Violencia de género en menores, regulación y formas de actuación

Violencia de género en menores

Por desgracia vivimos en una sociedad en la que la violencia de género ocupa un espacio devastador innegable. Son muchos los informativos que abren sus emisiones con aterradores sucesos en los que se nos habla de asesinatos de cónyuges, exparejas o novias, y a los que cada vez nos vamos habituando con mayor facilidad dada su frecuencia.

Vamos a dedicar este artículo a dar luz a un apartado de la violencia de género, sobre el que no se suele hablar mucho: la violencia de género sobre los menores de edad y el tratamiento legal de esta materia en nuestro ordenamiento jurídico.

Grados y realidad de la violencia de género en menores

El pasado año se llevó a cabo un estudio a nivel nacional sobre la incidencia de la violencia de género en los menores, y sus resultados fueron desoladores.

Preguntadaqs las mujeres víctimas de este tipo de violencia, que en el momento de padecerla tenían hijos, sus respuestas fueron las siguientes:

  • El 61% reconoció que sus hijos habían sido testigos directos o indirectos de los actos violentos ejercidos sobre ellas por sus parejas, siendo menores de edad en un 90%.
  • Pero lo que es aun peor, el 52% de los hijos de mujeres que padecían este tipo de violencia, también habían sufrido de forma directa las agresiones.
  • La mencionada encuesta concluía que, en el año 2019, 1.678 959 menores conviven en hogares en los que la madre es víctima de algún tipo de violencia de género.

A la vista de estos datos, podemos afirmar que los menores pueden ser víctimas de violencia de género tanto de forma directa, por las agresiones de todo tipo ejercidas contra ellos, como de forma indirecta. En este segundo caso serán víctimas indirectas, bien sea por los daños psicológicos ocasionados al presenciar tales actos o, a través de la llamada violencia vicaria. Esta última supone la instrumentalización de los hijos como mecanismo para producir aun más daño a la madre.

Las consecuencias sobre los niños de esta violencia pueden ser de muy diversa índole, implicando siempre un detrimento en su desarrollo físico y emocional.

Este daño se traduce en:

  • Trastornos fisiológicos y psicológicos.
  • Fracaso escolar y dificultades en las relaciones con compañeros.
  • Conductas agresivas tanto consigo mismos como con terceros.
  • Adopción de estereotipos sexistas y conductas propias de adultos.
  • Se erigen como protectores a ultranza de sus hermanos menores o incluso de su madre.

Normativa aplicable

Sobre esta materia existen varias normas aplicables:

  • Convenio de Estambul, o Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de 11 de mayo de 2011. Dicho Convenio fue ratificado por España en el años 2014. Según su artículo 1.2 en los supuestos de violencia de género sobre la mujer, los menores siempre son víctimas y por tanto, es preciso protegerlos.
  • Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta Ley ha sido modificada a su vez, por la LO 8/2015 de 22 de julio de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. La modificación introducida por la LO 8/2015 en la Ley reguladora de la Violencia de Genero 1/2004, ha sido esencial en la protección a los menores. Ha supuesto extender la protección, que hasta ahora se ofrecía tan solo a la mujer, a sus hijos menores o sometidos a su tutela. La citada LO 8/2015 reconoce como «singularmente atroz» la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar presidido por este tipo de conductas agresivas.
  • La LO 4/2015 de 27 de abril, de Modificación del Estatuto de la Víctima del Delito. Supone una importante modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 544. Se contempla la doble opción de considerar a los hijos menores como víctimas directas o indirectas del delito de violencia de género ejercido sobre sus madres, o bien sobre ellos directamente.

¿Qué jurisdicción es la competente?

La citada Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dio lugar a la creación de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

Estos Juzgados especializados serán los competentes para conocer, tanto en el orden penal como en el civil, de aquellas materias que tengan como origen la violencia de género.

  1. En el orden penal se perseguirá el castigo del criminal acusado y condenado por delitos de esta naturaleza.
  2. En el orden civil en cambio, se adoptarán las medidas dirigidas a regularizar la situación en la que queda la unidad familiar tras la inevitable ruptura que procede de estos delitos. Medidas que determinen cómo queda la situación de los hijos (pensiones por alimentos, derecho o no del padre a mantener visitas con los hijos, subsistencia o no del derecho a la patria potestad del padre sobre ellos etc) .

Es muy importante respetar la especialización vigente a favor de los citados Juzgados de Violencia. Entre otras cosas, porque están dotados de los mecanismos de protección de las garantías que corresponden a las víctimas en estos casos.

En todos los procedimientos en los que los menores sean víctimas de forma directa o indirecta de violencia de género, primará el interés superior del menor, que regirá todas las decisiones judiciales al respecto.

A nivel procesal, las medidas de especial protección hacia los menores, se traducirán en el respeto al derecho del menor a ser oído en el proceso y a ser informado adecuadamente. Para ello, se contará con la intervención de profesionales especializados en el trato con menores. Es el caso del Ministerio Fiscal que velará por sus derechos en todo momento; y sobre todo se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita a los menores.

La orden de protección en los procesos de menores

La orden de protección es una resolución judicial que ofrece protección a las víctimas de violencia de género, incluidos los menores por supuesto, tal y como reconoce el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta Orden establece medidas tanto de índole penal como civil y puede ser solicitada en todo momento desde la interposición de la denuncia. Permitirá medidas especialmente importantes como son la orden de alejamiento con el agresor, la protección policial especializada, la suspensión de la guarda y custodia o del régimen de visitas etc.

En esta materia tiene una incuestionable eficacia la tarea que llevan a cabo fundaciones y asociaciones como ANAR, que pone a disposición de los menores un teléfono de asistencia y asesoramiento para niños y adolescentes en situación de riesgo: 116111. Sin perjuicio del teléfono genérico del 016 válido para todas las víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su edad.

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