Las autoridades públicas o funcionarios están en una posición de poder con respecto al resto de ciudadanos a causa de las peculiares características de su trabajo. La Constitución Española indica en su artículo 103 que la Administración del Estado sirve con objetividad los intereses generales. Además, actúa de acuerdo con ciertos principios, como la eficacia, la jerarquía o la coordinación. Para ello se ha de someter plenamente a la ley y al Derecho. Estos principios recaen en los funcionarios públicos, que han de cumplir su cometido con objetividad y profesionalidad, de manera que han de generar confianza en la sociedad. Una de las infracciones más graves que pueden cometer a causa de su posición laboral es el delito de prevaricación.
De esta forma, todas las autoridades públicas están obligadas a aplicar correctamente la ley. De lo contrario podrían estar realizando un incumplimiento de sus deberes como empleados públicos, produciéndose un abuso de autoridad. Si se vulnera la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la Administración la seguridad jurídica se ve afectada. Para que esto no ocurra el Código Penal prevé una serie de delitos contra la Administración pública en sus Títulos XIX y XX. A continuación se desarrolla su contenido, que trata acerca de la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos.
Conducta básica de la prevaricación cometida por funcionario
Como ya se ha indicado, el delito de prevaricación se regula en el Código Penal, en los artículos 404 a 406. Según indica esta ley, la prevaricación consiste en la emisión de una resolución arbitraria emitida en un asunto administrativo por una autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. La arbitrariedad mencionada implica que se dicta dicha resolución con conocimiento de que es injusta, por lo que se trata de un delito doloso. ¿Pero a qué clases de resoluciones afecta el delito de prevaricación? Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se entiende «resolución» como cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno (STS 1614/2018).
Por otro lado, se establecen otras modalidades del delito de prevaricación. De esta manera, también será culpable de cometer esta infracción la autoridad o funcionario público que proponga, nombre o dé posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, siempre en el ejercicio de su competencia laboral y cuando sea consciente de la ilegalidad del hecho. En otras palabras, estamos hablando de los nombramientos ilegales. Aquí el funcionario nombra o propone para el ejercicio de un cargo público a una persona que no cumple los requisitos legales que se exigen en cada caso. Asimismo, también será culpable de prevaricación la persona que acepte esta propuesta, nombramiento o toma de posesión cuando sea consciente de que carece de las características legalmente exigibles.
Diferencias y similitudes entre el delito de prevaricación y el delito de cohecho
El delito de prevaricación está estrechamente relacionado con el delito de cohecho. Esto se debe a que el sujeto activo es una autoridad o funcionario público que comete el tipo penal abusando de su posición de poder. Ambos tipos de delitos se regulan en el Título XIX del Código Penal. Sin embargo, el delito de cohecho está más relacionado con el soborno, ya que aquí el funcionario recibe o solicita un precio o una retribución de cualquier clase para que, en el ejercicio de su cargo, realice un acto que es contrario a los deberes inherentes a su posición laboral, o bien para no realizarlo o para retrasar sin motivo justificado un acto que deba practicar.
La autoridad y el funcionario público según el Código Penal
El Código Penal define el término de autoridad y funcionario público a efectos penales. Según el artículo 24.2, un funcionario público es toda aquella persona que participa en el ejercicio de sus funciones públicas por elección, por nombramiento de una autoridad competente o por una disposición inmediata de la ley. La autoridad pública requiere un grado de responsabilidad mayor, tal y como se extrae de la lectura del artículo 24.1. Así, se reconocerá como autoridad a aquel que tenga mando o ejerza una jurisdicción propia, ya sea por si solo o como miembro de una organización, tribunal u órgano colegiado. Pero el Código Penal añade que en todo caso serán considerados como autoridades los miembros del Parlamento Europeo, del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y también se reputará autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal.
La prevaricación judicial
La prevaricación judicial es una de las más conocidas a nivel popular. Este tipo penal se recoge en otro apartado del Código Penal, en el Capítulo Primero del Título XX, que recoge los delitos contra la Administración de Justicia. Según el artículo 446, serán culpables de prevaricación los jueces o magistrados que dictan una sentencia o una resolución injusta cuando son conscientes de su parcialidad.
Es decir, el sujeto activo solo puede ser un juez, magistrado, secretario judicial (ahora llamado letrado de la Administración de Justicia) o cualquiera de los funcionarios judiciales adscritos al servicio de la Administración de Justicia. Se trata de un delito especialmente grave que vulnera, entre otros, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, constitucionalmente protegido en el artículo 24 de la Constitución Española. Se trata de un delito doloso, ya que el funcionario tiene la intención de emitir una sentencia injusta a sabiendas de su ilegalidad o arbitrariedad.
La pena a imponer por la comisión de un delito de prevaricación judicial varía en función de la causa criminal que afecte a la sentencia o resolución injusta. Esto implica que el castigo será más grave si se está resolviendo una causa penal por delito grave o menos grave, dependiendo la pena de si la sentencia ha llegado o no a ejecutarse. Por el contrario, la pena será menor si se trata de una sentencia injusta contra el culpable en un proceso por delito leve.
