Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana… polémica

El pasado viernes 29 de noviembre fue aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el fín de modificar, casi 22 años después, la actual ley (conocida también como Ley Corcuera).

Este anteproyecto está causando un gran revuelo mediático, ya que la nueva ley pretende sancionar administrativamente algunas de las conductas tipificadas como faltas en el código penal, lo que supondrá un castigo económico mucho mayor con respecto a la actual ley, conllevando la perdida de las garantías que la celebración de un juicio otorga a los ciudadanos.

El anteproyecto establece tres tipos de infracciones, quedando estructurado de la siguiente forma:

  • Siete infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.
  • Treinta y una infracciones graves sancionadas con multas de 1.001 a 30.000 euros.
  • Veinte infracciones leves sancionadas con multas de 100 a 1.000 euros.

El gobierno ha manifestado que este anteproyecto garantizará la seguridad ciudadana respetando totalmente los derechos y libertades de la Constitución. Sin embargo son muchas las asociaciones de jueces, fiscales, policías y profesionales del mundo del derecho los que han calificado como innecesaria esta reforma.

Implicaciones de esta nueva ley

En primer lugar con el nuevo sistema se crea una gran indefensión ciudadana ya que la única manera de recurrir las sanciones será por vía de lo contencioso. Esta medida implicará un perjuicio mayor ya que para recurrir se tendrán que pagar las tasas correspondientes, habiendo satisfecho previamente también la multa.

Aunque el texto todavía no es definitivo, desde Chabaneix Abogados creemos que esta ley perjudicará a los ciudadanos, oponiéndonos firmemente a la sustitución de la tipificación penal de algunas de las faltas por sanciones administrativas. Esto supondrá la ausencia de celebración de un juicio donde se juzgue la infracción, prescindiendo de los principios básicos que han guiado el proceso penal desde hace mas de un siglo: oralidad, contradicción, inmediación.

Se eliminará por tanto la imparcialidad que otorga el juicio valorativo de un juez, sustituyéndose ésta por una decisión de la Administración, que recordemos es dependiente del Poder ejecutivo y se rige por principios distintos que los del Poder Judicial Independiente. En una situación de crisis con el elevado déficit público existente tememos que se aproveche este traslado de poder en favor de la Administración para aumentar la recaudación vía sanciones y así equilibrar las cuentas públicas.