¿Sabes qué es el delito de sedición en España?

El delito de sedición

Existe un aforismo jurídico, de origen remoto pero plenamente vigente en la actualidad, que atribuye a los jueces el conocimiento de las leyes a aplicar en cada caso concreto: iura novit curia. Tal principio proporciona a los ciudadanos la tranquilidad de saber que quien juzga domina la normativa en profundidad. El problema surge cuando avanzando un poco más en el mundo de la legalidad descubrimos que el derecho es una ciencia interpretable no una ciencia exacta.

Los anteriores criterios se erigen en importantes puntos de partida a tener en cuenta en algunos asuntos de gran repercusión social y mediática, como sucede con la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre de 2019 en materia de los acontecimientos independentistas de Cataluña. ¿Delito de sedición o de rebelión?

Vamos a tratar de aclarar en este artículo, algunos conceptos jurídicos que rodean al referido tema.

¿Qué es el delito de sedición?

Nuestro Código Penal, en su Título XIII, regula los llamados delitos contra el orden público, en los artículo 544 a 556.

Su origen lo encontramos ya en el Derecho Romano, en el llamado delito de tumultus. En la época medieval, en las Partidas, quedó regulado con el nombre de asonada, entendiendo por tal: «el ayuntamiento que hacen las gentes unas con otras para hacerse mal».

Pero volviendo a nuestro tiempo, es de destacar una Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 10 de octubre de 1980, en la que delimitaba el concepto de este tipo penal explicando que se trata de un delito plurisubjetivo, de los llamados de convergencia, así como un delito de resultado cortado, es decir que no precisa la consecución del fin pretendido para ser reconocido.

El vigente Código Penal, lo define en el artículo 544 como aquel alzamiento público y tumultuario, distinto a la rebelión, y que tiene por objetivo impedir de forma coactiva, la normal aplicación de las leyes o el funcionamiento de las instituciones públicas así como la efectividad de los acuerdos alcanzados por estas o las resoluciones administrativas o judiciales.

Entre sus elementos esenciales podemos destacar:

Alzamiento tumultuario

Supone la exigencia de una colectividad, un grupo de personas de relevante entidad.

El sujeto pasivo es el Estado

Esto significa que el destinatario principal de la acción delictiva es el Estado entendido en su conjunto o por el ataque a cualquiera de sus instituciones.

Finalidad: Impedir el normal funcionamiento del Estado Democrático

Se trata, por tanto de un entorpecer el funcionamiento legítimo de las instituciones estatales, de impedir la normal aplicación de las leyes o la actuación de la autoridad competente.

Delito de actividad no de resultado

Esto supone que el alzamiento en sí ya constituye el delito, sin necesidad de que se logre el objetivo de dicha actuación tumultuaria. Por tanto no cabe tentativa.

Modalidades

Podemos diferencias entre aquellos casos de sedición que persiguen impedir el funcionamiento normal del Estado de derecho, a través de alguna de las siguientes manifestaciones:

  1. Impedir la aplicación de la Ley.
  2. Imposibilitar el ejercicio por parte de cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público de sus funciones.
  3. Obstaculizar el cumplimiento de los acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Penas por el delito de sedición

Establece el artículo 545 del Código Penal, una pena de prisión de ocho a diez años para todo aquel que hubiera inducido, sostenido o dirigido las actuaciones sediciosas, comportándose como sus principales autores.

En el caso de que los autores del delito de sedición fueran autoridad, la pena se incrementa y oscilará entre los diez y los quince años.

Tanto en uno como en otro caso, a la pena de prisión le acompañará la de inhabilitación absoluta.

También prevé el Código Penal un tipo atenuado, para el que establece unas penas inferiores en uno o dos grados, se trata de aquellos supuestos en los que los actos sediciosos no alcanzan la entidad suficiente como para estimarse un obstáculo grave a la actuación de la autoridad pública competente.

Del mismo modo, la conspiración, provocación o proposición para la sedición, recibirán penas inferiores en uno o dos grados a las que corresponderían para lo autores principales.

Existe cierta conexión entre los delitos de rebelión y sedición en cuanto a penas aplicables se refiere, así el artículo 480 dispone la exención de la pena para quien encontrándose implicado en la comisión de actuaciones sediciosas, lo ponga en conocimiento de las autoridades pertinentes para evitar su consumación o sus efectos.

El delito de rebelión y sedición y la situación en Cataluña

El delito de rebelión, viene recogido en los artículo 472 y siguientes del Código Penal, entre los delitos contra la Constitución Española.

La rebelión se define como aquel alzamiento violento y público cuyo objetivo principal no es otro que atentar directamente contra la Constitución como base del Estado de derecho.

Concretamente el Código Penal relaciona los posibles objetivos de este tipo delictivo:

  1. Derogar, suspender o modificar la Constitución, ya sea en su totalidad o en alguna de sus partes.
  2. Despojar al Rey de sus potestades u obligarle a ejecutar una actuación en contra de su voluntad.
  3. Impedir la libre elección de cargos públicos.
  4. Disolver las Cortes Generales o cualquier Asamblea Legislativa autonómica o impedir su normal funcionamiento.
  5. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
  6. Sustituir al Gobierno o Consejo de Gobierno estatal o autonómico o privarles de sus facultades esenciales.
  7. Privar de la obediencia debida al Gobierno, a cualquier fuerza armada.

Las penas a imponer en el caso de la rebelión son considerablemente superiores a las previstas para el delito de sedición, así en nuestra historia jurídica sólo podemos hablar de una condena por rebelión para el caso del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, en la que impusieron condenas de 30 años para sus principales autores: Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch.

Sentencia del Proces

El pasado 14 de octubre de 2019 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó Sentencia por los hechos acaecidos en Cataluña en el año 2017 por el proceso secesionista acometido por parte de sus instituciones parlamentarias.

Dicho procedimiento suscitó gran controversia por la calificación de los hechos, a distintos niveles, tanto jurídico, como periodístico como social, ya que supuso una fuerte conmoción para todos los ámbitos nacionales e incluso internacionales.

La diatriba principal quedó simplificada entre los que opinaban que los hechos eran a todas luces susceptibles de ser calificados como delito de sedición, y los que opinaban que se encajaban a la perfección en el delito de rebelión.

Finalmente el Alto Tribunal optó por estimar que nos encontramos ante un delito de sedición. Su argumentación principal para sostener esta calificación radicaba en que si bien es cierto que en los hechos enjuiciados hubo violencia, elemento propio de la rebelión y cuya presencia parece que hace inclinar la balanza hacia esta calificación más severa en sus penas; lo cierto es que la violencia debería haber sido in claro instrumento funcional y directo para la consecución de los fines perseguidos de independencia.

Según el Supremo en el caso del proces » No basta con la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión»

Entiende el Tribunal, que los acusados eran conocedores de que el referéndum promovido, sin legitimidad y sin la más mínima garantía que dotara de credibilidad a su resultado, nunca sería homologado y aun así persistieron en la movilización a la ciudadanía, con el único objeto de presionar al Estado.

Cerraré este artículo tal y como lo empecé: el Derecho no es una ciencia exacta si no interpretable.

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