Culpa compartida en un accidente de tráfico - Iuris NOW

Consecuencias de un accidente de tráfico con culpa compartida

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Dic 13
La culpa compartida en los accidentes de tráfico.

Tras un accidente de tráfico, se abre un largo camino para resarcir, en la medida de lo posible, los daños personales o patrimoniales ocasionados, pero para ello la primera cuestión a dilucidar es quién es el responsable del accidente de tráfico y no siempre resulta fácil determinar esta cuestión. Dejando al margen los casos de los deseables partes amistosos, podemos encontrar supuestos en los que hay un solo responsable que trata de escabullirse por todos los medios posibles, o bien los casos en los que ambas partes han tenido en mayor o menor medida parte de responsabilidad en el suceso, es entonces cuando hablamos de la culpa compartida en un accidente de tráfico.

Vamos a explicar en este artículo los puntos claves sobre las consecuencias de un accidente de tráfico con culpa compartida, pero veamos previamente algunos conceptos esenciales sobre esta materia que conviene tener claros para evitar caer en falsas creencias al respecto.

¿Qué es la culpa en accidentes de tráfico?

Entendemos por culpa desde el punto de vista jurídico, la falta de diligencia debida en una acción, que ocasiona un perjuicio del que se ha de responder bien civilmente o bien penalmente. Esa falta de diligencia implica un proceder imprudente, de modo que quien lo lleva a cabo no perseguía el daño causado, es decir ha actuado descuidadamente.

Es precisamente la falta de voluntad en el resultado dañoso producido, lo que diferencia a la culpa del dolo, otro concepto jurídico de gran relevancia. El dolo implica una voluntad clara de perjudicar, es decir una conducta movida por la mala fe de su actor, que persigue deliberadamente un resultado perverso.

Ambos conceptos culpa y dolo serán esenciales para determinar quién ha de reponer las consecuencias de un accidente de tráfico, ya que como dispone la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 8 de julio de 2005, en el caso de apreciarse dolo o culpa grave en el proceder del conductor que provocó un accidente de tráfico, la aseguradora queda liberada del pago de cualquier reparación.

En la Ley de Responsabilidad Civil, Seguro de circulación de Vehículos a motor, 8/2004 de 29 de octubre, con las reformas introducidas por la Ley 35/2015, en su artículo 1.1 se establece la responsabilidad del conductor de un vehículo a motor por el mero hecho del riesgo creado por la conducción, tanto de los daños causados en las personas como en los bienes.

Diferenciándose un régimen distinto de responsabilidad civil según los daños producidos sean personales o patrimoniales.

Novedades introducidas por el Baremo de 2016

El pasado 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 35/2015 de 22 de septiembre sobre reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

En términos generales podemos decir que esta normativa implica una mayor protección para las víctimas, pero veamos cuáles son las principales novedades que introduce respecto de la ley anterior de 2004:

  1. En los supuestos de secuelas y lesiones temporales, la culpa exclusiva o concurrente de víctimas no conductoras de vehículos a motor que sean menores de 14 años o sufran un menoscabo físico, psíquico o sensorial u orgánico que les prive de capacidad de culpa civil, no suprime ni reduce la indemnización y se excluye la acción de repetición contra los padres o tutores y demás personas físicas que en su caso deban responder por ellas legalmente. Tales reglas no procederán si el menor o alguna de las personas mencionadas han contribuido dolosamente a la producción del daño.
  2. Con carácter preceptivo, antes de interponerse una demanda o denuncia por accidente de tráfico con el fin de obtener la reparación de los daños sufridos, se debe presentar reclamación previa a la aseguradora. En un plazo máximo de 3 meses, desde su presentación, la aseguradora debe enviar una oferta indemnizatoria al perjudicado. Transcurrido dicho plazo sin propuesta o declarándose expresamente el rechazo de la reclamación, quedará expedita la vía judicial, o un procedimiento de mediación que habrá de instarse mediante solicitud presentada en un plazo no superior a 2 meses.
  3. Se establece un incremento de las indemnizaciones, así las indemnizaciones por fallecimiento ascienden en un 50% su cuantía, las correspondientes a secuelas suben un 35% su importe y las concernientes a lesiones se incrementan en un 12%.
  4. Se establece un mecanismo de actualización anual del baremo de indemnizaciones vinculado al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  5. Se fija un sistema de intercambio de información transfronteriza en materia de infracciones de tráfico.
  6. En materia de daños patrimoniales, se toma en consideración el lucro cesante, de modo que a la hora de cuantificar la indemnización se valorará el trabajo no remunerado (como puede ser el de amas de casa) o la pérdida de capacidad de trabajo futuro en menores o estudiantes. En este sentido se introducen coeficientes que tienen en cuenta distintos factores como son el riesgo de fallecimiento de la víctima, la duración de perjuicio etc.
  7. Se clasifican en cinco grupos a los perjudicados por causa de muerte derivada de accidente de tráfico: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, a los que reconoce como perjudicados con derecho a resarcimiento, independientemente de su concurrencia.
  8. Crea una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de la que formarán parte las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras.

