En el ordenamiento jurídico español existen un sinfín de figuras legales que permiten que se utilicen triquiñuelas y ciertas estrategias para beneficiarse de las leyes. Una de ellas es el testaferro. Sin embargo, existen algunos casos en los que esta figura será totalmente legal y ajustada a las leyes. Veamos qué es un testaferro y cómo funciona este sujeto conforme a Derecho.
¿Qué es un testaferro y cuáles son sus funciones?
El testaferro, en ocasiones llamado el «hombre de paja», es aquel sujeto jurídico que presta su nombre o identidad como persona física en un contrato, negocio o pretensión cuya titularidad corresponde a otra persona. En otras palabras, podríamos decir que un testaferro en el ámbito jurídico es una persona física que normalmente actúa encubriendo la identidad de otra persona. Esto es, el testaferro es un mandatario que interviene en nombre propio y asume todas las cargas y responsabilidades del contrato o negocio, pero más tarde transmitirá los bienes o beneficios a la persona a la que representa. Para las leyes españolas, un testaferro es un mandatario sin necesaria representación. Es la figura del contrato de mandato en la que el mandatario obra en su propio nombre: según el artículo 1717 del Código Civil, quien contrata con él no tiene acción contra el mandante oculto, ni este contra aquel, y el testaferro queda obligado como si el asunto fuera suyo.
En los últimos tiempos la figura del testaferro ha cobrado importancia en la política, en la economía y en el ámbito mercantil. De esta forma, algunas personas se aprovechan de este concepto para evadir la ley y sus repercusiones, así como evitar ciertas obligaciones legales y cometer negocios ilegales. Esto compone un peligro y un grave delito que se persigue por los jueces y tribunales. Por ejemplo, los políticos suelen contar con la ayuda de uno o más testaferros que utilizan sus nombres para realizar operaciones en el tráfico comercial o financiero, de forma que no consta en ninguna parte la identidad del político en cuestión.
A pesar de que la figura del testaferro suele utilizarse para cometer un ilícito penal o evadir la ley, no encontramos una regulación específica en el ordenamiento jurídico español. No obstante, sí que podemos encontrar ciertas referencias en el artículo 305 del Código Penal y en los artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria, que regulan los responsables tributarios.
En concreto, la Ley General Tributaria hace responsable solidario de la deuda de otro, hasta el valor de los bienes que Hacienda podría haber embargado, a quien cause o colabore en la ocultación o transmisión de sus bienes para impedir que la Administración tributaria actúe (artículo 42.2.a). Es el caso típico del testaferro que figura como dueño de los bienes de un deudor. Además, el artículo 43.1, letras g) y h), permite a Hacienda «levantar el velo» y dirigirse contra quien tiene el control efectivo de sociedades creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir el pago.
Requisitos para ser un testaferro
Para ser un testaferro solo se requiere que el sujeto sea una persona física con plena capacidad de obrar y de operar en el tráfico jurídico. En la mayoría de los casos, el testaferro suele ser un familiar, un amigo o un allegado, ya que el interesado requiere que se trate de una persona de confianza. Sin embargo, también existen testaferros «profesionales» que se dedican a prestar su nombre para la realización de contratos con el fin de ocultar la verdadera identidad del mandante.
Consecuencias de ser un testaferro
El testaferro actúa por orden de un mandante que le contrata. Si actúa en condiciones de legalidad, el primero obtendrá los beneficios, el precio o la promesa que le haya prometido el mandante. Pero si el negocio o contrato se realiza ilícitamente el testaferro será responsable penalmente de la conducta realizada. Para responder penalmente hace falta haber actuado con dolo, es decir, sabiendo o representándose que la operación era ilícita; pero los tribunales no suelen aceptar como excusa no haber querido saber, cuando las circunstancias hacían evidente que se prestaba el nombre para algo irregular. No obstante, las leyes marcan una distinción entre los testaferros «profesionales» y aquellos que desconocen por completo la situación en la que se están metiendo y actúan por una situación de extrema necesidad, como los ancianos, los adictos a las drogas o incluso los mendigos. Dependiendo del caso, la responsabilidad penal podría desplazarse al mandante original.
Los delitos en los que más aparecen los testaferros son el delito fiscal (artículo 305 del Código Penal: defraudar a Hacienda más de 120.000 euros se castiga con prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado), el alzamiento de bienes (poner el patrimonio a nombre de otro para no pagar a los acreedores) y el blanqueo de capitales. Si quieres saber más sobre el primero, te explicamos qué es el fraude fiscal y qué consecuencias tiene.
El testaferro en las sociedades: administrador de hecho y titular real
Es frecuente que el testaferro aparezca como administrador formal de una sociedad que en realidad dirige otra persona. La ley no deja fuera a quien manda en la sombra: según el artículo 236.3 de la Ley de Sociedades de Capital, la responsabilidad de los administradores alcanza también a los administradores de hecho, que son tanto quien ejerce de administrador sin título como aquel bajo cuyas instrucciones actúan los administradores. El que firma como administrador no se libra por ello: responde como administrador de derecho.
Además, la normativa de prevención del blanqueo de capitales obliga a bancos, notarios, registradores, abogados y demás sujetos obligados a identificar al titular real: la persona física por cuya cuenta se hace una operación o que, en último término, posee o controla más del 25 % del capital o de los derechos de voto de una sociedad, o la controla por otros medios (artículo 4 de la Ley 10/2010). Desde el 19 de septiembre de 2023 funciona el Registro Central de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, creado por el Real Decreto 609/2023, en el que las sociedades y otras entidades deben declarar quién es su titular real. Poner a un testaferro como dueño aparente ya no oculta al verdadero propietario ante estos profesionales y autoridades.
¿Es legal ser un testaferro?
El Código Penal deja claro que si el testaferro actúa realizando acciones ilegales estará cometiendo un delito. Sin embargo, esta figura es, en principio, legal según el ordenamiento jurídico español. Cuando la transmisión de bienes o negocios al mandante se realiza a través de las vías legales se está actuando conforme a Derecho. Para ello han de utilizarse escrituras públicas o contratos de compraventa, por ejemplo.
Para que el testaferro sea una figura legal lo normal es que se trate de un mandatario con representación. De esta forma, el mandante otorga ciertos poderes al mandatario para que opere en su nombre, evitando cualquier tipo de simulación ilegal. En muchas ocasiones es posible actuar dentro de la legalidad consiguiendo mejores precios o condiciones en un negocio o contrato cuando el mandante no interviene directamente. Estas ventajas quedan dentro de la ley, lo que no ocurre con la obtención de beneficios fiscales o económicos ilegales.
No obstante, cuando se trata de un negocio ilegal estamos colocando al testaferro en una posición ilícita, por lo que tanto el mandante como el mandatario han de someterse a las consecuencias legales oportunas. El caso más típico es el de la evasión de impuestos. Por último, la simulación hecha a través de un testaferro para perjudicar a terceros o a Hacienda no tiene amparo legal, y será aún más grave cuando se provoquen daños a terceros o se persiga un fin delictivo. En el plano civil, el contrato con causa falsa es nulo salvo que se pruebe que se basaba en otra verdadera y lícita (artículo 1276 del Código Civil). La consecuencia directa de la intermediación de un testaferro en un negocio ilegal es la declaración de nulidad del contrato jurídico y la restitución de bienes o, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios.