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Habeas corpus: qué es, quién puede pedirlo y cómo se tramita

Balanza y documentos jurídicos que simbolizan la protección legal de la libertad personal

El art. 1 de nuestra Carta Magna consagra como valor superior de nuestro ordenamiento la libertad. Por su parte, el art. 17 de la Constitución Española, establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. Se garantiza y tutela el derecho a libertad personal y a la seguridad, entendiéndose como tal el conjunto de acciones que despliega una persona para desarrollar sus acciones vitales; acciones que no pueden verse afectadas por ningún tipo de injerencia externa, exceptuando, entre otras, aquellas que establece el art. 490  y ss de la LECrim, por lo que la principal finalidad que persigue la figura del habeas corpus es garantizar y proteger el derecho a la libertad y a la seguridad de las posibles injerencias que se puedan realizar por los agentes públicos o privados fuera de los cauces y procedimientos establecidos en la LECrim.

Una vez que se produce dicha injerencia en la libertad de determinada persona, éste puede instar el procedimiento habeas corpus que tiene un efecto instantáneo: la puesta inmediata a disposición judicial del privado de libertad. Al ser un procedimiento especial por razón de la materia, el Órgano Juzgador competente estudiará la legalidad tanto sustantiva como adjetiva de la detención,  no entrando a conocer otros aspectos relacionados (p. ej: comisión de un delito de detención ilegal), finalizando con un auto en el que pone fin o modifica la situación privativa de libertad.

Los principios que informan este procedimiento son:

  • Agilidad: Mediante un procedimiento rápido que debe finalizar en el plazo máximo de 24 horas, ya que si de lo que se trata es de poner fin a una situación que de por sí es brevísima en el tiempo, el habeas corpus debe iniciarse y finalizarse durante dicho plazo puesto que, de otro modo, carecería de sentido.
  • Sencillez y carencia de formalismos: Que se manifiestan en la posible comparecencia verbal, esto es, no es preciso que sea escrito y no requiere forma preestablecida; y, en la innecesariedad de la asistencia de abogado y procurador, con lo que se evitan dilaciones indebidas y se facilita el acceso al mismo a todos los ciudadanos.
  • Generalidad: Que implica que ningún particular o agente pueda sustraerse al mismo;  y por otra, en el elenco de personas legitimadas por la propia ley para su solicitud.
  • Universal: El ámbito de actuación del habeas corpus no se limita a los supuestos de detención ilegal, sino también a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantuvieren o prolongaren ilegalmente o, tuvieren lugar en condiciones ilegales. Igualmente implica la inclusión dentro de su ámbito de cualquier otra situación privativa de libertad.

Origen del habeas corpus y regulación en España

El habeas corpus es una institución propia del Derecho anglosajón, donde cuenta con una larguísima tradición como freno frente a las detenciones arbitrarias del poder público. Su nombre alude precisamente a lo que persigue: que el detenido comparezca en persona ante el juez para exponer sus alegaciones contra la detención o contra las condiciones en que se está produciendo.

En el Derecho histórico español también tiene antecedentes, como el llamado «recurso de manifestación de personas» del Reino de Aragón, las referencias a detenciones ilegales del Fuero de Vizcaya y otros ordenamientos forales, y las Constituciones de 1869 y 1876, que regulaban este procedimiento aunque sin darle nombre. Hoy lo recoge el artículo 17.4 de la Constitución, que obliga al legislador a regularlo, y lo desarrolla la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.

Inicio del procedimiento Habeas Corpus

Como hemos mencionado anteriormente, lo que se pretende conseguir con el procedimiento de habeas corpus es que la persona que se encuentra detenida de forma ilegal o no justificada legalmente, se ponga a inmediata disposición judicial.

Por lo que nos encontramos ante una detención en la cual a una persona física se le ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad, este derecho fundamental solo corresponde a las persona físicas, en ningún caso se podrá vulnerar este tipo de derechos en personas jurídicas, y por tanto, el sujeto activo de este procedimiento solo podrán ser personas físicas. Mientras que el sujeto pasivo de esta acción podrá ser una persona física (autoridad, funcionario o cualquier ciudadano) y también podrá ejercer dicha vulneración una persona jurídica, como puede ser un centro psiquiátrico.

Para que pueda prosperar el procedimiento de habeas corpus se requiere que se haya producido una detención, que dicha detención no haya sido ordenada por una autoridad judicial y que haya sido una detención ilegal o no justificada legalmente, para determinar que una detención ha sido ilegal o no justificada legalmente acudiremos a la Ley Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus, en su artículo 1º establece cuatro tipos de personas detenidas de forma ilegal, siendo estos los siguientes:

  • Aquellas que fueren detenidas por una autoridad, agente o funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales establecidos o sin que se hayan cumplido las formalidades exigidas.
  • Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar
  • Las que lo estuvieren por plazo superior al señalado en las leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de detención.
  • Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida.

