¿Cómo actuar ante una infracción urbanística?

Proceso ante una infracción urbanística

Una infracción urbanística es una omisión o acción contraria a las permitidas según la normativa de urbanización vigente. Cada Comunidad Autónoma posee competencia para las medidas sancionadoras relacionadas con el orden del territorio y urbanismo. Asimismo, deben responder y respetar a la Ley 39/2015 del 1 de octubre en cuanto al procedimiento sancionador y a la Ley 40/2015 de 1 de octubre en lo que concierne a principios de la potestad sancionadora.

Estos casos se detectan, en lo general, por dos vías. Por un lado, es la propia administración la que advierte la anormalidad durante una inspección. Por otro, un particular realizar una denuncia de infracción urbanística en los entes competentes.

Tipos de infracción

Las infracciones urbanísticas tienen como consecuencia sanciones y la indemnización por daños y perjuicios. Son los responsables quienes deben responder por ellas según lo determine el procedimiento administrativo. Existen dos tipos de sanciones de infracción urbanística recogidas en la legislación estatal, aunque otras regulaciones dan tres clasificaciones.

Infracción urbanística leve

Se incluyen en este supuesto aquellas que no puedan catalogarse como graves o muy graves. Por lo general son omisiones en la solicitud de permisos, es decir, una falta a las ‘formalidades’. También se puede incluir una infracción urbanística considerada grave, pero que se demuestra un riesgo o daño menor.

Infracción urbanística grave

En la práctica hay acuerdo en clasificar como faltas graves aquellas que conlleven un incumplimiento en el ordenamiento sobre parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y resto de parámetros urbanísticos. Se incluyen también la obstaculización del trabajo en inspección o el incumplimiento de las responsabilidades asumidas con la Administración, entre otras.

Muchas Comunidades Autónomas en sus regulaciones incluyen la categoría de ‘infracciones urbanísticas muy graves’. En ellas se incluyen las parcelaciones urbanísticas en suelos no urbanizable, acciones que afecten a espacios comunes o verdes, ausencia de planificación para la ejecución de obras, demolición de bienes con protección.

Restauración de la legalidad urbanística

Las infracciones urbanísticas ilegales conllevan a un procedimiento administrativo por el cual se puede solicitar la restauración de la legalidad urbanística. Es decir, en caso de omisión, ejecución de obra sin licencia e incumplimiento del plazo que da la Administración para solicitar la autorización correspondiente, se dispone la rectificación.

Estas operaciones consisten en la demolición de lo construido sin licencia, la reconstrucción de demoliciones indebidas; la reagrupación de parcelas y todas las actuaciones necesarias para devolver la legalidad urbanística. La infracción urbanística tradicionalmente daba a la Administración un plazo de 5 años para tomar las medidas. Las infracciones urbanísticas según la nueva normativa le otorgan 15 años de plazo, a partir de la finalización de la obra, para solicitar la restauración de la legalidad urbanística.

Responsables de la infracción

Aunque cada Comunidad Autónoma posee sus propias regulaciones en materia de Suelo y Urbanismo, todas parten de la legislación estatal y se tomará esta última para declarar los responsables de la infracción. Frente a una infracción urbanística se pueden abrir dos expedientes, uno sancionador y otro administrativo dirigido a la restauración, ambos independientes entre sí.

El expediente para la protección de legalidad, según el Real Decreto 2187/1978 de 23 de junio, establece que son responsables de la infracción los promotores de la obra y sus causahabientes. Por lo tanto, el comprador de una casa también será responsable en el procedimiento administrativo.

Las Comunidades Autónomas tienen la competencia de abrir, por su parte, un expediente sancionador. En este caso, son considerados responsables el promotor, el técnico director y el empresario de las obras. Los compradores de la casa con irregularidades legales según ordenamiento de suelo y urbanización, no podrán recibir sanción alguna.

Medidas cautelares

Las medidas cautelares son parte de un procedimiento en lo Contencioso Administrativo por las cuales puede solicitarse, por ejemplo, la suspensión de las disposiciones de ordenanza y planeamiento. Se deben presentar por escrito con un recurso de interposición en el procedimiento ordinario o en la demanda en caso abreviado.

La finalidad de las diferentes medidas cautelares es validar la efectividad de la sentencia. Las mismas deben ser adecuadas, suficientes y no excesivas para dar valor a las circunstancias y no convertirse en sí mismas un obstáculo.

Infracción urbanística: prescripción

En lo relativo a la prescripción de una infracción urbanística, hay que diferenciar prescripción de la infracción y prescripción de la sanción. Realmente, ninguna de las dos prescripciones convierte a la obra en legal, por lo tanto podría considerarse que son infracciones urbanísticas que no prescriben.

La prescripción de la infracción es el plazo que tiene la Administración para imponer una multa económica a los responsables. No se refiere en este caso al plazo para ordenar la restauración de la legalidad de urbanización.

La prescripción de la sanción es el periodo para cobrar la sanción impuesta, siempre que no estén en procedimiento de embargo. En ambos casos dependerá de las tablas correspondientes a las Comunidades Autónomas.

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