El delito de cohecho en Derecho y sus consecuencias

By Almudena Galán | Sin categorizar

Mar 08
Consecuencias del delito de cohecho

La mayoría de los filósofos de todos los tiempos han llegado a la conclusión de que el poder corrompe. Cuando se sitúa a una persona en un puesto de autoridad se le está cargando con una gran responsabilidad. No obstante, hay posibilidades de que abuse de su posición privilegiada. Por ello el Código Penal busca garantizar el prestigio de los funcionarios de la Administración pública con la regulación del delito de cohecho. Esto es lo que comúnmente se conoce como soborno, prevaricación o corrupción en el ámbito de la función pública.

Según una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2006, la intención de la regulación del delito de cohecho es asegurar la probidad e imparcialidad de los funcionarios públicos de la Administración, así como del servicio que se les ha encomendado. Por lo tanto, se procura garantizar la integridad de la labor pública, su imparcialidad y el prestigio de los funcionarios. Esto se debe a que a estos trabajadores se les debe mantener libres de sospechas en su actuación pública. Al mismo tiempo también se pretende fortalecer el principio de legalidad de la Administración pública. No obstante, también podrán considerarse como sujetos activos los jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. Veamos cómo funciona el delito de cohecho y en qué casos es aplicable.

Definición de cohecho

El delito de cohecho se recoge en el Capítulo V del Título XIX del Código Penal, en los artículos 419 a 427 bis. Por lo tanto, se trata de un delito contra la Administración pública. El cohecho es una corrupción que solo puede ser cometida mediante autoridades o funcionarios públicos. De esta forma, según el artículo 419, será culpable de cohecho la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. El bien jurídico protegido aquí es la Administración pública, así como su integridad y su prestigio. 

Es decir, se produce un delito de cohecho cuando un funcionario público acepta una remuneración a cambio de realizar una acción que puede ejecutar a causa de su posición laboral. Esta acción puede consistir en un acto (activo o pasivo) o en un retraso injustificado de una gestión. Asimismo, el cohecho se produce independientemente de que dicha acción sea constitutiva de delito o no. Para explicarlo con un ejemplo, podría ser el caso de un policía de tráfico que detiene a un conductor que circulaba por encima de la velocidad permitida con su vehículo y el agente acepta un precio para dejarle marchar sin consecuencias. También podría suceder cuando un ciudadano paga a un funcionario de justicia para que tramite su expediente más rápido, entre otros muchos casos.

Además de la pena de prisión y la multa, el delito conlleva obviamente el castigo de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Asimismo, se impide el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Tipos de cohecho

El cohecho puede clasificarse de diferentes formas. El estudio más habitual diferencia entre el cohecho activo y el pasivo. El cohecho activo lo realiza el particular que intenta sobornar o corromper al funcionario público. Por su parte, el pasivo lo ejecuta el funcionario que pide, acepta o recibe el soborno. Esta clasificación se estudiará más adelante con mayor detenimiento, por lo que ahora nos centraremos en los otros tipos de cohecho.

  • El cohecho propio e impropio. Son modalidades del cohecho pasivo. El cohecho propio busca la comisión de una acción contraria al ordenamiento público que solo puede realizarse a través del cargo laboral de una autoridad o funcionario público. Lo mismo ocurre con el cohecho impropio, aunque en este caso la actuación es acorde con el ordenamiento jurídico.
  • El cohecho antecedente y subsiguiente. El cohecho antecedente implica un soborno realizado antes de realizarse el acto administrativo que corresponda. Por otro lado, en el cohecho subsiguiente el pago se entrega una vez que se ha producido el acto del funcionario público.

El objeto del soborno normalmente es una remuneración económica, pero no tiene por qué tratarse necesariamente de dinero. El soborno también podría consistir en una promesa, un favor, un ofrecimiento o una promesa. En todo caso, lo que se pretende es perseguir todas las actividades que impliquen la corrupción de autoridades o funcionarios públicos. Esto se debe a que con los casos de cohecho se pone en peligro la credibilidad democrática del Estado y de su Administración, que debería ser intachable. La lacra de la corrupción en España está causando estragos, especialmente en lo que se refiere a partidos políticos. Por eso se busca proteger el buen nombre de la Administración y la confianza de los ciudadanos en un Estado social y democrático de derecho.

El cohecho activo

El delito de cohecho activo es el tipo penal consumado desde el punto de vista de un tercero particular. Es decir, aquel que no participa como funcionario o autoridad pública. Esta perspectiva del delito se encuentra regulada en el artículo 424 del Código Penal. De este modo, se castiga al particular que ofrece o entrega un regalo, una recompensa, un precio o una promesa o una retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública. El objetivo que se busca es sobornar a una de estas autoridades para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo. Asimismo, el tercero también puede persuadir al funcionario o autoridad pública para que no realice o retrase un deber que tenga que practicar, o en consideración a su cargo o función.

El mismo castigo se aplica cuando el particular entregue la dádiva o la retribución siguiendo la petición de la autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública. Esto es, es indiferente que la iniciativa del soborno sea del particular o del funcionario o empleado público. Por otro lado, si el acto que se persigue o consigue por parte de la autoridad o funcionario está relacionada con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o entes públicos, tanto el particular como la sociedad, asociación u organización que represente será castigado adicionalmente con la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por el tiempo establecido en la ley.

El cohecho pasivo

El delito de cohecho se comete tanto por la persona que entrega la recompensa como por el que la acepta. Por lo tanto, ambos aspectos de este hecho punible se regulan en por la ley. El delito de cohecho pasivo es el hecho punible desde el punto de vista de la autoridad, funcionario público o persona que ejerza la función pública. Esta vertiente del delito aparece regulada en el artículo 419 y siguientes del Código Penal.

Estos preceptos indican que será culpable de un delito de cohecho la autoridad o funcionario público que acepte o reciba un regalo, una recompensa, una promesa, un ofrecimiento o una retribución de cualquier tipo para realizar en el ejercicio de su cargo o bien un acto propio de su trabajo, o bien un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que deba practicar. Para la comisión del delito es indiferente que acepte el precio en provecho propio o de un tercero. Tampoco importa si el funcionario acepta el precio por sí mismo o por una persona interpuesta.

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About the Author

Periodista, jurista, criminóloga, eterna estudiante, cinéfila y lectora infatigable. Soy perito calígrafo judicial en ejercicio y experta en los ámbitos penal y civil.