La declaración de prodigalidad como mecanismo de seguridad ante un pródigo.

By Eugenia Ferrándiz | Sin categorizar

Jul 11

En una sociedad eminentemente consumista, como la que nos ha tocado vivir, resulta complicado sustraerse al continuo bombardeo de slóganes publicitarios que nos invitan constantemente a imitar estereotipos propios de multimillonarios, aún cuando no lo seamos. Esta presión a la que la mayoría de las personas son capaces de resistirse en términos de normalidad, para otros en cambio supone una dificultad muchas veces insuperable que compromete seriamente su patrimonio y el de quienes dependen de él.

Vamos a analizar en este artículo la figura jurídica de la prodigalidad, sus consecuencias jurídicas y la diferencia con otras situaciones muy próximas.

¿En qué consiste declarar pródigo a una persona?

Podemos definir al pródigo como aquella persona que carece de capacidad para evitar disipar su patrimonio, incurriendo de forma constante en gastos superfluos y vanos que no responden a una necesidad, sino a un continuo dispendio, con el que pone en peligro todo su patrimonio y que habitualmente responden a cuadros de ansiedad graves.

Podemos reconocer esta definición en varios ejemplos muy frecuentes como son la ludopatía, las adicciones etílicas, las compras compulsivas, el regalar continuamente dinero a terceros, o hacer pagos excesivos por la adquisición de cosas baratas, etc.

En términos generales y sin adentrarnos en el campo psicológico, nos encontramos ante conductas que no pueden determinar la incapacitación judicial de una persona, que implicaría la designación de un tutor que supla su incapacidad para obrar, sino que daría lugar a un mecanismo de control y supervisión del pródigo en el campo exclusivamente patrimonial.

Nuestro Código Civil recoge esta figura, en los artículos 286.3ª, 294 a 298, al margen de los supuestos de las enfermedades físicas o psíquicas de las que habla el artículo 200 en el entorno de la incapacitación judicial.

Para obtener la declaración de pródigo se ha de instar un procedimiento judicial, tramitado como expediente de jurisdicción voluntaria, contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 757 y siguientes, así como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de julio de 2015, artículos 43 a 52; ante el Juzgado del lugar en el que resida el presunto pródigo y en el que será preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal.

Dicho procedimiento se podrá incoar por:

  1. El cónyuge o pareja de hecho del presunto pródigo.
  2. Descendientes o ascendientes que dependan económicamente de él, o dispongan de capacidad para reclamarle alimentos.
  3. Los representantes legales de los anteriores o en su defecto el Ministerio Fiscal.

¿Qué requisitos y documentación es necesaria para probar la prodigalidad?

El Tribunal Supremo se pronunció al respecto en Sentencia de 20 de octubre de 2014, determinando que la prodigalidad no podrá quedar probada exclusivamente mediante informes periciales clínicos, sino que requiere de un compendio de pruebas, ( interrogatorio de las partes, testificales, documentación bancaria o contractual, medios visuales lícitamente obtenidos), del que se deduzca que el presunto pródigo lleva a cabo de forma habitual prácticas de dispendio que comprometen seriamente su patrimonio.

Esta afirmación del Alto Tribunal, encaja en la perspectiva de no considerar la prodigalidad como una enfermedad mental susceptible de ser diagnosticada clínicamente, sino como una conducta desordenada y constante en el tiempo de la que existen múltitud de pruebas.

Generalmente el pródigo no suele ser muy precavido a la hora de evitar dejar pruebas de su conducta, por ello resulta relativamente sencillo demostrar ante el Juzgador su proceder.

¿Qué efectos produce la declaración de prodigalidad?

Entre los efectos principales encontramos:

  1. La designación de un curador, que supervise y controle todas las actuaciones especificadas en la sentencia de prodigalidad. Se limitará a las gestiones de naturaleza patrimonial exclusivamente.
  2. La posibilidad de anular todos los actos de contenido patrimonial que ejecute el pródigo sin tomar en cuenta la decisión de su curador.
  3. La inscripción de su condición de pródigo sujeto a curatela en diversos Registros públicos, como el Civil, el de la Propiedad Inmobiliaria o el Mercantil etc.
  4. Las operaciones patrimoniales llevadas a cabo con anterioridad a la sentencia que determine la prodigalidad, mantienen su plena vigencia ya que no se reconoce efectos retroactivos a dicha resolución judicial.

La institución de guarda que se establece con la prodigalidad.

El pródigo queda sujeto a curatela, lo que quiere decir que disponen de capacidad para actuar por sí mismos, salvo para aquellos ámbitos de su personalidad que requieren de una supervisión. En este caso,como ya hemos avanzado, la asistencia del curador se limita a las actuaciones que supongan una consecuencia económica.

En cuanto a las normas concernientes a su nombramiento, excusa o remoción, habrá de acudir a la normativa del Código Civil para el tutor legal, y tener en cuenta las obligaciones y derechos del curador, entre las que se encuentra el deber de rendir cuentas anualmente sobre los bienes del pródigo.

Su labor puede ser objeto de retribución, al igual que la del tutor, en atención al volumen del patrimonio a gestionar y la dedicación que precise.

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