¿Es posible cumplir en España una pena de prisión impuesta en otropaís?

Es bastante común que nacionales españoles condenados por los Tribunales de terceros países quieran cumplir la condena en España, donde tienen vínculos sociales y familiares, surgiendo la duda de si existe esta posibilidad.

La respuesta ante dicho interrogante es afirmativa, si bien, esta posibilidad está sujeta a la concurrencia de determinados requisitos y debe tenerse en cuenta que los Estados de condena y de cumplimiento siempre tendrán la última palabra, pues ambos deben estar de acuerdo en el traslado de la persona condenada, si alguno de ellos se opusiera, dicho traslado no se llevaría a cabo.

A continuación, veremos las normas que regulan la posibilidad de cumplimiento en España de una pena de prisión en otro país, así como los requisitos para ello.

Legislación aplicable

Existen varias normas que regulan la posibilidad de traslado de un condenado a un tercer país para el cumplimiento de la pena, aplicándose unas u otras dependiendo de los países de que se trate, así como de la nacionalidad del penado. La legislación aplicable es la siguiente:

  1. Convenio de Estrasburgo, sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983. Aplicable a los 46 estados miembros del Consejo de Europa y, además, a los siguientes: Australia, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Ghana, El Vaticano, Honduras, India, Israel, Japón Kuwait, Kyrgyzstan, Mauricio, México, Mongolia, Panamá, Filipinas, Corea del Sur, Rusia, Tonga, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Venezuela.
  1. Convenios bilaterales, firmados entre España y los siguientes países: Arabia Saudí, Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Kazajstán, Marruecos, Mauritania, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Tailandia, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.
  1. Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, aplicable a los países miembros de la Unión Europea.

Requisitos exigidos en el Convenio de Estrasburgo

A continuación, se establecen los requisitos exigidos por el Convenio de Estrasburgo para el cumplimiento en España de una pena impuesta en otro país:

  1. El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento.
  2. La sentencia deberá ser firme.
  3. La duración de la condena que el condenado tendrá que cumplir aún deberá ser al menos de seis meses el día de la recepción de la petición o indeterminada.
  4. El condenado, o su representante, cuando por razón de su edad o de su estado físico mental uno de los dos Estados así lo estimare necesario, deberá consentir el traslado.
  5. Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la constituirán si se cometieran en su territorio (criterio de doble incriminación).
  6. El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en ese traslado.

Estos requisitos, en su mayor parte, se aplican a la mayoría de los convenios bilaterales, si bien cada uno de ellos incluye especialidades propias, debiendo estarse al texto del concreto convenio a aplicar.

Requisitos exigidos en la Ley 23/2014

Esta norma contiene determinados requisitos, algunos de los cuales difieren respecto de los establecidos en el Convenio de Estrasburgo y en la mayoría de los convenios bilaterales. Dichos requisitos se concretan en los siguientes:

  1. El condenado debe ser español y residir en España, o bien ser español y que vaya a ser expulsado a España con motivo de su condena.
  2. Que, aunque no se den dichas condiciones, el Juez Central de lo Penal haya consentido la ejecución de la condena en España.
  3. No será necesario el criterio de doble incriminación para los delitos establecidos en el apartado 1 del artículo 20 de la misma Ley, siempre y cuando estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.
  4. No será necesario el consentimiento del condenado cuando el Estado de ejecución sea:
  • El Estado de nacionalidad del condenado en que posea vínculos atendiendo a su residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales.
  • El Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa derivada de la sentencia.
  • El Estado miembro al que el condenado se haya fugado o haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en España o por haber sido condenado en España.

Solicitud de traslado

En el caso de que la condena la haya impuesto un Estado miembro de la U.E. y el preso sea español, la solicitud debe dirigirse, o bien al Juez Central de lo Penal, o bien a la autoridad competente del Estado de condena.

En el caso de que la condena la haya impuesto un tercer Estado no miembro de la U.E., pero firmante del Convenio de Estrasburgo o de un convenio bilateral con España, el preso debe solicitar su traslado al Estado de condena, o bien al Ministerio de Justicia Español.