¿Qué es el delito de tráfico de influencias?

Tráfico de influencias

El delito de tráfico de influencias es un delito contra la administración pública, tipificado en el Código Penal Español. Un sujeto, aprovechando sus facultades a cargo como autoridad o funcionario público o de una relación con otra autoridad, actúa con el objetivo de sacar una resolución beneficiosa.

Tanto particulares como personas jurídicas son sujetos posibles de comisión delictiva en el tráfico de influencias. Las sanciones penales se tipifican según el tipo de persona que lo cometió, el cargo y se agrava con la obtención del resultado.

¿Cuál es el bien jurídico protegido?

El bien que se protege es la eficacia e imparcialidad de la Administración Pública. Las instituciones públicas deben ser objetivas y al servicio de todos los ciudadanos. Estas conductas delictivas en búsqueda de ventajas privadas atentan contra la naturaleza constitucional de los instrumentos públicos.

Requisitos para la constitución del delito de tráfico de influencias

Tanto los particulares como las personas jurídicas pueden cometer este delito al influenciar sobre la autoridad o funcionario público. Del mismo modo sucede cuando se realiza un ofrecimiento para influenciar.

  • Participación de un sujeto activo que ostente autoridad o su relación con éste
  • Influencia en una resolución aprovechando la condición de autoridad o la relación con ésta
  • El objetivo es conseguir un beneficio económico
  • No es necesario que se obtenga la resolución perseguida

En todo delito de tráfico de influencia existe culpabilidad dolosa. No hay lugar a la comisión del delito por imprudencia. Cuando se habla de perseguir una resolución beneficiosa con prevalencia subyace la intención o voluntad del sujeto.

Comisión del delito de influencia por autoridades o funcionarios públicos

Una autoridad o funcionario público influye sobre otro funcionario público o autoridad. Como medio hace prevaler sus facultades o relaciones personales o de jerarquía con la otra parte o con una tercera autoridad. El objetivo es el logro de un beneficio económico para sí o para terceros de manera directa o indirecta.

Penas

En el supuesto que se declare la culpabilidad de una autoridad o funcionario público, el Código Penal, art. 48, establece:

  • Pena de prisión de 6 meses a 2 años.
  • Multa del duplo del beneficio perseguido u obtenido.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público y sufragio pasivo de 5 a 9 años.

Estas sanciones serán aplicadas en su mitad superior cuando se haya obtenido el resultado perseguido.

Delito de tráfico de influencias por un particular

Es un particular quien hace prevalecer su relación con una autoridad o funcionario para influir sobre éste o sobre otro que, a su vez, mantenga relación con éste. Esta influencia tiene como objetivo una resolución beneficiosa para sí o para un tercero.

Penas

El artículo 429 del Código Penal sanciona a los particulares que cometieran delito de tráfico de influencia con:

  • Pena de prisión de 6 meses a 2 años.
  • Multa del duplo del beneficio perseguido u obtenido.
  • La prohibición de realizar contratos con el sector público.
  • Inhabilitación para obtener ayudas fiscales, de la Seguridad Social, subvenciones o ayudas públicas de 6 a 10 años.

Cuando la resolución perseguida se obtuvo, se aplicarán las penas en su mitad superior.

Ofrecimiento para realizar tráfico de influencias

Cualquier persona que se ofrezca para influir sobre una autoridad o funcionario público. Para mayor precisión, es el caso de un sujeto que se ofrece para la realización de conductas que se describen en los artículos 428 y 429. El solo hecho del ofrecimiento a cambio de dádivas, presentes, remuneración o promesa, implica delito según lo expresa el artículo 430 del Código Penal.

Penas

  • Ofrecimiento de un particular: Prisión de 6 meses a dos años.
  • Ofrecimiento de Autoridad o Funcionario Público: Igual al anterior y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y sufragio pasivo de 1 a 4 años.

Delito de tráfico de influencias y personas jurídicas

En el supuesto que el delito lo cometiese una persona jurídica, se establecen multas de 6 meses a 2 años. Si los jueces consideren que existe gravedad en el caso tienen el derecho a aplicar también:

  • Suspensión de las actividades por un plazo determinado.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Clausura de los establecimientos comerciales por un plazo.
  • Pérdida de la posibilidad de hacer contratos con el sector público.
  • Inhabilitación para la adquisición de ayudas públicas, subvenciones.

Diferencia entre delito de tráfico de influencias y cohecho

Son dos conceptos que se asemejan, pero tienen una diferencia básica basada en lo más técnico de la definición.

En el delito de cohecho, el concepto es más amplio. La dádiva o favor se dirige a que el funcionario público o autoridad realice un acto que sea contrario a su deber. También se incluye que retrase o haga omisión de sus deberes de manera injustificada como consecuencia de la dádiva o favor.

Cuando se habla de delito de tráfico de influencias, se utiliza el término resolución que limita el campo de acción. Es decir, solo es delito cuando se busca una resolución beneficiosa económica. Queda fuera cualquier otra acción que, a pesar de ser indebida, no tenga ese objetivo. Con esta diferencia clara se entiende que los actos de trámites, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, no implican una resolución en su definición técnica. Por todo ello, no constituyen el delito de tráfico de influencia.

Para la defensa y asesoramiento sobre este tipo de delitos, lo mejor es la consulta a un profesional jurídico. En la actualidad, este tipo de gestiones pueden hacerse de forma online.

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