorio nacional; la entrada y salida de España; el derecho de reunión; la huelga de trabajadores y el conflicto colectivo.

Si existiera inconstitucionalidad en el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, todas las normas que lo modifican serían cuestionadas jurídicamente, así como a todos los actos administrativos que hayan sido adoptados bajo su amparo.

Se incluirían, además, los efectos indemnizatorios a los ciudadanos que se hayan visto perjudicados con las restricciones impuestas por el estado de alarma.

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