Procedimiento administrativo electrónico, ¿Indefensión del ciudadano?

Procedimiento administrativo electrónico

El procedimiento administrativo electrónico se regula a través de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Dichas leyes vienen a regular el uso de los medios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas.

¿Qué es el procedimiento administrativo electrónico?

Es aquel procedimiento administrativo que se tramita mediante la utilización de medios electrónicos, con el fin de simplificar el procedimiento. Como por ejemplo, a través de la presentación de todo tipo de documentos por vía electrónica, realización de todos los actos de instrucción, adopción de la resolución pertinente, etc.

De esta forma, de manera telemática se presenta la solicitud de iniciación, bien a instancia de parte o de oficio, que deberá contener, entre otros, los siguientes extremos:

  • Identificar el medio electrónico a través del cual se van a practicar las notificaciones.
  • Código de identificación del órgano a la que se dirige la solicitud. Este Código lo va a proporcionar la Administración.

Una vez presentado se  forma el expediente administrativo electrónico y se iniciará el procedimiento administrativo. Todo ello de manera telemática.

En dicho expediente se contendrán todos los trámites, tales como, actos de instrucción necesarios para la comprobación y resolución de los hechos, documentación y la resolución que recaiga en el correspondiente expediente.

Si de la resolución que se dicte en el procedimiento nace una obligación de pago, la misma se hará a través de la plataforma de pagos de la Administración Pública.

¿Quiénes están obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos?

La Ley establece que están obligados a relacionarse con la Administración los siguientes grupos:

  • Todas las personas jurídicas, además de las entidades sin personalidad jurídica.
  • Aquellas personas que ejercen una actividad profesional en la que se requiera colegiación obligatoria. Solo estarán obligadas a relacionarse con la Administración pública de forma electrónica en aquellos trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de la misma.
  • Empleados de la Administración Pública en aquellos trámites y gestiones que realicen con dicha entidad por razón de su cargo. Se incluyen en este supuesto los Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
  • Quienes representen a un interesado que este obligado a relacionarse por medios electrónicos con la Administración Pública.

Mediante desarrollo reglamentario podrá ampliarse a más sujetos la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración.

La elección del usuario y la potestad de la Administración

En cuanto a las personas físicas, estas podrán elegir si se comunican o no a través de medios electrónicos con la Administración en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  El medio elegido para comunicarse con la Administración podrá ser modificado en cualquier momento.

Indicar que la Administración tiene potestad para establecer la obligación de relación, por medios electrónicos en determinados procedimientos. También para algunos colectivos que atendiendo a  su capacidad económica, capacidad técnica, dedicación profesional u otros motivos, queda acreditado que tienen capacidad de acceso y disponibilidad a los medios electrónicos necesario para relacionarse con la Administración por esta vía.

La Administración también tiene el deber de garantizar  la relación con ella por medios electrónicos. Poniendo a disposición de los interesados los pertinentes canales de acceso  y los sistemas y aplicaciones necesarias para que pueda realizarse esta relación de forma satisfactoria.

Puede parecer que la obligatoriedad de relación por medios telemáticos de determinados colectivos, implica una barrera en sus relaciones con la Administración Pública implicando una pérdida de derechos.

¿Qué derechos se regulan en la LPAC?

En sus relaciones con las Administraciones Públicas los ciudadanos tendrán los siguientes derechos:

  • Derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
  • Ser asistidos en el uso de medios telemáticos en sus relaciones con la Administración.
  • Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. El procedimiento se tramitará en la lengua que elija el interesado excepto en el caso de que hubiese varios interesados y hubiera discrepancia en cuanto a la lengua a utilizar. En este caso se utilizará el castellano, si bien los documentos que soliciten los interesados se les expedirán en la lengua que elijan.
  • Acceder a la información pública, archivos y registros.
  • Derecho a ser tratados con respeto por los empleados públicos, que deberán facilitar el ejercicio de sus derechos, así como el cumplimiento de sus obligaciones.
  • Exigir responsabilidad de las Administraciones cuando corresponda.
  • Derecho a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica pertinentes para sus relaciones con la Administración.
  • Protección de los datos de carácter personal así como la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los sistemas y ficheros de las Administraciones públicas.

Ventajas e inconvenientes del procedimiento administrativo electrónico

Como beneficios de la aplicación del procedimiento administrativo electrónico, podemos destacar:

  • Simplificación de los trámites.
  • Rapidez y celeridad.
  • Agilidad. Por ejemplo en los casos en que de la resolución nazca una obligación de pago, el abono del mismo se realizará a través de medios electrónicos.
  • Ahorro de costes
  • Transparencia
  • Normalizar el uso de firma digital

En cuanto a las desventajas que puede implicar este procedimiento, podemos citar como inconvenientes,

  • Que el uso de medios telemáticos puede parecer que reduce los derechos de los interesados a comparecer y relacionarse con la administración al ser un procedimiento nuevo y electrónico.
  • Dicha implantación de medios telemáticos supone un desembolso económico que no todos los ciudadanos pueden asumir. Además de que es difícil que ciertos colectivos por su edad vayan a relacionarse de manera telemática con la Administración.
  • No todas las Administraciones Públicas han implantado los medios electrónicos a la vez, lo que puede dificultar el inicio y tramitación de los procedimientos y no ser estos fáciles de utilizar.
  • A las anteriores han de sumarse, en ocasiones, los problemas técnicos a la hora de la presentación de la solicitud de inicio, presentación de documentos, alegaciones o recogida de notificaciones o resoluciones. También presenta problemas, en varias ocasiones, el pago electrónico. La mayoría de las veces estos problemas técnicos tardan en resolverse.

Sería recomendable, en aras de utilizar correctamente el procedimiento administrativo electrónico, para que no perjudique a los ciudadanos ni afecte negativamente a sus relaciones con la Administración, el asesoramiento de un experto en derecho administrativo.

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