La responsabilidad penal de los menores

Es una realidad incuestionable que nuestra sociedad está en constante evolución, que todos cambiamos al ritmo que nos va marcando el son de los tiempos modernos. Pero ¿Cómo afecta esta incesante marcha a nuestros adolescentes? ¿están preparados psicológica y emocionalmente para asumir las novedades tecnológicas, sociales, educativas, familiares…etc. que les rodean?

Podríamos preguntarnos a qué se deben conductas tan violentas, irresponsables y execrables como las que llevan a cabo los menores y que ocupan gran parte de las portadas de los medios de comunicación. También podemos plantearnos cómo castiga la Ley tales conductas en nuestro ordenamiento jurídico y cuáles son los límites de su responsabilidad.

Vamos a dedicar este artículo a la responsabilidad penal del menor, con el objeto de aclarar cómo reacciona nuestro derecho penal ante los hechos delictivos cometidos por los menores.

¿A quién se considera menor a efectos penales en nuestro país?

La vigente Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (en adelante LORPM) 5/2000 de 12 de enero, establece en su primer artículo a quienes va dirigida esta normativa: a los mayores de 14 años y menores de 18 que cometan hechos tipificados como delitos (incluidos los delitos leves a los que antes se denominaba faltas).

Se tendrá siempre en cuenta la edad con la que se contaba en el momento de cometer el delito, sin que tenga repercusión alguna el hecho de rebasar tal edad durante el procedimiento. En cuanto a los hechos delictivos cometidos por los menores de 14 años serán irrelevantes penalmente por no ser imputables, lo cual no significa que no exista responsabilidad civil de la que los padres resultarán afectados como veremos más adelante.

En nuestro entorno europeo, existen países como Suiza que sitúan en 7 años la edad de responsabilidad penal, Escocia en 8 años e Inglaterra en 10 años. Fuera de nuestro continente, concretamente en Sudamérica tenemos casos como Trinidad y Tobago que la sitúan en 7 años, Brasil o México en 12 y Argentina o Cuba en los 16 años. Existe por tanto un panorama muy diverso al respecto.

¿En qué consiste la responsabilidad penal del menor?

Consiste básicamente en aplicar a los menores que cometan un hecho tipificado en nuestro Código Penal como delito, una ley sancionadora distinta a la que se emplearía si fueran adultos. Concretamente la LORPM 5/2000 mencionada, con todas las modificaciones que ha experimentado.

Serán competentes para conocer de estos asuntos los Jueces de Menores, a los que se atribuye una especialización en esta materia. Las sentencias dictadas por los Juzgados de los menores, serán recurribles ante la Audiencia Provincial, y de los hechos cometidos por menores en el ámbito de terrorismo, o fuera de nuestro territorio, conocerá la Sala de menores de la Audiencia Nacional. La intervención del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos es clave, así como la de equipos técnicos expertos en el trato con menores.

La razón de ser de esta diferenciación no es otra que respetar el principio esencial que alienta toda la legislación de los menores: el superior interés del menor, consagrado tanto en nuestra Constitución como en las normas de Derecho Internacional, concretamente la Convención de los Derechos del niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989.

En definitiva se trata de dotar de especial consideración al hecho objetivo de su falta de discernimiento, propio de la inmadurez que se reconoce en tales edades. Pero además se intenta potenciar su reinserción en la sociedad y su reeducación.

¿Con qué medidas se castiga al menor delincuente?

La LORPM, en su artículo 7 recoge 15 medidas diferentes en cuya aplicación se tendrá en cuenta no solo la gravedad de los hechos delictivos cometidos, sino también y especialmente la edad, circunstancias familiares y sociales, personalidad e interés del menor.

Podemos agrupar las diferentes medidas en cuatro grupos:

  1. Medidas de internamiento
  2. Medidas de régimen abierto
  3. Medidas de ejecución directa por el juez
  4. Medidas cautelares

Medidas de internamiento

Supone privar de libertad al menor por el tiempo que se determine en la sentencia condenatoria. Se lleva a cabo en centros asistidos por un equipo técnico especializado así como por educadores. Solo serán aplicables estas medidas extremas en caso de delitos graves, menos graves pero en los que se haya empleado violencia o intimidación, o en los casos de comisión en grupo. Nunca se impondrán en los casos de que los hechos se ejecuten por imprudencia.

Una vez finalizada la medida de internamiento, se impondrá un periodo de libertad vigilada. El internamiento podrá ser:

  • En régimen cerrado, en los casos en los que se ha empleado violencia, intimidación o peligro para las personas. Además de residir en el centro correspondiente, los menores de 16 años deberán continuar su formación académica, para los mayores de esta edad será voluntario.
  • En régimen semiabierto, es muy similar al anterior pero con la posibilidad de realizar ciertas actividades, formativas o de ocio, fuera del centro. Su aplicación dependerá de la evolución del menor.
  • En régimen abierto, en tal caso las actividades docentes o laborales se llevarán a cabo fuera del centro. Solo regresarán para pernoctar.
  • Internamiento terapéutico, se desarrollará en centros especializados que cuentan con personal médico y/o psicológico específico. Resulta esencial en casos de alteraciones psíquicas graves, así como en los supuestos de adicciones a drogas, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

Medidas de medio abierto

Se acordarán siempre de forma personalizada, de modo que resulten útiles para los menores en su proceso reeducativo. Se corresponden con actuaciones delictivas menos graves que las anteriores.

Podrán consistir en:

  • Tratamiento ambulatorio ya sea psicológico o de deshabituación.
  • Asistencia a centro de día, supone mantener su residencia habitual pero acudir a centros especializados para desarrollar actividades de apoyo.
  • Permanencia de fin de semana, ya sea en su domicilio o en un centro.
  • Libertad vigilada.
  • Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Busca la socialización del menor pero en la práctica es muy conflictiva ya que implica remodelar los hábitos del menor y adaptarlos a la nueva familia.
  • Prestaciones en beneficio de la Comunidad. Se trata de actividades no retribuidas, relacionadas con el tipo delictivo cometido. Solo podrán imponerse con el consentimiento del menor.
  • Realización de tareas socio-educativas, dirigidas a proporcionar al menor formación, alfabetización, educación vial, etc.

Medidas de ejecución directa por el juez

Tales como: privación del permiso de conducir o del derecho a obtenerlo, en aquellos casos en los que resulten responsables de accidente de tráfico; prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o sus familiares, amonestaciones, inhabilitación absoluta etc.

Medidas cautelares

Para su aplicación será preciso que existan indicios racionales de que el menor ha participado en un delito y además que se aprecie riesgo ostensible de fuga o de obstrucción a la acción de la justicia por su parte. Podrán consistir en internamiento en centro, libertad vigilada, detención etc.

¿Cuánto duran las medidas impuestas?

En términos generales, las medidas no podrán durar más de 2 años, para cuyo cómputo se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido durante la medida cautelar.

  • Las prestaciones en beneficio de la comunidad no podrán superar las 100 horas.
  • La permanencia de fin de semana, no podrá alcanzar más de 8 fines de semana.

Ahora bien, hay que tener en cuenta los siguientes criterios particulares:

  • Si el menor cuenta entre 14 y 15 años, el régimen cerrado podrá llegar hasta los 3 años, las prestaciones en beneficio de la comunidad hasta las 150 horas y la permanencia de fin de semana hasta los 12 fines de semana.
  • Si el menor se encuentra entre los 16 y 17 años, el régimen cerrado se extiende hasta los seis años, 200 horas las prestaciones y 16 fines de semana.
  • En los casos de extrema gravedad, el juez podrá imponer 6 años de internamiento en régimen cerrado complementado con otros 5 años de libertad vigilada.

¿Se pueden modificar las medidas una vez impuestas?

Sí, efectivamente, el juez competente para llevar a cabo la ejecución de la medida, podrá en cualquier momento dejar si efecto la medida impuesta, reducirla o sustituirla por otra.

Tal determinación podrá tomarla de oficio o a petición del Ministerio Fiscal o del abogado del menor. Será necesario oír al equipo técnico que atiende al menor habitualmente. Será requisito imprescindible, que esta modificación redunde en beneficio del menor.

¿Quién se hace cargo de las indemnizaciones impuestas a favor de la víctima?

Dispone el artículo 61.3 de la LORPM que en los casos en los que los menores sean responsables de un hecho delictivo, su padres responderán solidariamente con ellos de los daños y perjuicios causados. En el mismo caso se encontrarán los tutores, acogedores y guardadores legales y de hecho.

Ahora bien, el juez deberá considerar de forma individualizada cada supuesto y apreciar la conducta de los padres, de modo que si se aprecia que estos no han favorecido el comportamiento delictivo de su hijo, ya sea mediante dolo o negligencia grave, podrá moderar tal responsabilidad.

Se trata de un criterio que trata de proteger los intereses y necesidades de la víctima, de modo que si los menores infractores carecen de recursos económicos para resarcir al perjudicado, serán los padres quienes deberán suplir tal situación con su propio patrimonio.

Es muy frecuente acudir al deber indemnizatorio de los padres para resarcir las responsabilidades civiles nacidas de accidentes de tráfico causado por menores, aun careciendo de permiso de conducción.