LECRIM: Ley de enjuciamiento criminal

LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, también conocida como Ley de Ritos penal, es la norma que recoge las disposiciones procesales del procedimiento penal, es decir, los principios y normas por las que se rigen los distintos procedimientos penales. 

LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL ESPAÑOLA

Pese a sus continuas modificaciones parciales, el texto de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal española es el del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre las modificaciones de esta norma destaca la operada en 2015 por la Ley 41/2015, que introduce la llamada “segunda instancia penal”.

Esta norma procesal se complementa con otras, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que resulta de supletoria aplicación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lo no dispuesto en la misma, de conformidad con lo estableciendo en el art. 4 LEC.

Respecto de los concretos procedimientos penales hay otras leyes de aplicación para supuestos especiales como la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores y la Ley del Tribunal del Jurado.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española se compone de siete libros: de disposiciones generales; del sumario; del juicio oral; de los procedimientos especiales; de los recursos de apelación, casación y revisión; del procedimiento para el juicio sobre delitos leves; y de la ejecución de sentencias. Cada libro se divide a su vez en títulos y estos en capítulos que recogen los concretos preceptos.

Actualmente está pendiente de aprobación el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que como novedad más destacable establece que serán los fiscales quienes lleven a cabo la instrucción de los procedimientos penales que actualmente corresponde a los Jueces de Instrucción.

PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN LA LECRIM

Los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la investigación y enjuiciamiento de delitos son los siguientes:

  • Procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves: A través de este procedimiento se juzgan los delitos calificados como leves en el Código Penal.

Este procedimiento se sustancia ante el Juzgado de Instrucción, en una única vista en la que se practica la prueba propuesta y aportada en ese mismo acto. 

Contra la sentencia dictada en este procedimiento cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

  • Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos: Este procedimiento se aplica a delitos con una pena de prisión no superior a 5 años y que cumplan con una serie de características, en concreto: que sean delitos flagrantes, que se trate de delitos de coacciones, lesiones, amenazas o violencia física o psíquica habitual cometida contra las personas a que hace referencia el art. 173.2 C.P., hurto, robo, hurto de uso de vehículos, delitos contra la seguridad del tráfico, delitos de daños, delitos contra la salud pública y contra la propiedad intelectual e industrial y siempre que se prevea que su instrucción será sencilla.

Este procedimiento se inicia por atestado policial y se sustancia ante el Juzgado de Guardia, que practicará las diligencias procedentes y decidirá si sobreseer el procedimiento, transformarlo en diligencias previas o continuar con el mismo, correspondiendo su enjuiciamiento al Juzgado de lo penal.

Si se alcanza un acuerdo de conformidad ante el Juzgado de Guardia, la pena solicitada por el Ministerio Fiscal se reduce automáticamente en un tercio.

  • Procedimiento abreviado: A través de este procedimiento se investigan y enjuician delitos con pena de prisión de hasta 9 años.

La fase de investigación corresponde al Juzgado de Instrucción, correspondiendo su enjuiciamiento, o bien a los Juzgados de lo Penal en el caso de que los delitos por los que se acuse tengan aparejada una pena de prisión igual o inferior a 5 años de prisión, o bien a la Audiencia Provincial para el enjuiciamiento de delitos con una pena de prisión mayor.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal será recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial y la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial será recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

  • Procedimiento ordinario: A través de este procedimiento se investigan y en su caso enjuician los delitos con una pena aparejada de más de 9 años de prisión.

La fase de instrucción la dirige el Juzgado de Instrucción que, una vez finalizada dictará el auto de conclusión del sumario, elevándose la causa a la Audiencia Provincial ante la que se tramitará la fase intermedia y se celebrará el Juicio Oral.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial será recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

  • Tribunal del Jurado: A través de este procedimiento se investigan y enjuician los siguientes delitos: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos.

Se trata de un procedimiento especial que destaca por la existencia de más trámites procesales y formalidades que en los anteriores, y porque del enjuiciamiento del mismo se encargará un Jurado compuesto por 9 personas y un Magistrado. 

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial en este procedimiento será recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Además de estos procedimientos, están las especialidades propias de los procedimientos seguidos ante los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y los procedimientos seguidos en los Juzgados de Menores, encargándose la Fiscalía de Menores de la instrucción de estos últimos.