Entrevista a Dª Victoria Ortega; presidenta de Consejo General de la Abogacía Española

  1. Hace unos meses entró en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía que, entre otras novedades, introduce la posibilidad formular reclamaciones al Consejo General del Poder Judicial a través de los colegios de abogados, ¿este mecanismo ha supuesto un incremento de las denuncias al CGPJ por retrasos judiciales o conductas que afecten a la libertad o independencia de los letrados?

Para nosotros era muy importante que el nuevo Estatuto General incorporase una fórmula clara para presentar este tipo de reclamaciones y que éstas se realizasen a través de los colegios. De esta forma evitamos que sea el letrado quien tenga que hacerlo personalmente. En cuanto a su evolución, aún es pronto para saberlo porque es una fórmula nueva que aún carece de recorrido.

  1. Otra novedad legislativa reciente que entró en vigor en el mes de noviembre de este año es la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, estableciendo el acceso único a las profesiones de la abogacía y la procura, ¿considera esta nueva regulación como un avance?

No vemos en ella un avance ni un retroceso, sino una forma de cumplir con las demandas de la comisión europea para unificar el acceso a las dos profesiones. No vemos que pueda tener una repercusión especial en casi ningún aspecto de cómo se desarrolla el trabajo de procuradores y abogados.

  1. En cuanto al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el mismo se establece que la dirección de la fase de instrucción corresponderá al Ministerio Fiscal, ¿qué opina al respecto?; ¿es esta una reforma necesaria en su opinión?

Desde que esta fórmula comenzó a desarrollarse mostramos nuestra conformidad con la misma, pero siempre que la transformación se haga con tiempo y medios suficientes para garantizar su éxito. Nosotros la vemos perfectamente compatible con nuestro sistema de garantías, pero es muy pronto para saber cómo afectará al funcionamiento de la Justicia en lo concreto.

  1. En relación con la anterior cuestión, si finalmente se aprueba el anteproyecto, se instaurará en España el llamado “principio de oportunidad”, ¿considera que este principio unido a otras vías de resolución extrajudicial de conflictos como la mediación contribuirán a agilizar la Justicia en España?

Si hay alguien que ha apostado desde hace muchos años por la resolución extrajudicial de conflictos somos las abogadas y abogados españoles. No conocerá ninguno que haya intentado solucionar los problemas de sus clientes sin tener que recurrir a los juzgados. Llevamos tiempo haciendo pedagogía sobre fórmulas como la mediación y el arbitraje precisamente porque creemos que la mejor justicia es aquella que nace del acuerdo entre las partes en conflicto.

  1. La situación de pandemia que hemos sufrido ha supuesto un duro golpe para muchos sectores profesionales, ¿esta situación ha afectado particularmente al sector de la abogacía?; ¿qué carencias de la Administración de Justicia considera que se han evidenciado a raíz de esta situación?

La crisis social y económica ha afectado lógicamente a la abogacía en la misma medida en que lo ha hecho al conjunto de la economía nacional. Fueron especialmente complicados los tres meses en los que los juzgados estuvieron cerrados por completo. Pasado el tiempo no se entiende cómo es posible que la mayoría de los servicios públicos continuasen funcionando en remoto pero la Justicia cerrase prácticamente del todo.

  1. Se habla mucho de la transformación digital de la Justicia y de hecho hay un anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, ¿considera que la lentitud en la transformación digital de la Justicia española es un problema de falta de regulación o de falta de recursos?; ¿considera que conjuga bien el uso de nuevas tecnologías en la Justicia con el respeto de las garantías procesales?

Las nuevas tecnologías son un elemento esencial en la nueva sociedad en que vivimos y la Justicia no podía quedar al margen de esa transformación. Muchas veces se habla de nuestro sector como un área prácticamente analógica, pero eso no es cierto. Hace ya muchos años que se digitalizaron todas las comunicaciones y cada abogado utiliza a diario su certificado electrónico para comunicarse con la Administración de Justicia. Creo que somos un sector que se ha adaptado bien a los cambios y lo que hemos estado demandando es que la Administración de Justicia se pusiese a la par con otras áreas de la Administración, como las económicas.

  1. Sobre la modernización del sector de la abogacía, es indudable la influencia que tienen los avances tecnológicos en los despachos de abogados, por ejemplo, en publicidad a través de redes sociales o posicionamiento web, ¿cuáles son los límites deontológicos de los abogados al publicitarse a través de estos medios?

El cometido que tiene nuestro Código Deontológico es el de preservar la diginidad de la profesión. Todos somos muy conscientes de que la nuestra no es una profesión cualquier, que reside en un elevadísimo porcentaje en el vínculo de confianza que se establece entre el cliente y su letrado y que todos debemos contribuir a conservarlo. En este sentido, la publicidad no podía ser un área que quedase al margen de nuestra propia regulación. No podemos limitar la libre competencia, pero sí ejercer el control sobre aquel tipo de publicidad que o bien induzca a engaño o bien perjudique seriamente la imagen del conjunto de la profesión.

  1. En muchas ocasiones, gran parte de la sociedad no entiende cómo es posible que haya abogados que defienden a personas acusadas de delitos sexuales, asesinatos…, teniendo en consecuencia una mala visión de los abogados, ¿qué les diría a estas personas?

Que el principio de Defensa es sagrado en el estado de Derecho. Hasta el más malvado de los criminales tiene derecho a que alguien le defienda. Si no fuese así, estaríamos erosionando los pilares de nuestras bases de convivencia bajo el imperio de la ley. La expresión Todos somos iguales ante la ley debe servir para todos y cada uno de los ciudadanos, se lo merezcan o no desde un punto de vista moral.

  1. En un mercado competitivo y con muchos profesionales como es el sector de la abogacía en España, ¿cómo de importante considera que es la formación a través de másteres y cursos especializados para los jóvenes abogados que pretenden abrirse un hueco en el mercado laboral?

Absolutamente básica. Otra de las grandes novedades de nuestro Estatuto General ha sido precisamente establecer la obligatoriedad de la formación continuada de los abogados y abogadas a lo largo de toda su trayectoria profesional. No existen ya profesiones en las que la actualización de conocimientos no sea una necesidad inexcusable, pero en la abogacía la importancia es mayor por los cambios constantes en la legislación bien en base a la promulgación de nuevas leyes, bien a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo.

  1. ¿Qué exigencias considera que deben plantearse desde el sector de la abogacía al Estado para mejorar la Administración de Justicia?

Nuestra exigencia no es ni más ni menos que situar el servicio de la Administración de Justicia al mismo nivel en el que se encuentran la sanidad o la educación pública españolas. Los ciudadanos no terminan de entender por qué tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y un servicio de Justicia que parece dejar siempre para mañana lo que podría hacer hoy.