Los falsos autónomos, un tipo de fraude laboral y su indemnización

By Cristina Villarino | Sin categorizar

Dic 04

En los últimos meses, son numerosas las ocasiones en las que hemos podido ver en los medios de comunicación artículos donde se discute la naturaleza jurídica de los llamados falsos autónomos. Todo ello a raíz de la relevancia que han alcanzado los primeros pronunciamientos judiciales al respecto en las llamadas economías digitales, y en particular las resoluciones contradictorias referentes a la relación contractual existente entre los repartidores de comida a domicilio (los llamados “riders”) y las empresas para las que prestan sus servicios.

Ahora bien, la figura del falso autónomo ni es nueva ni se circunscribe al fenómeno en auge de las economías de plataforma, sino que está presente prácticamente en todos los sectores económicos.

En epígrafes posteriores, pasaremos a describir la figura del falso autónomo, sus características distintivas, las consecuencias y las garantías existentes al respecto.

¿En qué consiste la figura del falso autónomo?

Con carácter genérico se puede afirmar que existen dos grandes grupos de trabajadores: los trabajadores por cuenta ajena (relación laboral común) y los trabajadores por cuenta propia o autónomos. A mayores de estos dos grupos, existe un híbrido entre ambas categorías que es el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE).

La diferencia entre un grupo y otro no es baladí, pues de ello derivan múltiples consecuencias como son la determinación de la regulación que rige la relación, los derechos y obligaciones, las garantías existentes, las consecuencias del cese de la prestación de servicios o la jurisdicción a la que acudir en búsqueda de amparo; así pues, un trabajador por cuenta ajena debe acudir a la jurisdicción laboral para resolver cualquier disputa con su empleador; mientras que un autónomo debe acudir a la jurisdicción civil para resolver las discrepancias existentes con la persona física o jurídica para la que presta servicios.

Existiendo estas dos categorías principales, hablamos de falsos autónomos para referirnos a aquellos trabajadores cuyo contrato, de forma fraudulenta, indica que son trabajadores por cuenta propia, pero que sin embargo, en atención a las condiciones bajo las que prestan sus servicios, deberían tener la consideración de trabajador por cuenta ajena.

Para saber si estamos ante un “falso autónomo” deviene imprescindible determinar la verdadera naturaleza jurídica del contrato suscrito entre las partes. Para ello, no hay que estar únicamente a la literalidad de las cláusulas pactadas sino que lo verdaderamente trascendental es la aplicación práctica de lo pactado. Así pues, resulta irrelevante que en el contrato se indique expresamente que el mismo es de naturaleza mercantil, lo verdaderamente importante es ver cómo se desarrollan los actos realizados en su ejecución, pues éstos deben prevalecer sobre el “nomen iuris” otorgado por los contratantes, como indicó el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones “las cosas son lo que son y no lo que las partes digan que son”.

El Estatuto de los Trabajadores (en adelante E.T) establece que estamos ante una relación laboral por cuenta ajena cuando en el desempeño de las funciones pactadas en el contrato concurren, fundamentalmente, las notas de “Dependencia” y “Ajenidad”, el problema radica en que estos son conceptos de un elevado grado de abstracción por lo que se hace necesario acudir a indicios como los que se desarrollaran en el epígrafe siguiente.

En resumen, estamos ante un “falso autónomo” cuando un trabajador, pese a desempeñar sus labores concurriendo las notas de Dependencia y Ajenidad, es contratado bajo una modalidad mercantil (Autónomo) con una finalidad fraudulenta que suele ser el ahorro de costes sociales por parte del empresario.

Características principales de los “Falsos Autónomos”

Como se anticipó, para identificar al “falso autónomo” es necesario analizar el modo en el que el trabajador desempeña sus servicios en la práctica, ya que si concurren las notas de “Dependencia” y “Ajenidad” el trabajador debería tener un contrato laboral en vez de mercantil.

En esencia, la “Dependencia” implica el desarrollo de la actividad profesional bajo el poder de dirección del empresario, que se manifiesta en conductas tales como la fijación de un horario, la imposibilidad de fijar unilateralmente la fecha de disfrute de vacaciones, la imposición de unas determinadas normas de conducta o el ejercicio del poder sancionador.

La “Ajenidad”, de forma sintetizada, supone el abono de una contrapartida (salario) por la prestación de servicios, con independencia de si la empresa obtiene o no beneficios, es decir, el resultado económico de las operaciones en las que participa el trabajador, lo percibe el empresario, tanto las ganancias como las pérdidas son asumidas por éste. Del mismo modo, la ajenidad también se manifiesta en el hecho de que los recursos básicos para el desempeño de las funciones por parte del trabajador son titularidad del empresario.