Como se puede observar del precitado artículo, nos podemos encontrar con una detención ilegal tanto al inicio de su practica, como posteriormente.

¿Quién puede plantear el procedimiento Habeas Corpus?

Para estudiar quienes son las personas que están legitimadas para plantear dicho procedimiento, acudiremos al art. 3 de la Ley orgánica del habeas corpus, dicho artículo establece las siguientes personas:

– De oficio: es decir, el mismo Juez de Instrucción puede solicitar que se ponga a inmediata disposición judicial la persona privada de libertad y practicará los trámites pertinentes de dicho procedimiento.

– Solicitud de parte: no solamente podrá solicitarlo la persona que ha sido privada de su libertad, si no que el legislador ha legitimado al cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, los descendientes, ascendientes y hermanos; en el caso de los menores, a sus representantes legales, y en el de las personas con discapacidad con medidas judiciales de apoyo, a quien preste ese apoyo con facultades de representación para este acto concreto. A los familiares se les presume interés en defender al detenido, y lo normal es que se enteren de la detención gracias al derecho de este a que se avise sin demora a un familiar o a la persona que elija (artículo 520.2.e de la LECrim). Los representantes legales cobran importancia porque la privación de libertad no siempre ocurre en una comisaría: también puede producirse, por ejemplo, en un centro de menores o en un centro psiquiátrico.

– El defensor del Pueblo

– El Ministerio Fiscal

– El abogado defensor de la persona privada de libertad. Durante años la ley no lo mencionaba y fue el Tribunal Constitucional (entre otras, en sus sentencias 172 y 173 de 2008) el que admitió que el abogado pudiera pedir el habeas corpus en representación de su cliente. Desde el 4 de diciembre de 2024, la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, lo incluye expresamente en el artículo 3 de la ley de habeas corpus.

Si estás en esa situación o la está viviendo un familiar, conviene conocer también los derechos que tienes si te detiene la policía, porque la vulneración de cualquiera de ellos es uno de los supuestos que permiten pedir el habeas corpus.

¿Cómo se solicita el procedimiento Habeas Corpus?

En aquellos casos en que se inicie de oficio, el Juez mandará que se ponga a su inmediata disposición la persona que se encuentra detenida, y en el resto de casos, la solicitud se deberá formalizar de forma escrita o mediante comparecencia; petición presidida por el antiformalismo, no siendo necesaria la asistencia de letrado o procurador para su presentación.

Si el que lo solicita es el privado de libertad, bastará con su solicitud (oral o por escrito), sin necesidad de motivar ni fundamentar su pretensión en ese momento inicial.

Para todas aquellas personas que soliciten el habeas corpus en nombre de la persona detenida, la ley establece que deberán identificarse e identificar a la persona por la que se solicita el habeas corpus, también se deberá precisar el lugar donde dicha persona se encuentra privada de libertad y quien o quienes son las personas que han llevado a cabo dicha privación y por último identificar el motivo por el cual se solicita el habeas corpus.

Si estás detenido, puedes pedir el habeas corpus directamente a los agentes o funcionarios que te custodian. Están obligados a comunicar tu solicitud de inmediato al juez competente y, si no lo hacen, el juez les apercibirá, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que puedan incurrir (artículo 5 de la ley de habeas corpus).

Aunque no hace falta abogado, conviene cuidar dos puntos de la solicitud. El primero, el motivo: lo más eficaz es relacionarlo con alguno de los cuatro supuestos de detención ilegal del artículo 1 que hemos visto. El segundo, la prueba: como todo se resuelve en 24 horas, es buena idea proponer ya en la solicitud las pruebas que puedan practicarse en el acto.

Competencia Judicial para conocer el procedimiento

Ya conocemos que es el habeas corpus, cual es la finalidad que persigue, quien puede solicitarlo y como se solicita, ahora pasamos a estudiar el órgano encargado de conocer la tramitación de dicho procedimiento, una cuestión muy importante, pues si se presenta dicha solicitud de habeas corpus en el Juzgado que no corresponde, ya sea por falta de competencia territorial u objetiva, se inadmitirá la solicitud aunque es costumbre que el órgano que ha recibido dicha solicitud la remita al órgano jurisdiccional competente. En la actualidad son competentes para conocer de dicha solicitud de habeas corpus tres órganos jurisdiccionales distintos: Los Juzgados de Instrucción, Los Juzgados Centrales de Instrucción y en casos muy concretos los Juzgados Togados Militares. Por lo que centraremos nuestro estudio en los dos primeros órganos jurisdiccionales.

Hay que tener en cuenta que, con la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los juzgados se han transformado en secciones de los nuevos tribunales de instancia, en tres fases (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre de 2025). Desde el 31 de diciembre de 2025, los antiguos juzgados de instrucción son las secciones de instrucción (o las secciones civiles y de instrucción únicas, en los partidos judiciales pequeños) de cada tribunal de instancia, y los juzgados centrales de instrucción son la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia. La ley de habeas corpus sigue hablando de «Juez de Instrucción», pero hoy la solicitud se dirige a estas secciones.