Los diferentes tipos de prevaricación judicial
Además, el delito de prevaricación judicial dolosa que acabamos de estudiar, este tipo penal se puede cometer de diferentes formas previstas en los artículos 447 a 449. De esta forma, se establecen los siguientes tipos de prevaricación que pueden cometer los jueces y magistrados:
- La prevaricación culposa. En estos supuestos el funcionario dicta una sentencia manifiestamente injusta por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable. No se requiere la intención dolosa del juez, sino que es un caso que afecta a la negligencia del profesional.
- La negativa a juzgar. Esta cuestión se presenta cuando el magistrado se niega a juzgar sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley. De nuevo este tipo de prevaricación afecta al derecho a la tutela judicial efectiva y tiene la consecuencia directa que deriva en el derecho a obtener una resolución fundada en derecho.
- El retraso malicioso en la Administración de Justicia. El Código Penal define como «malicioso» el retardo provocado para obtener un resultado ilegítimo. Esta modalidad del delito la pueden cometer los jueces y magistrados, pero también los funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia. Esto se debe a que estos también pueden provocar dilaciones indebidas que afecten a una vulneración de la tutela judicial efectiva.
¿Qué penas lleva aparejada la prevaricación?
A continuación se indican las penas previstas en el Código Penal para los diferentes tipos de prevaricación. Como se verá más adelante, la reforma de este texto en 2015 introdujo el endurecimiento de estas penas. Esto se debe, entre otros motivos, a la especialidad peligrosidad de la comisión de estos delitos, ya que ponen en riesgo la confianza de los ciudadanos en la Administración Pública y, por consiguiente, en el propio Estado.
Las penas que conlleva la prevaricación básica cometida por funcionario
En el primero de los casos, cuando el funcionario o autoridad pública dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo que sepa que es injusta, se le castigará con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y también para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante un periodo comprendido entre los nueve y los 15 años. En los supuestos de nombramientos ilegales se impone la misma pena para el funcionario que proponga, nombre o dé posesión de un cargo público como para la persona que acepte este nombramiento o propuesta. Para estos delitos se prevé una pena de multa de tres a ocho meses. Además, el funcionario público o autoridad tendrá un castigo añadido que consiste en la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Una de las novedades que introdujo la reforma del Código Penal de 2015 fue la elevación de las penas previstas para los culpables de prevaricación. De esta manera, se subía la pena relativa a la inhabilitación especial para empleo o cargo público, pasando de un castigo de siete a diez años a otro de nueve a 15 años, al que además se le añadía la pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho sufragio pasivo. También la suspensión de empleo o cargo público prevista en el artículo 405 aumenta su periodo, ya que esta era de seis meses a dos años y ahora está fijada en un castigo de uno a tres años. La consecuencia directa es que los plazos de prescripción de este delito y sus diferentes modalidades también aumentan.
Las penas de la prevaricación judicial
En los casos de resolución o sentencia injusta dictada arbitrariamente por un juez o magistrado en una causa criminal por delito grave o menos grave se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años si la sentencia no se hubiera ejecutado. Si la sentencia se ha ejecutado se impondrá aquella pena en su mitad superior, además de multa de 12 a 24 meses. Asimismo, en ambos supuestos se castigará al juez o magistrado con la pena de inhabilitación absoluta de diez a 20 años.
Por el contrario, si se trata del enjuiciamiento de un delito leve se sancionará al culpable con la pena de multa de seis a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si se trata de cualquier otra sentencia o resolución injusta la pena correspondiente será de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a 20 años.
Para los supuestos de una sentencia o resolución injusta por imprudencia grave o ignorancia inexcusable se prevé una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. Por otro lado, la negativa del juez o magistrado a juzgar se castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a cuatro años. Por último, el retardo malicioso en la Administración Pública se castiga con la misma pena que la negativa a juzgar. Esta pena se impondrá en su mitad inferior cuando el retraso se deba a un funcionario distinto de los sujetos activos anteriormente mencionados.
Ejemplos de prevaricación
Hay un ejemplo muy claro de prevaricación administrativa que llevamos alrededor de un año viendo en los medios de comunicación. Se trata del asunto de los títulos universitarios y másters de la Universidad Rey Juan Carlos. La mayoría de los profesores de la universidad son funcionarios públicos del Estado, por lo que pueden ser sujetos activos de este tipo penal. El famoso caso del máster de Cristina Cifuentes se investigó por una posible comisión de los delitos de cohecho impropio y prevaricación. Otro caso claro de prevaricación administrativa se da cuando un cargo público, como el presidente del Estado, nombra ministro a uno de sus familiares u otorga una licencia de obra a un amigo a sabiendas de que carece de las características legales que exige el cargo.
En cuanto a la prevaricación judicial, normalmente tenemos que desplazarnos hasta los tribunales para ver ejemplos. Es el caso del juez que retrasa de forma intencionada la resolución de un proceso sin ninguna causa. También ocurre cuando un magistrado se niega a emitir una sentencia porque es posible que le perjudique. Otros supuestos suceden cuando un juez emite una sentencia arbitraria que favorece al culpable a sabiendas de que es contraria a las leyes porque el acusado le caía bien, o cuando un magistrado comete una grave negligencia inadmisible en su resolución judicial.