De este modo, un ejemplo práctico de “falso autónomo” podría ser el abogado que presta sus servicios para un despacho profesional bajo un contrato mercantil, pero que sin embargo no tiene libertad para fijar su horario sino que está sujeto al determinado por el bufete y en caso de no atenerse al mismo puede ser sancionado, debe consensuar el período de disfrute de vacaciones, las bases de datos jurídicas que emplea son titularidad del empresario y la contraprestación económica que percibe es independiente de la situación económica del despacho.

Trámites para reclamar indemnización.

El trabajador que sospecha que es un “falso autónomo” tiene distintas formas de denunciar su situación y reclamar una indemnización, fundamentalmente son las que siguen:

  • Denuncia anónima ante la Inspección de Trabajo: Dejando un mensaje en el buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se describan las irregularidades apreciadas por el trabajador que serán estudiadas por el organismo en caso de apreciar indicios de una conducta fraudulenta. Si la Inspección del mensaje dejado anónimamente por el trabajador no aprecia unos indicios básicos de fraude, no entra a conocer sobre el fondo del asunto.
  • Denuncia formal ante la Inspección de Trabajo: por vía presencial, telemática o postal dirigida a las oficinas provinciales de la Inspección de Trabajo. En este caso el trabajador figura abiertamente como parte interesada en el procedimiento de Inspección.
  • Denuncia ante los Juzgados de lo Social: En estos casos, lo habitual es que la empresa denunciada alegue de entrada la excepción procesal de falta de competencia por entender que, en todo caso, deberían conocer de la demanda los Juzgados de lo Mercantil por haberse firmado a priori un contrato de esta naturaleza, pero recordemos que el nomen iuris otorgado por las partes es irrelevante, por lo que el Juez de lo Social deberá estudiar la naturaleza del contrato y si finalmente estima que existe una relación laboral y no mercantil está legitimado para conocer del asunto y exigirá a la empresa que regularice la situación contratando laboralmente al trabajador, retrotrayendo los efectos de este tipo de contratación e indemnizando al respecto.

Consecuencias para la empresa y Sanciones.

La contratación de falsos autónomos constituye un fraude laboral tipificado en el artículo 22 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social que establece como infracción grave “no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido”.

En caso de abrirse un expediente sancionador en el que se verifique la contratación fraudulenta de trabajadores autónomos, la cuantía de la sanción que se puede imponer al empresario variará en función del grado que aprecie el Inspector, oscilando entre los siguientes parámetros:

  • Sanción de grado mínimo: de 3.126 a 6.250 euros.
  • Sanción de grado medio: de 6.251 a 8.000 euros.
  • Sanción de grado máximo: de 8.001 a 10.000 euros.

Además, el empresario debe dar de alta inmediata al trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo puede exigir igualmente el pago de las cuotas por el tiempo en que el trabajador debería haber estado cotizando por el Régimen General; las cuotas reclamadas pueden ser las de los últimos cuatro años a las que se suman recargos entre el 100% y 150% en concepto de cotizaciones no ingresadas.

Tener en plantilla falsos autónomos no solo puede ser constitutivo de fraude laboral sino incluso de delito contra los trabajadores si el importe de esas cuotas impagadas en los últimos cuatro años suman la cifra de 50.000 euros.

Conclusiones

La contratación de “falsos autónomos” no es un fenómeno reciente, pero lo cierto es que en los últimos años se apreció un auge de esta modalidad fraudulenta de contratación tras el impacto de la última crisis económica y el crecimiento de las plataformas de economía digital (tal fue el aumento de “falsos autónomos” que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un Plan Estratégico 2018-2020 para luchar contra este fraude), y ello porque supone un menor coste social para el empresario dado que es el trabajador quien asume el pago de la totalidad de las cuotas a la Seguridad Social así como una garantía de indemnidad en caso de cese de prestación de servicios por voluntad del empresario.

No obstante, el trabajador ante la sospecha de estar contratado fraudulentamente, puede acudir a la Inspección de Trabajo o a los Juzgados de lo Social para que estudien su caso de manera individualizada y acuerden regularizar su situación en caso de apreciar irregularidades.

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Abogada en ejercicio, colegiada nº 125706 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Especializada en novedades en materia laboral y seguridad social

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