Los Juzgados de Instrucción

Con carácter general, suelen ser los Juzgados de Instrucción los competentes para conocer de la gran mayoría de solicitudes que se presenten, y en diversas ocasiones, se tendrán que presentar dichas solicitudes en los Juzgados de Guardia.

Los Juzgados centrales de Instrucción

En aquellos casos en que la detención se haya practicado conforme a la ley orgánica que desarrolla el artículo 55.2 de la Constitución, es decir, en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, los Juzgados competentes para conocer de dicha solicitud serán los Juzgados centrales de Instrucción (hoy, la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia).

Competencia Territorial

Para conocer de este procedimiento, se establece un fuero de carácter general y dos supletorios, siendo el fuero de carácter general el del lugar de custodia, es decir, donde se encuentre la persona privada de libertad, en caso de no sea posible aplicar esta primera regla, acudiremos al lugar donde se haya producido la detención y en su defecto, al lugar donde se hayan tenido noticias del paradero de la persona detenida.

Tramitación del procedimiento

Una vez que se haya solicitado el habeas corpus por parte de las personas legitimadas, el Juez deberá examinar las causas y los requisitos de dicha solicitud para admitir o denegar la incoación del procedimiento.

Antes de decidir, el Juez da traslado de la solicitud al Ministerio Fiscal. Según la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (por ejemplo, la STC 72/2019), el Juez solo puede rechazar de entrada la solicitud por motivos formales, como que no exista una privación de libertad o que quien la presenta no esté legitimado. Si hay una persona privada de libertad y se alega que la detención es ilegal, no puede inadmitirla por entender que la detención es correcta: eso es una cuestión de fondo que debe resolverse después de tramitar el procedimiento y oír al detenido. Contra el auto que deniega la incoación no cabe recurso ordinario, aunque sí recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Si el Juez estima conveniente la incoación del procedimiento de habeas corpus, lo realizará mediante el auto de incoación del procedimiento, en dicho auto se recogerá alguna de las posibilidades que recoge el art. 7 de la mencionada ley, siendo estas las siguientes: Requerir a la autoridad o la persona bajo la que se encuentra la persona detenida a que lo ponga de manifiesta ante él, o bien ir al lugar donde esta persona se encuentre.

Tanto en un caso como en otro, esta primera comparecencia tiene como norte el comprobar la legalidad/ilegalidad de la privación de libertad tanto en el fondo como en la forma. En este momento el privado de libertad podrá proponer las pruebas que estime pertinentes en su defensa.

Antes de resolver, el Juez oye a la persona privada de libertad (o a su representante legal y a su abogado, si lo tiene) y al Ministerio Fiscal; después oye, para que justifiquen su actuación, a la autoridad, agentes, funcionarios o responsables de la institución que ordenaron o practicaron la detención o el internamiento y, en todo caso, a quien tenga bajo su custodia al detenido. A todos ellos les da a conocer lo que ha declarado el privado de libertad (artículo 7).

Este procedimiento deberá tramitarse en el plazo máximo de 24 horas desde el momento en que se dicta el auto de incoación del procedimiento.

Fin del procedimiento y resolución

Una vez tramitada la fase de conclusiones y practicada la prueba que se haya propuesto, el Juez deberá pronunciarse, en un plazo inferior a las 24 horas desde que se emitió el auto de incoación, sobre dicha detención, pudiendo emitir dos tipos de resoluciones, estimatoria o desestimatoria.

Auto desestimatorio

El Juez desestima la solicitud de habeas corpus presentada por considerar que no se han vulnerado ninguna de las circunstancias establecidas en la Ley orgánica reguladora del procedimiento de habeas corpus, es decir, que la detención se haya realizado de forma ilegal o no se hayan respetado las formalidades de dicha detención. Por lo que se desestima la solicitud y se archiva.

Auto Estimatorio

En este caso, el Juez estima la solicitud presentada debido a que dicha detención es ilegal, por lo que deberá fundamentar esta decisión y tomar en el acto alguna de las siguientes medidas (artículo 8):

  • Puesta en libertad, si la privación de libertad fue ilegal.
  • Cambio de custodia: la privación de libertad continúa conforme a la ley, pero, si lo considera necesario, en otro establecimiento o bajo la custodia de otras personas.
  • Puesta inmediata a disposición judicial, si ya ha pasado el plazo legal de la detención, que nunca puede superar las 72 horas (artículo 17.2 de la Constitución).

Responsabilidades y costas

Sea cual sea el resultado, el Juez deducirá testimonio de lo actuado para que se persigan los delitos que hayan podido cometer quienes ordenaron la detención o tuvieron bajo su custodia al detenido. También lo hará si aprecia un posible delito de denuncia falsa o de simulación de delito. Si el solicitante actuó con temeridad o mala fe, se le condenará a pagar las costas del procedimiento; si no, las costas se declaran de oficio (artículo 9).