La Ley de Contratos del Sector Público: Todo lo necesario | Iuris NOW

Nociones imprescindibles sobre la Ley de Contratos del Sector Público

By Paco Magar | Artículos para clientes

Sep 25

La Ley Contratos del Sector Público tiene más de un año de vigencia. Uno de los objetivos de la revisión de esta materia, fue traer a la normativa de España las directrices de contratación del sector público establecidas por la Unión Europea. En esta normativa se establecen mecanismos para garantizar la transparencia y los procesos en la materia.

¿Qué es la Ley de Contrataciones Públicas?

La aplicación de esta ley tiene una significativa importancia para la economía española. Recordemos que la administración pública gestiona unos 200.000 millones anuales, lo querepresenta hasta el 20% del PIB nacional. Pero, ¿en qué se basa esta normativa?

La nueva Ley Contratos del Sector Público y entró en vigor en marzo del año 2018. La normativa establece condiciones para la contratación mucho más rigurosos, para combatir la corrupción y la morosidad.

La información es fundamental dentro de este marco normativo. A partir de él, todos los concursos deben publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. De este modo, todos ciudadanos interesados pueden obtener datos. Las entidades contratantes deben hacer pública cada parte del proceso de adjudicación.

Lo mismo ocurre con las licitaciones. La nueva ley establece que los contratos deberán realizarse por lotes. Con ello, las pequeñas y medianas empresas pueden concursar sin tener que encargarse de un contrato de grandes dimensiones. Por supuesto, esto ha traído transparencia y mayores oportunidades; también se establece la posibilidad de subcontratación de partidas

Diferentes contratos que recoge la Ley de Contratos del Sector Público

Algo clave en la nueva ley son los múltiples tipos de contratos que permite para las contrataciones. Estos comprenden tres categorías:

  • Contratos según su finalidad y objeto.
  • Basados en su régimen.
  • Los sujetos a una regulación armonizada.

Los contratos, según su finalidad pueden agruparse en los de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. También está el contrato mixto, en el cual se pueden fusionar prestaciones pertenecientes a distintos tipos de los mencionados antes. En este caso, las prestaciones deben estar vinculadas y complementarse. Por ejemplo, la prestación de servicios necesarios a la hora de ofrecer un suministro.

Por otro lado, están los contratos basados en su régimen, que básicamente son dos: administrativos y privados. El contrato administrativo comprende todas las prestaciones establecidas en los contratos según su finalidad (obras, servicios, etc.). No obstante, en algunos casos tienen la necesidad de ser celebrados como privados.

Básicamente, las contrataciones privadas abarcan la creación de interpretaciones artísticas, literarias y servicios financieros. También algunos espectáculos son regulados mediante la figura del contrato privado. Cuando el adjudicador no sea considerado “Administración Pública”, también entrará en esta clasificación.

Obras, suministros, servicios

Por otro lado, tenemos las contrataciones sujetas a una regulación armonizada. Estos son definidos por el artículo 19 de la ley y comprenden los siguientes casos y límites:

  • Contratos de obras, concesión de obras y de servicios, que tengan un valor igual o superior a los 5.548.000 euros.
  • Contratos de suministros superiores a 144.000 euros, cuando el adjudicante sea la Administración General del Estado o sus organismos comunes. Lo mismo ocurre con Servicios Comunes de la Seguridad Social. Dicho tope será de 221.000  cuando se trate de suministros distintos.
  • Con los contratos de servicio también está el tope de 144.000 euros para la Administración General del Estado y los Servicios Comunes Seguridad Social. En caso de otras entidades del sector público, el tope será de 221.000. Cuando el contrato sirva para servicios sociales, podrá tener un límite máximo de hasta 750 euros.

Plazo que tiene la Administración para pagar

La Ley 9/2017 también establece el proceso y el plazo que tienen las entidades públicas para pagar contrataciones. En ella se establece que la administración tiene 30 días para aprobar la certificación de los servicios recibidos. La información debe ser ofrecida por las empresas contratadas una vez que hayan terminado su actividad.

Emitida la aprobación de los documentos, la administración contará con un plazo de 30 días más para el pago. En pocas palabras, la administración debe cumplir con sus obligaciones en un tiempo no mayor a los 60 días.

En la práctica, los contratos y licitaciones pueden establecer sus propios plazos para el pago. En ese caso, se trataría de una condición estipulada mediante contrato a lo cual se adhieren los concursantes.

Criterios para adjudicar un contrato

Uno de los aspectos más interesantes de la Ley 9/2017 tiene que ver con los criterios para adjudicación. Según lo escrito, se establece el principio de la mejor relación calidad-precio para fundamentar las selecciones.

Los órganos de contratación deben velar por el cumplimiento de sus necesidades en todo momento. Para comprobar la calidad, estos órganos pueden apelar a informes de pruebas elaborados por operadores económicos.

Además, en el articulado jurídico se establecen dos tipos de criterios: económicos y cualitativos. En cuanto a los primeros, el precio y la rentabilidad serán la clave. Por lo que se refiere al criterio cualitativo, existen varios parámetros posibles: calidad, valor técnico, características funcionales y estéticas, accesibilidad, entre otros.

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About the Author

Redactor Freelance y Escritor. Licenciado en Derecho, Master en empresas, inversiones y finanzas. Técnico especializado en Marketing. Titulado en Nutrición.