El expediente sancionador en el procedimiento administrativo | Iuris NOW

Conceptos del expediente sancionador para ganar un procedimiento

By Paco Magar | Artículos para clientes

May 23
Expediente sancionador para ganar un procedimiento

El Expediente sancionador forma parte de un procedimiento administrativo regulado por la Ley 39/2015 y también por la Ley 40/2015. En esta normativa se especifica que existen dos maneras posibles para su inicio: de oficio por parte de personal capacitado en la sección correspondiente o por solicitud del interesado. La regulación tiene como objetivo primordial la garantía de los derechos de las personas por lo que fija los conceptos básicos.

Para dar lugar a un procedimiento sancionador, se consideran los principios de responsabilidad, irretroactividad, legalidad, tipicidad, prescripción y no juzgar dos veces la misma cosa. Solo cuando estos principios están cumplidos y se cuenta con las pruebas suficientes, se procede al inicio del procedimiento.

La presunción de inocencia es la que prima hasta que se demuestre lo contrario. En caso de sentencias penales firmes consideradas pruebas, se las vinculará con las Administraciones Públicas respecto a los procedimientos sancionadores. Por el contrario, se considera improcedente toda prueba que no tengan incidencia en la resolución final.

Requisitos mínimos del expediente

La Ley determina la información que debe constar para iniciar un expediente sancionador. La ausencia de alguno de estos requisitos o la posible vulneración a algunos de los principios garantizados, es motivo de rechazo.

En la fase de comienzo de un expediente sancionador, es necesario que se detallen:

  • Datos personales que permitan identificar a la persona responsable del acto.
  • Detalle de los hechos dan lugar a la incoación del procedimiento, la calificación y aquellas sanciones posibles de aplicar (fecha, lugar, horario y el detalle de la infracción).
  • Datos de identificación del Instructor asignado con expresa indicación del régimen de recusación. En los casos especiales será necesaria la identificación del Secretario del procedimiento.
  • Órgano que posee la facultad de resolución y Ley que avala esta competencia, expresando la alternativa de que el responsable asuma de manera voluntaria su responsabilidad con los efectos correspondientes.
  • Especificación de las medidas provisionales dictadas por el órgano competente en el inicio del procedimiento (debe estar expresada la sanción que se indica como por ejemplo el valor de la multa que se propone).
  • Expresa indicación de los plazos y el derecho a la presentación de alegaciones y audiencia.

Alegaciones contra un expediente sancionador

A partir del día siguiente de recibida la notificación del acuerdo de iniciación, se cuentan 15 días como máximo para la presentación de alegaciones. La alegación más frecuente es precisamente la que expresa la disconformidad con los hechos que se imputan o se considera producida la vulneración de un derecho. Es importante notificar debidamente los datos personales del presunto responsable, del instructor del expediente, número de expediente y hechos que lo motivan.

La negación o desacuerdo del procedimiento debe estar acompañada de elementos probatorios. Es el momento indicado para presentar documentos, fotos, videos y testigos. En el caso de contar con personas que puedan dar testimonio a favor, se deben detallar sus datos personales de identificación.

Algunos casos de posibles alegaciones:

  • Vulneración del ejercicio de derechos fundamentales, como puede ser la participación en una manifestación.
  • Vulneración del derecho fundamental a la información, alegaciones muy utilizadas por profesionales de prensa que son sancionados en la realización de sus funciones.
  • Vulneración del principio de proporcionalidad. Cuando la sanción económica supera la mínima prevista para la falta cometida
  • Falta o incongruencia de elementos que acrediten el hecho por el cual se lo acusa.
  • Vulneración al principio de legalidad, es decir, que al momento de producirse el hecho no constituyen infracciones a norma o no están regulados por Ley de manera precisa.
  • Vulneración al principio de tipicidad que indica que la infracción y la sanción correspondiente deben estar predeterminadas en la norma que la rige.
  • Prescripción de los hechos o del expediente.
  • Inexistencia de los hechos sobre los que se sustenta la posible sanción o falta de responsabilidad que motivan el procedimiento.

Las alegaciones pueden ser presentadas en el Registro de Administración, enviadas por Correo Postal o a través de formulario electrónico.

La caducidad del expediente sancionador

Los plazos para que la Administración resuelva y notifique su resolución sobre un expediente sancionador tienen algunas posibles variaciones. Se interpreta en base al art. 21 de la Ley 39/2015 que el plazo será de tres meses; esta interpretación surge cuando no existen fechas de caducidad en las leyes sectoriales.

Asimismo, existen plazos especiales según el tipo de procedimiento y la norma reguladora del mismo. Hay ejemplos en los que la caducidad del expediente se produce a los 6 meses o al año y con posibilidad de extensiones de un período similar. Esto solo sucede cuando está especificado de manera expresa en la ley sectorial.

En los casos en que el órgano que tiene la competencia para emitir la resolución no lo hace en los tiempos establecidos, el expediente estará caducado. Si el presunto responsable no recibe ninguna notificación puede dar por cerrado el caso. El expediente deberá sellarse y archivarse, porque de seguir el procedimiento con plazos vencidos es factible de recurrir y solicitar su nulidad.

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About the Author

Redactor Freelance y Escritor. Licenciado en Derecho, Master en empresas, inversiones y finanzas. Técnico especializado en Marketing. Titulado en Nutrición.