¿Qué pasa con la indemnización por congruencia de culpas?

En aquellos casos en los que no hay un solo responsable del accidente de tráfico, sino que ambas partes han contribuido con su conducta negligente a provocarlo, es decir hay una culpa compartida en un accidente de tráfico, ya sea en mayor o menor medida, es preciso distinguir entre los daños personales o patrimoniales para dar solución al deber de reparación íntegra que exige la ley.

Según el tipo de daños ocasionados, la más reciente jurisprudencia da una solución distinta en cuanto al modo de reparación.

¿Cómo se determina la indemnización en estos casos?

Distinguimos entre daños personales y daños materiales:

Daños personales

En los casos en los que se produce una colisión múltiple, en la que se ven afectados varios vehículos, como puede suceder en los accidentes en cadena, siendo todos ellos responsables de los daños producidos a los conductores u ocupantes de otros turismos; si fuera posible determinar porcentualmente el grado de responsabilidad de cada implicado se aplicará dicho porcentaje al cuantum indemnizatorio. Es bastante frecuente en los supuestos en los que dos coches incumplen simultáneamente una norma de circulación, siendo ambos responsables al 50% y reconociéndoselo así recíprocamente.

En el caso en que resulte imposible determinar cuál es el grado de responsabilidad, el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de septiembre de 2012, estableció la llamada doctrina de las indemnizaciones cruzadas, según la cual cada aseguradora responde íntegramente de todos los daños personales causados al conductor y ocupantes del otro vehículo, cruzándose el deber de resarcimiento sea cual sea su importe en cada caso.

Daños materiales

Sobre esta materia la Sala Primera del Tribunal Supremo, dictó Sentencia recientemente, el pasado 27 de mayo de 2019, para fijar las consecuencias de culpa compartida en un accidente de tráfico.

El Alto Tribunal planteó tres opciones ante un accidente en el que se vieron implicados dos turismos que colisionaron frontalmente en la confluencia de dos calles, sin que lograra demostrase quién de los dos se saltó el semáforo regulador. Las opciones eran:

  1. Cruzar las indemnizaciones, como en el caso de los daños personales.
  2. Que ninguno deba resarcir al otro por los daños causados, cada uno corre con sus propios gastos ya que ambos tuvieron culpa.
  3. Que cada asegurador cubra el 50% de los daños del contrario.

De entre las tres opciones, el Supremo se decantó por la última por estimarla la más equitativa ya que impedía que cualquiera de los dos afectados quedara sin reparación.

¿Cúal es la postura de las aseguradoras?

Tal y como dispone la Ley del Seguro, todo propietario de un vehículo a motor que tenga su establecimiento habitual en España, viene obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que deberá cubrir la cuantía de los límites del seguro obligatorio.

Por tanto, lo primero que determinará el deber de responder de las aseguradoras en caso de un accidente, es precisamente la vigencia del contrato suscrito, para lo que se observará el pago puntual de las primas estipuladas.

Del mismo modo, se comprobará que la póliza suscrita cubre el total de los daños causados, siendo el límite del seguro obligatorio de 70 millones de euros para las personas y 15 millones de euros para los daños en bienes, por siniestro. Dado el importe de la cobertura resulta difícil imaginar casos en los que no se da cobertura a toda la indemnización a pagar.

En los casos en los que el propietario del vehículo incumpliese su obligación de suscribir el preceptivo seguro será el Consorcio de Compensación de Seguro quien deberá cubrir las indemnizaciones correspondientes.

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